Onic se declara en asamblea permanente por “incumplimiento sistemático” del Gobierno de los acuerdos

Este viernes 17 de marzo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) anunció que se declara en asamblea permanente tras el “incumplimiento sistemático y generalizado del actual Gobierno nacional respecto a los acuerdos suscritos hasta la fecha”.

Con esta decisión, los diferentes movimientos indígenas del país, por orden de la Onic, adelantarán sesiones permanentes para “planear” movilizaciones para “defender nuestros derechos”.

“Alertamos e instamos a las bases del Movimiento Indígena para que en los territorios entren en sesiones permanentes de planeación del ejercicio movilizatorio según su principio cultural, para defender nuestros derechos y que, desde las malocas, kankurwas, tambos, bohíos, tulpas, centros de pensamiento, orienten para el cuidado de la vida y de los Pueblos Indígenas de Colombia”, indicó la Onic por medio de un comunicado.

“Desde nuestros espacios propios continuaremos coadyuvando e impulsando las transformaciones que requiere el país, aportando a la construcción de una casa grande donde todos los colombianos podamos disfrutar de los derechos fundamentales, siempre que estén en armonía con nuestros principios, fundamentos, sistemas de conocimientos y estructuras de Gobierno Propio Indígena”, enfatizó.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), “espacio de interlocución y concertación entre los Pueblos Indígenas y el gobierno nacional”, de la que hace parte la Onic, los indígenas le reclaman al Gobierno nacional por el incumplimiento de los acuerdos definidos en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

Dentro de estos acuerdos se encuentra el Sistema de Información Geográfica (SIG), es decir, “el Gobierno nacional se comprometió a fortalecer dicho sistema de información con el que cuenta la CNTI, así como los sistemas de información propios de las organizaciones nacionales, regionales y locales de los Pueblos Indígenas”.

Por otra parte, las autoridades indígenas piden que el gobierno de Gustavo Petro “garantice los recursos y la oferta institucional para implementar los procesos de reparación colectiva para el retorno, las reubicaciones, la restitución de derechos territoriales y los planes de salvaguardas para las comunidades, pueblos, grupos indígenas y víctimas del conflicto armado del país”.

Los indígenas también le piden al Gobierno implementar “mecanismos y disposiciones especiales para garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, con el fin de modificar, adicionar o suprimir trámites, normas, procesos, procedimientos, sistemas de información y requisitos relacionados con la formalización, seguridad jurídica, acceso a tierras, procesos agrarios especiales, protección a sitios sagrados y territorios ancestrales, entre otros derechos territoriales, conforme a un esquema diferencial regulado por el Gobierno en concertación con los pueblos indígenas”.

Onic asegura que hay un “exterminio”

Sobre la compleja situación que viven los indígenas y que denunció la Onic, en febrero pasado, la organización le había hecho un duro llamado al Gobierno nacional para que brinde mayor protección a esta población, pues, aseguran, están viviendo “un exterminio”.

“Detengan el exterminio físico y cultural que estamos viviendo los pueblos indígenas de Colombia”, fue el llamado de alerta lanzado por la organización.

De acuerdo con la información del Observatorio de Derechos Humanos de la Onic, el año 2022 fue el más violento para esta población desde que se firmó el Acuerdo de Paz. “Las víctimas indígenas de violaciones a derechos humanos han aumentado en más del 100 %, ya que pasamos de 6.381 víctimas en el año 2017 a 453.018 en el año 2022″.

Las afectaciones principales a los derechos humanos de los pueblos indígenas en el año 2022 que se registraron, según la ONIC, fueron el confinamiento, en primer lugar; en segundo lugar, el desplazamiento forzado; tercero, el hostigamiento. Estas tres afectaciones generaron más del 60 % de las víctimas, aseguraron.

“A pesar de las constantes advertencias y exigencias al Gobierno y las entidades del Estado, el exterminio sistemático de nuestros pueblos indígenas no para”, señaló la Onic.

La organización agregó: “En los casi dos meses de este año, se ha registrado una gran cantidad de afectaciones a los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas: hechos como el feminicidio de la compañera inga Deisy Marileidy Naucil, el asesinato del taita Marcos López Enríquez de Aico, el riesgo del pueblo awá por los enfrentamientos con los grupos armados en Nariño”.

El último hecho reportado sobre despojo y desplazamiento de indígenas sikuani ocurrió en Puerto Gaitán, Meta, el pasado 23 de febrero. Este viernes 17 de marzo ocurrió un atentado contra una lideresa indígena en el Valle del Cauca.