Oficial | 58 años de cárcel para quien asesine a un policía

El presidente de la República, Iván Duque, sancionó en la Casa de Nariño el martes de esta semana la nueva ley de seguridad ciudadana, la cual contempla, entre otros aspectos, un castigo penal más drástico para quienes cometan asesinatos en contra de integrantes de la Fuerza Pública y líderes de derechos humanos.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, de ahora en adelante en Colombia, quien sea hallado culpable de cometer el delito de homicidio en contra de un uniformado de la Policía Nacional, podrá ser condenado a la máxima pena que contempla esa conducta, que supera los 58 años de prisión.

El Gobierno nacional fue más allá y advirtió que la misma pena la pueden recibir quienes asesinen a un menor de edad o a un periodista en el país. La norma les brinda a las autoridades los instrumentos jurídicos y recursos económicos necesarios para contrarrestar la delincuencia, especialmente en las ciudades del país.

“La Ley de Seguridad Ciudadana, cuya aprobación fue impulsada en el Congreso de la República por los ministerios de Justicia y del Derecho, del Interior y de Defensa, contiene reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y al Código de Extinción de Dominio”, explicó la Presidencia de la República.

También se desprende de la ley la respectiva regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales, al igual que la sostenibilidad del registro de identificación balística.

A su turno, el ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló que el espíritu de la ley de seguridad ciudadana está enfocado en responder a las necesidades y angustias del ciudadano de a pie.

“El ciudadano que sale a coger TransMilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse a su casa o trabajo, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano que todos los días es víctima de un delito, brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”, sostuvo Palacios.

Y alertó el funcionario del Gobierno nacional: “La ley pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”.

A renglón seguido, el ministro destacó los alcances de la normativa: “Es un gran logro para los colombianos, es una ley garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero, a la vez, implacable contra la delincuencia. Quienes no pueden estar tranquilos con la nueva norma son los delincuentes, porque los perseguiremos para combatir la inseguridad que tanto está afectando al ciudadano”.

¿Qué establece la ley de seguridad ciudadana?

El Gobierno nacional detalló a profundidad los alcances que tendrá la aplicación de la nueva ley.

1. La reincidencia se paga; la pena será más grave para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos.

2. Quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana: de 58,3 años de prisión.

3. Será un delito el porte de arma blanca en evento masivo.

4. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.

5. Se establece la legítima defensa privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo.

6. Se considerará peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural, quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.

7. Los miembros de la Fuerza Pública podrán usar el sistema de transporte masivo cuando se encuentren en servicio activo.

8. Se reduce el monto de las multas por infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

9. Quien hurte un bien de más de cuatro millones de pesos tendrá una condena no excarcelable.

10. Se podrán realizar Alianzas Público Privadas (APP) para la construcción y dotación de las cárceles del país.