JUDICIAL
Oneida Pinto será acusada de tentativa de homicidio contra Gobernador (e)
Cambio Radical expulsó a la exgobernadora de La Guajira y reconoce su equivocación al haberle dado el aval como candidata para las elecciones del 2015.
La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto deberá responder este viernes ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tentativa de homicidio contra el gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez.
La información ha sido divulgada esta noche a través de un comunicado expedido por el partido Cambio Radical (CR) en el que además informa que el Comité de Ética tomó la decisión de expulsarla, al tiempo que reconoce que actuaron tardíamente.
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Oneida Pinto fue elegida gobernadora de La Guajira en octubre del 2015 con la más alta votación obtenida por cualquier candidato en ese departamento, pero su elección fue demandada ante el Consejo de Estado porque se encontraba inhabilitada para ejercer el cargo al haberse desempeñado como alcaldesa del municipio de Albania y retirarse para aspirar a la Gobernación.
El Consejo de Estado, en un giro de su jurisprudencia, consideró que la gobernadora había defraudado la confianza de los electores del municipio de Albania -que la habían elegido para un período de cuatro años- y ese solo hecho la inhabilitaba para ser elegida gobernadora dentro del período en que terminaría su mandato como alcaldesa.
En el comunicado divulgado por CR en las últimas horas, indican que el partido ha ido más allá de la decisión del Consejo de Estado al expulsarla de esa colectividad por considerar que había violado los principios de transparencia, dignidad y responsabilidad, entre otros.
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El partido reconoce su falta de diligencia, es decir, su culpa por haberle dado el aval a quien engañó al partido, pero informa que en el momento de estudiar la solicitud de aval como candidata a la Gobernación, en su contra no existía impedimento fiscal, disciplinario o penal alguno.
Las directivas de CR al mismo tiempo exaltan la tarea cumplida por el gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, de quien dicen ha contribuido con las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación viene adelantando contra la gestión de la exgobernadora y de sus antecesores del Partido Liberal, La U, Aico y movimientos locales. Los mismos que indicarían -según CR- hasta qué punto llegó la corrupción en La Guajira, permeando a toda la dirigencia política sin distingo de partidos o movimientos políticos.
Al referirse a la acusación contra la exgobernadora, miembros de CR dicen haber sido informados sobre graves indicios que vincularían a Oneida Pinto y a su cercano grupo de colaboradores en una tentativa de homicidio contra el doctor Jorge Enrique Vélez. Ante esta grave situación, afirman, “esperamos que la Fiscalía General de la Nación pueda esclarecer los hechos a la mayor prontitud y tome las medidas a que haya lugar”.
Termina el comunicado del CR ofreciendo sentidas disculpas por los hechos ocurridos y anuncian que en el futuro extremarán los controles para que una situación así nunca más se repita. Rematan el sentimiento de culpa que los embarga, indicando que de los actuales candidatos inscritos para las elecciones atípicas que se celebrarán el 6 de noviembre, ninguno garantiza que hechos como los conocidos no vuelvan a suceder.
No es el primer caso que le sucede a CR en La Guajira. En el año 2011 dirigentes locales y medios de comunicación le advirtieron de la inconveniencia de darle el aval a Juan Francisco Gómez Cerchar como candidato a la Gobernación, y sin embargo se lo otorgaron. Dirigente locales en La Guajira advierten que CR debe mirar también quiénes son los funcionarios que la exgobernadora Pinto llevó desde Santa Marta y Barranquilla, salidos de las administraciones del Mello Cotes y Elsa Noguera para educación y salud.
Actualmente se encuentran presos los exgobernadores Hernando Deluque, José Luis González Crespo y Juan Francisco ‘Kiko‘ Gómez; tienen detención domiciliaria las exalcaldesas de Uribia y Manaure, Cielo Redondo, Francisca Freyle y los exalcaldes de Maicao y Albania, así como una veintena de exfuncionarios de esas administraciones.
