Oficiales no pueden humillar a sus subalternos

Los insultos, malos tratos, imposición de sobrenombres y otros abusos que cometen algunos mandos medios del Ejército en contra de sus subalternos no son una noticia nueva.

Son numerosos los registros noticiosos acerca de los atropellos de los que son víctimas muchos soldados, en lo que para el Consejo de Estado constituye un exceso inadmisible que debe ser erradicado de los cuarteles.

Desde su ingreso al a la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá de Melgar (Tolima), en 1987, el protagonista de esta historia pensó encontrar en la institución militar un proyecto de vida honroso del cual pudiera hablarles a sus descendientes.

Años más tarde, el destino se encargaría de demostrarle cuán equivocado estaba. Los avatares de la guerra y el rigor de las costumbres castrenses dejarían en él una huella imborrable e indeseada.

Sin embargo, los ascensos en su carrera le hicieron aferrarse cada día más a su vocación. Ni la muerte de su hermano en combates con la FARC, en 1991, logró convencerlo de otra cosa. Al contrario, su convicción de tener en sus manos y en su fusil la capacidad de evitar otras muertes violentas lo hacían ver en ese tipo de vida el más digno de los retos.

Sin embargo, esa noticia era apenas el primer capítulo de una dolorosa historia. El 28 de enero de 1996, guerrilleros del ELN asesinaron a todos los miembros de su familia, incluido su otro hermano, integrante de un batallón contra guerrilla de Barrancabermeja (Santander).

Empezó la debacle para el uniformado; su alegría se fue apagando para dar paso a la demencia.

Su vida empezó a tornarse tortuosa, no solo por el dolor inenarrable por la pérdida de sus seres queridos. También por los daños en su siquis y las burlas y agresiones constantes de sus superiores.

Sin tener la más mínima consideración ni misericordia que sentiría cualquiera que sea testigo de una historia tan trágica, el uniformado se vio sometido constantemente a humillaciones y tratos degradantes por parte de tres de sus superiores.

Para el Consejo de Estado, es claro que después de estos episodios la salud síquica del sargento se fue deteriorando.

Los tratos intimidantes y las actividades a las que era sometido, haciendo oídos sordos de las recomendaciones médicas, son solo algunas de las razones que, para la Sección Tercera, explican por qué tuvo que ser retirado prematuramente del servicio.

Los daños que sufrió este militar fueron tan severos que llegó a perder más del 65 % de su capacidad laboral, lo que lo hizo merecedor a la pensión de invalidez.

Para la Corporación, no se trata de una simple desatención sino de una inadmisible muestra de cómo algunos mandos medios de las Fuerzas Militares están utilizando la dignidad de sus cargos para atropellar a los demás.

“Es inconcebible que quienes ostentan allí un mayor rango que otros se valgan atrevidamente de ello para tratar a sus subalternos y compañeros de manera degradante e inhumana, aún a riesgo, incluso, de dañarles por completo la vida, como sucedió en este caso”, dijo el Consejo de Estado.

Tanta indignación despertó en los consejeros este caso que, a su entender, los 500 millones en los que fue tazada la reparación no alcanzan para resarcir el daño que sembraron en la salud y los planes de vida del sargento.

Es por eso que ordenaron al Ejército presentarle excusas públicas, en acto público de reconocimiento de responsabilidad que deben liderar los superiores del soldado.