ONU rechaza la estigmatización contra los firmantes del Acuerdo de Paz

Este jueves 5 de mayo, la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Equipo de País de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación por los constantes hostigamientos que se han dado en diferentes zonas del país en contra de los excombatientes de las Farc.

En ese sentido, la entidad condenó los ataques que se han presentado a las casas de la cultura en Popayán y Bogotá, en donde se desarrollan proyectos productivos de los reincorporados.

“Son evidencia de la violencia, la estigmatización, el señalamiento y la persecución que aún enfrentan los y las firmantes del Acuerdo de Paz. La Misión de Verificación de la ONU y el Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia urgen a que se investiguen estos hechos y a que no se escatimen esfuerzos para garantizar la seguridad de las y los excombatientes”, señalaron en un comunicado.

Sobre a misma línea, la ONU reiteró su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y señaló que continuará apoyando los esfuerzos de las autoridades para garantizar la seguridad de los firmantes de la paz y de las comunidades en los territorios.

Por otro lado, en medio de los actos de conmemoración de los 20 años de la masacre de Bojayá, Chocó, Juliette de Rivero, representante de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, manifestó que el Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad en este hecho.

“Mi oficina, presente en el país desde 1997, pudo comprobar lo que ocurrió e hizo pública la responsabilidad de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Estado Colombiano. Algunos de estos actores han reconocido su papel, otros aún no. Es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para poder reparar integralmente y para hacer justicia”, dijo Rivero.

Así mismo, Rivero resaltó la valentía que han tenido las víctimas de Bojayá y, también, advirtió que la ONU aún sigue recibiendo denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no solo en ese municipio, sino en diferentes zonas del Chocó, poniendo en riesgo a la población civil.

“Mi oficina recorre constantemente el departamento de Chocó y ha recibido alegaciones de conductas indebidas por parte de grupos armados no estatales y agentes del Estado que pondrían en riesgo a la población y deben ser investigadas por las entidades competentes. A los denunciantes se les deben brindar las garantías de seguridad para el ejercicio de su labor de defensa de derechos humanos, en vez de cuestionamientos que vulneran sus derechos”, señaló la funcionaria de la ONU.

La tragedia de Bojayá

Fue tras la noche del 2 de mayo de 2002 cuando Colombia, y parte del mundo, ubicaron en el mapa a Bojayá, pueblo del departamento del Chocó a orillas del río Atrato, de no más de 1.100 habitantes, y cuya cabecera municipal es el municipio de Bellavista.

Los primeros reportes radiales, con los que el país amaneció la mañana siguiente, daban cuenta de lo que había sido una auténtica tragedia, en un lugar que muchos desprevenidos oyentes en la capital de la República confundieron con el departamento de Boyacá, e incluso con el municipio de Bojacá (Cundinamarca), a solo 40 kilómetros al occidente de Bogotá.

Guerrilleros de las Farc y paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) sostuvieron un enfrentamiento brutal por varias horas. Disparos y bombas, lanzadas de una orilla del Atrato a la otra. Y, en medio, la población civil indefensa esquivaba proyectiles mientras buscaban refugio.

Ese día 117 personas murieron, entre ellos 47 niños, de una población de 1.100 habitantes. Es decir, le habían quitado la vida al 10 % de un pueblo humilde y olvidado. Además, dejaron 114 heridos, 19 de ellos de gravedad.