Ola invernal en Córdoba: piden al presidente Gustavo Petro aumentar las ayudas para damnificados

La ola invernal que se está viviendo en el país tiene serias afectaciones para el departamento de Córdoba por cuenta de las emergencias en 26 municipios del departamento, lo que ha dejado más de 50 mil damnificados.

Por esa razón, desde el Congreso de la República están haciendo un llamado al presidente Gustavo Petro para aumentar la ayuda a los damnificados.

En ese sentido, la representante a la Cámara por el partido de La U, Saray Robayo Bechara, indicó que las fuertes lluvias que han caído en la parte alta de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca generaron que se desbordaran quebradas y ciénagas, por lo que hay emergencia en varios municipios.

Justamente por esas afectaciones hizo un llamado al gobierno del presidente Petro para que refuerce y agilice las ayudas y la atención a los más de 50 mil damnificados por los estragos de la ola invernal.

“Causa impotencia ver a los niños, mujeres y hombres ante la difícil tragedia creada por la destrucción de ecosistemas naturales, pérdidas de cultivos de pancoger y la afectación de viviendas y bienes de subsistencia, que se agudiza más y con los días se ha vuelto insostenible, creando serios problemas que han desbordado la capacidad de atención de las autoridades regionales y locales para hacerle frente”, dijo la congresista.

La legisladora aseguró que la situación que se está viviendo en Córdoba es una primera prueba para el Gobierno ante el incremento de damnificados. “Queremos respuestas y ayudas ahora. Las requerimos porque la situación cada vez se torna más insostenible para miles de familias que hoy esperan la mano de todas las autoridades para superar esta difícil situación. Si bien, hasta el momento las autoridades regionales vienen realizando todo cuanto está a su alcance, esa colaboración no ha sido suficiente para la magnitud del desastre que ha traído el invierno y las inundaciones de poblaciones como Lorica, Ayapel, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, Tierra Alta, entre otros”.

Robayo asegura que los pronósticos del Ideam no son alentadores y las lluvias podrían extenderse hasta noviembre, por lo que las ayudas serán fundamentales para mitigar el sufrimiento de la ciudadanía.

Eso llevó a que se declarara la calamidad pública que incluyó la solicitud del gobernador Orlando Benítez, a la Unidad de Gestión del Riesgo de ayudas humanitarias y recursos que suman 146.744 millones de pesos.

Cerca del 83,3 % del territorio de ese departamento ha sido afectado, lo que cobija a 14.971 personas concentradas en 6.079 familias, que se encuentran registradas en el sistema.

Pese a que se han adelantado algunas acciones para mitigar el impacto de las inundaciones en los municipios impactados, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para atender la grave situación.

El funcionario manifestó que el municipio que más ha sufrido el rigor del invierno ha sido Lorica, por cuenta de las inundaciones del río Sinú, y que de manera especial viene afectando a la población más vulnerable.

“Vinimos a la subregión del Bajo Sinú, para hablar con las comunidades del municipio de Lorica, para hacerle seguimiento a los llamados que le hemos venido haciendo a las autoridades en relación con las afectaciones a los derechos de los habitantes por cuenta de las inundaciones”, señaló el funcionario.

Tras escuchar las inquietudes de la comunidad, el defensor del Pueblo reiteró que hay una falta de articulación entre la Unidad de Gestión del Riesgo y las autoridades locales para que las ayudas puedan llegar efectivamente a la población afectada.

“Hacemos un llamado urgente para que, en el marco del principio de colaboración armónica entre las instituciones, se puedan tomar las acciones necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones sobre las comunidades”, agregó.

Se recordó que desde comienzos de este año, la Defensoría del Pueblo entregó un informe sobre el río Sinú y sus dinámicas, en el que hicieron varios llamados a los gobiernos locales y a la autoridad ambiental para tomar medidas de mitigación en los más de 100 puntos críticos en las zonas ribereñas de la más importante cuenca hidrográfica del departamento de Córdoba.