Nación
ONG documenta 184 casos de presunta violencia policial durante las protestas en Colombia
Temblores reveló que tres manifestantes fueron presuntamente asesinados por las autoridades, así como la intervención violenta de la Policía en 49 ocasiones.
La ONG Temblores calificó como hechos de “violencia física y homicida” el accionar de la Policía Nacional en los dos últimos días de manifestaciones en Colombia, en las que se documentaron 184 casos de presunta violencia policial.
La organización entregó inquietantes cifras en un comunicado a la opinión pública, basadas en el monitoreo que sus integrantes realizaron dentro de las manifestaciones de varios puntos del país (Bogotá, Cali, Medellín, etc.) entre las 6:00 am del 28 de abril y las 10:00 pm del 29 de abril.
Dichas denuncias sobre hechos ocurridos en el marco del paro nacional convocado por las centrales obreras del pasado 29 de abril, quedaron consignadas dentro de la plataforma GRITA, desarrollada por los activistas.
Lo más leído
- 46 presuntas víctimas de violencia física por parte de la Policía nacional.
- Tres víctimas de violencia homicida, en las cuales se relaciona el accionar de uniformados.
- 75 detenciones, consideradas como arbitrarias, en contra de los manifestantes.
- 49 intervenciones denominadas como violentas, por parte de la fuerza pública.
- Cinco allanamientos en contra de manifestantes.
- Dos víctimas de violencia sexual (No se especifica si se habla de mujeres u hombres)
- Dos personas detenidas y que se encuentran desaparecidas.
- Dos víctimas de amenazas al parecer por parte de la fuerza pública.
Según Alejandro Lanz, abogado y codirector de Temblores, estas cifras son mucho más altas que las registradas en las últimas manifestaciones en 2021.
“Durante nuestra labor de documentación, registro y atención legal a las víctimas de violencia policial, hemos notado un preocupante incremento en el uso indiscriminado de armas de fuego en contra de los manifestantes, el uso de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal en contra de quienes ejercen sus derechos fundamentales”, aseguró Lanz.
También denunció el lanzamiento de gases lacrimógenos directamente a las viviendas, poniendo en riesgo a personas vulnerables y niños, que no hacen parte del choque entre las autoridades y los manifestantes.
“Bolillo, Dios y Patria”.
Temblores publicó a su vez un extenso informe en marzo de 2021, denominado “Bolillo, Dios y Patria”, en el cual expone un largo listado de abusos documentados por parte de la Policía Nacional (en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD) y en el que aboga por una reforma estructural de la institución.
Entre los apartes, denuncia que “los lugares cerrados y privados o privatizables (estaciones de Policía y CAI, centros de reclusión y vivienda) componen el 61,8% de los escenarios en donde ocurren hechos de violencia sexual por parte de la Policía”.
Además, advierte que el 55 % de las personas víctimas de violencia sexual por parte de la Policía fueron estudiantes.
El informe también incluye un manifiesto de intenciones por parte de la ONG:
- La prohibición total de las armas de “letalidad reducida”.
- La prohibición total del uso de armas de fuego en los equipos de Policía de patrullaje.
- Que los comparendos interpuestos por la Policía cuenten con la firma de un tercero que hará las veces de un testigo civil que dé fe de la comisión de la contravención.
- Que los crímenes cometidos por policías sean juzgados por la justicia ordinaria, no por la Justicia Penal Militar.
- Que la formación en derechos humanos, civiles y ciudadanos sea la prioridad en el entrenamiento de los agentes.
- Eliminar los incentivos o sistemas de cuotas y ascensos a cambio de comparendos.
- Que la Policía, como cuerpo de control civil, pase de ser parte del Ministerios de Defensa al Ministerio de Interior.
Hasta el momento no se conoce una respuesta oficial por parte de la Policía Nacional al informe de Temblores, ni a las denuncias registradas por su plataforma en las pasadas manifestaciones del paro nacional, denominado “29A”. Las denuncias fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación.
