Judicial
Corrupción en Tuluá: Capturan a exalcalde, tres exfuncionarios y un contratista. Esto se conoce del caso
Tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso.
En un operativo conjunto contra la corrupción en el Valle del Cauca, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General capturaron al exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, tres de sus exfuncionarios y un contratista.
Los exfuncionarios, presuntamente, habrían incurrido en irregularidades en la celebración de contratos y en el manejo de recursos públicos en la pasada administración, mediante la entrega de millonarios convenios a dedo y a empresarios que no cumplían con los requisitos mínimos.
ATENCIÓN | La #Fiscalía propina un importante golpe en contra de la corrupción en #ValledelCauca. Investigadores del #CTI capturaron a cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Tuluá y a un contratista. En las próximas horas estas personas serán presentadas ante un juez de control…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 29, 2024
Por esto tanto el exmandatario (2020-2023) junto a sus exfuncionarios y el contratista deberán responder por los delitos que se les imputarán en las próximas horas ante un juez de control de garantías se encuentran concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso.
“En las próximas horas estas personas serán presentadas ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, se les imputarán los delitos”, informó la Fiscalía mediante un comunicado de prensa.
Tendencias
Por el momento se ha podido establecer que fueron millonarios los recursos que se habrían desviado en el municipio de Tuluá. Por estos hechos de corrupción están bajo la mira otros exfuncionarios de la pasada administración así como otros contratistas.
Alcalde de Tuluá señaló a funcionarios de tener vínculos con La Inmaculada
De otro lado, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, lanzó una grave acusación contra la Secretaría de Tránsito al señalar que funcionarios tienen vínculos con La Inmaculada.
“Hay una relación directa de muchos funcionarios que estaban o que aún mantienen en esa dependencia con esa banda, que son integrantes directos o que son colaboradores de esa banda”, aseguró el alcalde el pasado 11 de febrero.
Y agregó: “Eso ha originado que en ese departamento de movilidad haya habido siete muertos hasta el año pasado y que hoy llevamos un agente de tránsito asesinado y uno que está luchando por su vida. Hay agentes de Tránsito que hoy están detenidos. Hay investigaciones sobre otros agentes de Tránsito que tienen participación directa o indirecta con esa banda”.
Sobre cuál sería el papel de los funcionarios con la banda, dijo el alcalde que “entregan información, tienen datos de lo que se hace en la ciudad a través de movilidad, controlan los desplazamientos, saben quiénes entran y quiénes salen”.
El alcalde de Tuluá Gustavo Vélez, acusó a funcionarios de la Secretaría de Tránsito de tener vínculos con La Inmaculada, que aterrorizó al municipio en las últimas horas con homicidios y quema de vehículos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/awqDWqx4Ln
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 12, 2024
Las declaraciones del alcalde se dieron luego de que los tulueños vivieran horas de terror el pasado 10 de febrero, cuando dos agentes de Tránsito sufrieron ataque sicariales (uno falleció y otro está herido), y al menos seis vehículos fueron incinerados en diferentes zonas de este municipio vallecaucano.
Hechos violentos serían en retaliación por la captura y traslado a Bogotá de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, quien es señalado de ser el jefe de la temida banda delincuencial La Inmaculada, también conocida como La Oficina.
Según cifras del Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Tuluá ha sido escenario de 245 hechos victimizantes entre 2020 y 2024, incluidos homicidios selectivos, tentativas de homicidio, amenazas, extorsiones y actos terroristas. Entre las víctimas se encuentran 30 jóvenes, 18 comerciantes y propietarios de tierra, 14 servidores públicos y 11 ciudadanos comunes. Además, se ha identificado un alto riesgo de que migrantes venezolanos, incluidos varios menores de edad, sean utilizados para cometer actos violentos.