Odebrecht | Procuraduría pide dejar en firme la condena de once años de prisión contra José Elías Melo

En un concepto enviado a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General pidió dejar en firme la condena de once años de prisión en contra del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta por su participación en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Para el Ministerio Público existe evidencia suficiente para demostrar su participación en la exigencia de sobornos para beneficiar los intereses de la multinacional brasileña.

En el documento radicado se indica que Melo habría tenido conocimiento claro de la exigencia de los sobornos que hizo el director del Instituto Nacional de Concesiones, Gabriel Ignacio García Morales para la adjudicación del proyecto vial de la Ruta del Sol 2 que se iba a ejecutar en el norte del país. Por esto, considera que es clara su participación en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho en calidad de coautor.

Frente al primer cargo la Procuraduría indica que estableció una alianza “con los demás socios” del consorcio “para desplegar actos corruptos y lograr así la adjudicación de la licitación” del proyecto vial. Mientras que frente al segundo delito, apoyó directamente el pago irregular con el socio mayoritario frente “a la manera como se iba a desembolsar el mismo respecto del porcentaje de participación de cada uno, por lo que, de manera indirecta, y a pesar de no haber estado de forma personal, coadyuvó para el ofrecimiento de la dádiva”.

Pese a los argumentos de la defensa de Melo en el recurso de casación, la Procuraduría General insiste en que tanto el juez de conocimiento como la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aplicaron correctamente las normas, evaluando así toda la evidencia documental y testimonial que vincularon a Melo Acosta con este escándalo de corrupción.

De esta forma desestimó los cuestionamientos presentados en contra de los testigos que presentó la Fiscalía General durante el juicio. La Procuraduría defendió la legalidad del principio de oportunidad que firmó el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luis Ignacio Bueno Junior, que fue clave para demostrar la participación de José Elías Melo en ete caso.

En el concepto, la Procuraduría General indicó que Melo debe seguir cumpliendo su condena en centro carcelario pues no cumple con los requisitos para recibir un beneficio judicial teniendo en cuenta los delitos por los que fue condenado.

El papel de José Elías Melo

Melo Acosta, quien se encuentra actualmente privado de su libertad en centro carcelario, ha manifestado en diferentes oportunidades que jamás realizó acciones indebidas ni recibió sobornos para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht con contratos de infraestructura vial en el norte de Colombia.

En los fallos de primera y segunda instancia se concluyó que Melo Acosta fue parte fundamental en el movimiento de los 6,5 millones de dólares que envió la multinacional para que se le entregaran contratos como la Ruta del Sol II. El importante proyecto fue entregado en 2009 por el Instituto Nacional de Concesiones al consorcio conformado por Odebrecht y Episol –filial de Corficolombina- en Colombia.

Los testigos, entre los que resaltaron los exdirectivos de Odebrecht en Colombia, Luiz Ignacio Bueno, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha Soares, indicaron que Melo fue el hombre clave para mover los sobornos y lograr sus cometidos. En dos encuentros celebrados en un apartamento en el norte de Bogotá y en una oficina privada, Melo señaló la necesidad de mover las coimas para que se aprobaran las pretensiones de la multinacional.

Gran parte de este dinero fue direccionado al entonces director del INCO, Gabriel Ignacio García Morales, quien a su vez puso sobre la mesa la necesidad de mover influencias en el Congreso de la República con el fin de evitar cualquier tipo de debate de control a este millonario contrato.

“Siendo socios –en referencia a Melo y los representantes de Odebrecht., hablaron y planearon cómo llevar a feliz término el propósito común que los unía y así, en una perfecta distribución de funciones, empezaron las conexiones de compra de la moralidad pública a través del ya condenado Gabriel García Morales”, señaló el juez 14 de conocimiento de Bogotá en la lectura del fallo.

Tras evaluar las pruebas documentales y testimoniales concluyó que “no puede pasar inadvertido que no se trataba de una suma dineraria que pudiera haber sido catalogada como una limosna o un diezmo, era una suma considerable, eran 6.5 millones de dólares (…) Hizo las gestiones pertinentes para el rembolso a través de la cesión de contrato, el cual es inexistente o ficticio o irreal, solamente fue el vehículo documental para recuperar la coima como estaba acostumbrado, en toda su estructura corrupta incluso ofrecía a los buenos funcionarios contratos de asesoramiento internacional o vinculación para que accedieran a contratos”.

En octubre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, tras resolver el recurso de apelación, dejó en firme el fallo en contra de Melo Acosta. Meses antes, en una entrevista con SEMANA, el expresidente de Corficolombiana, manifestó que se sentía como un “chivo expiatorio”, asegurando que personas realmente vinculadas con todo este escándalo estaba tranquilo. “El único –perdón por la expresión– pendejo clavado en este tema soy yo”.