Odebrecht saldría de Ruta del Sol y del proyecto del río Magdalena

Ya se definió la suerte de los dos principales proyectos de infraestructura que se desarrollan actualmente en el país por cerca de siete billones de pesos y que se verán afectados por el escándalo de sobornos de Odebrecht. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reveló hoy que solicitará a un tribunal de arbitramento que se declare la nulidad de la Ruta del Sol, sector 2.

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Esta decisión implica que se tendrá que abrir una nueva licitación para terminar los 528 kilómetros entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), que estaban desde el 2010 a cargo de la Concesión Ruta del Sol (Consol). Este es un consorcio conformado por la firma brasileña en el 62 %; Episol filial de Corficolombiana del banquero Luis Carlos Sarmiento, el con 33 %, y CSS Construcciones, del empresario Carlos Solarte, con el 5 %.

“El día de hoy pediremos  al tribunal de arbitramento del contrato que declare la nulidad del mismo, dados los actos ilícitos que dieron origen a su adjudicación. La decisión por parte del tribunal implica la terminación del contrato y permite la apertura de una licitación para terminar las obras”, indicó la entidad a través de un comunicado.

Esto significa un duro golpe para esta importante arteria que conecta el centro del país con la costa atlántica y que se debería haber culminado en el 2015. Ahora se tendrá que abrir un nuevo proceso para entregar la obra a un nuevo concesionario, lo que demoraría aún más la terminación de esta carretera. Según el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, el avance de obras es hasta el momento del 50 % y faltarían por terminar alrededor de 250 kilómetros.

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La decisión afecta también un nuevo tramo de 82 kilómetros, que fue adicionado por la ANI en el 2014 por 1,2 billones de pesos, la transversal río de Oro-Aguaclara-Gamarra, para conectar Norte de Santander con Cesar. En total se abriría una nueva licitación para terminar el proyecto, cuyas inversiones están hasta ahora estimadas en 4,4 billones de pesos.

Pero otro de los proyectos que también se verán afectados es la navegabilidad del río Magdalena, en el que Odebrecht tiene una participación del 87 % en el consorcio Navelena, el 13 % pertenece a Valorcon de la familia Gerlein. El banco japonés Sumitomo, financiador de este proyecto, que vale 2,5 billones de pesos, estaría dispuesto a seguir con el respaldo a las obras, siempre y cuando la firma brasileña ceda su participación a un nuevo inversionista.

Según la ANI, hay interés de quedarse con esta participación por parte del grupo Ideal, el millonario mexicano Carlos Slim, de una firma china, Powerchina, y Acciona, de España. Es decir, en los próximos meses se sabrá qué firmas de ingeniería se quedan con estos dos importantes proyectos.

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Sin embargo, surgen grandes dudas sobre el impacto para la nación si se tiene en cuenta que actualmente el consorcio Consol tiene demandada a la ANI por la Ruta del Sol, sector 2, en una cuantía que asciende a un billón de pesos, por líos con las comunidades y demoras en la compra de predios. No hay claridad sobre qué pasará con esta demanda y si se avecinan nuevos pleitos con Odebrecht ante la caducidad del contrato.

En el pasado la compañía brasileña le ganó varios pleitos al Estado, que suman más de 150.000 millones de pesos, por diversos proyectos.

De ahí que esté prendido el debate en torno a lo paradójico que sería que el estado le tuviera que pagar a una compañía que está envuelta en el mayor escándalo de sobornos de América Latina, que en el caso colombiano ascendieron a 11 millones de dólares para ganarse la adjudicación tanto de la Ruta del Sol, sector 2, como de la adición de la vía Gamarra.

El tema sigue candente porque involucra en hechos de corrupción a funcionarios de los gobiernos de Uribe y de Santos. Sobre el tema la ANI señaló que adelanta una investigación para determinar los individuos de la entidad que pudieron haber participado en esta “trama criminal”, con el objetivo de que recaiga en ellos todo el peso de la ley.

Hasta el momento han sido llamados a declarar el ex viceministro de Transporte Gabriel García, quien ya prendió el ventilador, y el excongresista costeño Otto Bula.