ONU, preocupada por la muerte de 123 excombatientes de las Farc

La Misión de la ONU en Colombia ha verificado la muerte de 123 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio, indicó este viernes Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de la ONU en el país.

Massieu dio la cifra en el informe que la Misión de Verificación en Colombia presenta cada tres meses ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. El documento, de 19 páginas, abarca el periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2019.

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Durante su intervención el vocero de la Misión destacó que para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los asesinatos, desapariciones y tentativas de homicidios son una situación “profundamente preocupante”.

En los últimos tres meses se produjeron 14 asesinatos de exmiembros de las Farc, "entre ellos el segundo asesinato registrado de una mujer excombatiente, Lucero Jaramillo Álvarez, que tuvo lugar el 4 de abril en Putumayo”. El informe también reseña los asesinatos de Dimar Torres y Jorge Enrique Corredor. 

Hasta ahora, ninguno de los asesinatos ha ocurrido dentro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), pero en la mayoría de las comunidades vecinas hay una constante amenaza de violencia y delincuencia, señala el reporte.

Esto es grave ya que una encuesta de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) encontró que más de 7.000 excombatientes viven fuera de los ETCR en nuevos asentamientos rurales más pequeños o en áreas urbanas en donde adelantan su proceso de reincorporación.

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Ante esta situación el secretario general de la ONU destacó que es de “máxima importancia” ampliar el despliegue de la fuerza pública en los nuevos puntos de reagrupamiento y comunidades donde los excombatientes se están reincorporando.

La preocupación por las garantías de seguridad se extiende a los líderes sociales. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en Colombia se han verificado 230 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz. Durante el periodo del informe, ACNUDH informó que se habían verificado siete asesinatos y otros ocho estaban en proceso de verificación. Los casos verificados tuvieron lugar en los departamentos de Arauca, Cesar, Nariño y Chocó.

El informe apunta a que el desafío de proteger a las comunidades afectadas por el conflicto, a los líderes sociales y a los exmiembros de las Farc depende de que se establezca una presencia “integral y efectiva” del Estado.

El inicio de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial supone un hito importante, resalta el documento. También señala que “establecer la presencia y los servicios del Estado es un esfuerzo a largo plazo que abarca múltiples aspectos como el desarrollo rural previsto en el punto 1 del Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos y las actividades de reincorporación comunitaria”.

El secretario general de la ONU destacó los avances de la Unidad Especial de Investigación en más de la mitad de los casos de homicidios de excombatientes registrados hasta ahora.

Una de las falencias que resalta el informe en su tercera página es que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, uno de los órganos creados para poner en marcha el Acuerdo de Paz, “no obtuvo resultados tangibles ni dio muestras de disponer de una agenda estratégica clara”. Además, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad “solo celebró sesiones regionales y temáticas”.

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El informe resalta que “persisten varios retos para identificar y acreditar a los restantes exmiembros de las Farc y notificarles su estado de acreditación”. De hecho señala que en los últimos tres meses no hubo avances con respecto a los aproximadamente 1.000 exmiembros de las Farc cuyos nombres fueron presentados por el hoy partido político a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el 10 de agosto de 2018.

También resaltó que “hasta la fecha, unos 160 excombatientes acreditados permanecen en prisión”. La sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz está revisando su situación.

Tras la presentación del informe, varios países pidieron la palabra para apoyar el proceso de paz en Colombia y exaltar la importancia de la justicia transicional, la sustitución de cultivos ilícitos y otros pilares del Acuerdo de Paz.

“La seguridad jurídica es indispensable en el Proceso de Paz. Es muy importante también el programa de sustitución de cultivos ilícitos y desplegar el servicio del Estado en las zonas”, destacó el embajador Nicolas de Rivière, representante permanente de Francia ante las Naciones Unidas. “El Proceso de Paz es una inspiración para el Consejo de Seguridad y para todos”, añadió.

De Agencia Anadolu...