Una posesión contra viento y marea

El nombre de Oneida Pinto y su llegada a la Gobernación de La Guajira han generado resistencia en muchos sectores políticos. Desde la inscripción de su candidatura se oyeron reacciones, principalmente por la aparente cercanía de la dirigente con el detenido exgobernador Juan Francisco 'Kiko' Gómez. Pese a todos los obstáculos que surgieron en su camino, la dirigente se convirtió en gobernadora de su departamento.

Sin embargo, estuvo cerca de fracasar en su empeño de posesionarse en el cargo para el cual fue elegida. Una demanda ante el Consejo de Estado pedía no sólo anular su elección, sino suspenderla de manera provisional, para evitar que se posesionara. Desde entonces, Pinto fue enfática en señalar que asumiría la plaza desde el 1º de enero del 2016.

La líder wayúu cumplió su palabra. En un acto público que tuvo lugar en Manaure hizo posesión como nueva gobernadora de La Guajira. Lo hizo a pesar de los cuestionamientos sobre sus supuestos padrinos políticos y pese a la demanda ante la jurisdicción contenciosa que busca dejar sin efectos legales su asunción a la administración departamental. La razón, en las elecciones del 2011 fue escogida alcaldesa del municipio de Albania, situación que la haría incompatible para ser gobernadora.

El principal argumento de los accionantes es que el régimen de inhabilidades vigente para autoridades municipales es la imposibilidad de aspirar a un cargo de elección 12 meses después de haber terminado el período para el cual fue nominada.

Sin embargo, Pinto renunció a la Alcaldía de Albania el 21 de julio del 2014, día en que se expidió el decreto en el que la Gobernación aceptó la renuncia, precisamente para no inhabilitarse. De esa forma cumplía con los 12 meses que la ley prohíbe para inscribirse como candidata.

En su momento, el abogado Abelardo de la Espriella, defensor de la hoy gobernadora, señaló que renunció dentro del tiempo establecido y que la sola renuncia puso fin a cualquier incompatibilidad o inhabilidad que pudiera tener por haber sido elegida alcaldesa en las elecciones del 2011.

De la Espriella señaló que así quedó consagrado en la Ley de partidos (1475 de 2011), que definió el capítulo de inhabilidades con el espíritu de evitar que los políticos utilizaran sus cargos como trampolín a más altas dignidades, y que se respetara a los electores que precisamente votaron para un periodo de cuatro años.