Operación destrucción: la grave denuncia del liquidador de la Concesionaria Ruta del Sol

Hasta el último día, una sombra del fraude persiguió el contrato para la construcción del tramo 2 de la soñada Ruta del Sol. En esta obra se desencadenó el mayor escándalo de corrupción en Colombia, que se llevó por delante ministros, congresistas y lobistas que recibieron ríos de plata a cambio de favorecer a la Concesionaria Ruta del Sol SAS, integrada por las firmas Odebrecht, Episol y CSS Constructores.

Cuando todas las piezas del rompecabezas parecían estar en poder de la justicia, nuevas irregularidades acaban de saltar en el proceso de liquidación judicial de la concesionaria. Este es prácticamente el último escalón pendiente para sanear deudas derivadas de la obra y créditos de los siete bancos financiadores del proyecto. Sin embargo, el agente liquidador Darío Laguado Monsalve, lejos de cerrar este capítulo negro en la infraestructura del país, acaba de presentar a la Supersociedades un proyecto de pagos que enciende nuevas alarmas.

La Superintendencia de Sociedades evaluará las conclusiones del documento, pero desde ya resultan preocupantes. Revelan cómo antes de que Laguado aterrizara en la concesionaria alguien destruyó y desapareció información crucial.

Desde el mismo día en que la Supersociedades anunció la liquidación judicial, el 15 de enero comenzó en la concesionaria una preocupante tarea de limpieza de información. Ese día, técnicos de la entidad alertaron porque un virus que se apoderó de los sistemas informáticos causó daños en los sistemas operativos de los equipos. Ninguno de los computadores de la red tenía antivirus y sus sistemas operativos no contaban con soporte ni actualizaciones de seguridad. Como resultado de este incidente, el 29 de enero la Policía abrió una noticia criminal por el presunto delito de acceso abusivo a sistema informático.

Este no fue el único episodio irregular. El 20 de febrero estaba prevista la primera diligencia de inspección a libros y archivos y se inició el secuestro de bienes en Bogotá, Barrancabermeja, Aguachica y La Lizama. Cuando la comisión conformada por el liquidador, los funcionarios de la Supersociedades y el representante legal de la concesionaria llegaron a estas instalaciones encontraron que, horas antes, habían destruido información. Según consta en las actas de las diligencias, en la madrugada del 19 de febrero varios empleados del área contable y jurídica de la compañía “eliminaron una serie de documentos de la sociedad en liquidación”. En la oficina principal de la concesionaria estuvieron hasta las dos de la mañana el exgerente financiero y exrepresentante legal suplente Freddy Dánggelo Pérez; la responsable ambiental de la empresa Sandra Milena Galindo; Damaris Martínez Ballesteros, analista contable de la Constructora Norberto Odebrecht; y Diana Patricia Álvarez Falla, controladora de la concesionaria.

Dánggelo Pérez, un directivo puesto por Odebrecht en la concesionaria, explicó que estuvieron hasta la madrugada levantando información para el liquidador y en desarrollo de esta labor encontraron “cajas de documentos sobrantes” que pasaron por la trituradora de papel. Dice que se trataba de copias o borradores de trabajo derivados del proceso de pagos ante la Agencia Nacional de Infraestructura, información que calificó de inútil y sin carácter jurídico, societario o contable.

El exrepresentante legal de la concesionaria Carlos González Vargas, quien salió a las nueve de la noche de las oficinas, confirmó que hubo destrucción de documentos, pero no pudo confirmar si se trató de copias inútiles o de información crucial. González Vargas llegó a la concesionaria después de que la Superintendencia de Puertos y Transportes removió a su representante legal el 26 de diciembre de 2017 en medio del escándalo de corrupción. Así las cosas, él estaba encargado de vigilar a nombre del Gobierno las movidas de la concesionaria. Sin embargo, su gestión queda en entredicho después de este informe presentado por Laguado.

En medio de este panorama, el 20 de febrero los funcionarios de la Supersociedades ordenaron tomar información forense a “todos los equipos electrónicos” en las instalaciones, incluyendo computadores, servidores, teléfonos celulares, tabletas o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. Pero misteriosamente hubo un apagón en el edificio, con lo que se desencadenó una serie de averías en el servidor. Como consecuencia, la gerente de la concesionaria, Edna Pazos, confirmó que desapareció la trazabilidad de los correos de gerencia y archivos de gerencia. Según ella, en ningún momento alguien borró información, sino que se trató de la “consecuencia de la caída del servidor”.

La llegada de los peritos fue accidentada, pero lo que siguió no ayudó a aclarar el nebuloso panorama. Según el informe de liquidación judicial de Laguado, la concesionaria contrató a la firma Manejo Técnico de información S. A. para rearchivar y custodiar “documentación inactiva”.

Se trata de 1.200 cajas repletas de documentos que quedaron almacenados en una bodega. El liquidador no pudo acceder a ellas, pues, como dice el documento, “el administrador” supeditó su entrega al pago de todas las facturas anteriores y posteriores a la apertura de la liquidación adeudadas a la concesionaria. “A la fecha el equipo liquidador no ha recibido esas cajas y obviamente no conocemos su contenido”, dejó constancia Laguado.

Ahora bien, una parte sensible se podría desatar por cuenta de la falta de información fiable respecto de la contabilidad de la compañía, clave para determinar los créditos y acreedores que podrán acceder a pagos en la liquidación judicial. Según el agente liquidador, la base de datos de la concesionaria está en servidores fuera de Colombia y no tuvo acceso. Para llenar este vacío, el exrepresentante legal Carlos González Vargas entregó un disco duro con una supuesta copia de toda la contabilidad. No obstante, el liquidador Laguado no quedó conforme, pues indica que “no garantiza la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los diferentes registros contables”.

Según Laguado, ni su equipo de trabajo ni los peritos informáticos de la Superintendencia de Sociedades participaron ni estuvieron presentes en la preparación del disco duro. El Tribunal de Arbitramento había denunciado este mismo inconveniente al anular hace un año el contrato para la construcción del tramo 2 de la Ruta del Sol por causa ilícita. “El tribunal no puede aceptar que la contabilidad de la concesionaria y su epecista constituyan un medio de prueba idóneo”, señalaron los árbitros.

Acceder a la contabilidad era indispensable para que el liquidador pudiera determinar los pagos que avala o rechaza. Por ello, Laguado dejó constancia de que la información contable “es débil” y por esta razón tuvo que acudir a otros medios para documentar los reclamos.

El liquidador rechazó todos los que hicieron desde la Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Latinvest Colombia SAS por 2.723 millones de pesos. También 330.000 millones que reclamó el consorcio, porque no puede reconocer pagos a quienes no actuaron de buena fe. En cuanto a los siete bancos y otros acreedores, avaló algunos de los pagos solicitados. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades deberá revisarlos.

Este documento del liquidador servirá de base para aclarar el panorama de a quién se pagarán y cuánto. Pero a estas alturas la concesionaria es un cascarón sin plata para responder por estas deudas, lo que se agrava al tener en cuenta que además carga con la millonaria indemnización por 800.000 millones de pesos ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en favor de la Nación por todos los hechos de corrupción que protagonizaron.

Así las cosas, el primer interrogante plantea de dónde saldrá la plata para pagar las acreencias que finalmente avale la Supersociedades. Pero lo segundo, y más relevante, es qué información desapareció de la concesionaria y por qué. Este nuevo capítulo demuestra que el caso Odebrecht es un cuento que parece nunca acabar.