ONU pidió ‘medidas urgentes’ tras el robo de las grabadoras con testimonio de ‘Otoniel’

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emplazado a las autoridades colombianas a adoptar “medidas inmediatas y urgentes” tras el robo de las grabadoras con el testimonio del narcotraficante y líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien había anunciado su intención de colaborar con la justicia y denunciar a altos cargos militares.

Las grabadoras y un ordenador fueron robados en la residencia del investigador de la Comisión de la Verdad, Eduardo Andrés Celis Rodríguez, según ha denunciado la propia organización.

“La Comisión de la Verdad rechaza y denuncia este hecho que atenta contra uno de sus funcionarios y contra el trabajo de esclarecimiento del conflicto armado en el país y pide a las autoridades competentes investigar de manera diligente y eficaz los hechos”, afirmó la entidad.

Así, el organismo internacional “insta al Estado a tomar medidas inmediatas y urgentes para garantizar y proteger la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” tras los “graves hechos” que han trascendido y que “ponen en riesgo los derechos a la integridad y a la vida de quienes conforman la Comisión y el derecho de las víctimas a la verdad”, según ha publicado la organización en Twitter.

Al respecto, se pronunció el mayor general Fernando Murillo, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), quien dijo que: “Se le dio las recomendaciones del caso al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, para que objetivamente y transparentemente se dirija a la Fiscalía General de la Nación, y a través del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal se adelante la investigación, ya que la referencia que hace es que estos elementos eran los que se estaban utilizando con la entrevista a alias Otoniel”.

ONU Derechos Humanos pidió así una “investigación eficaz, el esclarecimiento de los hechos denunciados por la Comisión, la determinación de los responsables y la protección de sus funcionarios y de la información que recaben en el desarrollo de su mandato”.

“La Comisión tiene un rol fundamental para satisfacer los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la verdad, por eso es indispensable su autonomía e independencia”, ha concluido el organismo.

Cabe mencionar que el 19 de febrero la defensa de ‘Otoniel’ solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada en virtud del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016.

La solicitud de los abogados de ‘Otoniel’ fue presentada el 13 de febrero y recoge el argumento de que el líder narcotraficante colaboró en acciones criminales en alianza con integrantes del Ejército y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Así, ‘Otoniel’ se presenta como “tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor y financiador de grupos paramilitares”.

Quien también rechazó contundentemente lo sucedido fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien por medio de su cuenta de Twitter calificó el hecho como “inaceptable”. Además, hizo un llamado para que los funcionarios custodien eficazmente las pruebas.

“Tan inaceptable robo de grabaciones, como que, material indispensable para la justicia y la verdad se maneje con ligereza e imprecaución”, escribió Ramírez.

Así mismo, manifestó que “el país debe conocer declaraciones de ‘Otoniel’, la justicia cerrar espacios a la impunidad y funcionarios custodiar cadena de pruebas”.

‘Otoniel’ fue detenido a finales del pasado mes de octubre y ya ha prestado declaración ante la JEP a petición de las víctimas del conflicto armado de Urabá, aunque se ha negado hasta ahora a dar nombres de militares que tendrían nexos con organizaciones armadas.

*Con información de Europa Press.