Ojos Azules, el temido exjefe paramilitar fue capturado por el crimen de un sindicalista, en Barranquilla

El exparamilitar Darío Laino Scopetta, más conocido con el alias de Ojos Azules, fue capturado en las últimas horas en el norte de Barranquilla por agentes del CTI de la Fiscalía. En su contra existe una condena de 32 años de prisión por el homicidio de sindicalista Gustavo Adolfo de Silvestri, presidente de la empresa Colechera.

Ojos Azules estuvo cuatro meses evadiendo a la justicia después que el juzgado décimo especializado de Bogotá lo sentenciara por el delito de homicidio agravado en persona protegida. En su contra, existe una investigación por el crimen de Manuel Santiago Pájaro Peinado, registrado el 16 de agosto de 2001, quien se desempeñaba como tesorero del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla.

Igualmente, enfrenta un juicio por los asesinatos de Neftalí Romero Gutiérrez y de su escolta, Adalberto Santamaría, registrados en mayo de 2001, en Barraquilla. Este proceso está en el juzgado único penal especializado de la capital del Atlántico.

En 2006, alias Ojos Azules se desmovilizó junto a otros hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la vereda La Mesa, corregimiento El Mamón, de Valledupar, tras el proceso de paz que se adelantó con las AUC.

En ese momento se presentaba como jefe de finanzas de la mencionada estructura. Teniendo en cuenta los fallos judiciales se reseña que fue la persona encargada de “pagar las nóminas de todos los grupos” que hacían parte del Bloque Norte. “Era jefe de comandantes y, al igual que Jorge 40, ningún homicidio se ejecutaba sin su aval”.

Tras su desmovilización, formó varias empresas en el norte del país relacionadas con el blindaje de camionetas y de equipos para el agro.

En las próximas horas, Ojos Azules será trasladado a Bogotá para su legalización de captura y traslado a la cárcel.

Crimen de lesa humanidad

A finales de octubre, la Fiscalía General determinó que este es un caso de lesa humanidad lo que representa que no prescribirá. En una resolución de 51 páginas, el ente investigador aclaró que el crimen se presentó por una política de los paramilitares de acabar con la vida de aquellos que consideraran cercanos a los grupos subversivos o de pertenecer a sindicatos.

“(...) tuvo lugar en un contexto delincuencial masivo y frecuente en contra de determinadas víctimas, cuyo vínculo era la pertenencia a un mismo grupo ilegal que ellos combatían y la defensa de unos ideales comunes en el Atlántico. Pero también, se enmarcó en un plan de impacto nacional más ambicioso y estructurado que se ejecutó a lo largo de una década”, resalta la Fiscalía.

En este sentido se señala que en esa época, y en esa región del país, se puso en marcha un plan de exterminio en contra de líderes de izquierda y representantes políticos con esta ideología que tuvieran la intención de presentarse a un cargo de elección popular. “Es preciso tener en cuenta que aunque en su origen los sindicalistas están ligados estructuralmente a la guerrilla según los miembros de las AUC; es de hecho mecanismo legal de incorporación a la vida política de la guerrilla, entonces en proceso de negociación” (sic).

El caso del docente, según reza la resolución, tiene seis aspectos que lo hacen acreedor a ser un delito de lesa humanidad. Entre estos, la estigmatización y victimización por su rol y por pertenecer a la junta directiva de la empresa Coolechera que, según los miembros de las AUC, “eran de ideas de izquierda”, lo que dio “lugar al plan criminal que acabó con su vida y la de otros más”.

Por esto no se puede calificar como un hecho aislado, puesto que hizo parte de un contexto de conflicto armado “prolongado en el que actores, tales como, la guerrilla, las autodefensas, los carteles del narcotráfico, las redes narcosicariales, así como, los del orden legal representados en la fuerza pública, quienes dirigieron sus ataques de forma indiscriminada contra la población civil, sin considerar su estatus de protección, frente al derecho internacional de los derechos humanos”.

En el estudio del caso se determinó que los bloques comandados por Salvatore Mancuso y Jorge 40 lo consideraban un enemigo. “La víctima, además de no ser un elemento activo de las hostilidades en el conflicto interno, pues no pertenecía a uno de los grupos armados ilegales partes del mismo, al momento de ser tomado por sus victimarios y asesinado con armas de fuego”.

“Este elemento de pertenecer al sindicato de Coolechera y ser miembro de la junta directiva de la misma y que esta según los miembros de las AUC pertenecían a la guerrilla, y no querer renunciar a la misma, lo convirtió en objetivo de las AUC por ello se le quita la vida, desapareciéndolo de su ambiente y de la protección social”, precisa.