Las razones de la ‘operación tortuga’ en el Congreso

Hace unos días, el presidente del Senado, Ernesto Macías, lanzó un trino que causó controversia en el mundo político. “Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso, verdaderas reformas a la Justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana; las presiones de las Cortes y otros intereses lo impiden. El presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea Constituyente”, escribió.

Macías es uno de los principales escuderos del presidente Duque. Fue uno de los pocos congresistas, junto con Jaime Amín, Alfredo Rangel y Everth Bustamante, que estuvo en la campaña del actual mandatario desde el principio. Por cuenta de esa eventual cercanía –dicen en el Centro Democrático– se encarga de anticipar respuestas a posibles crisis del gobierno. Cuando sonaba la idea de ampliar los periodos de alcaldes y gobernadores para que coincidieran con el mandato presidencial, Macías propuso que Duque se quedara seis años en el cargo. Y ahora, cuando es evidente que la agenda legislativa propuesta por el Ejecutivo tiene poco futuro, decidió culpar al Congreso.

En el argumento de que el Congreso es poco eficiente siempre suele haber algo de cierto. La falta de quórum, los enfrentamientos políticos, las estrategias de la oposición y las argucias jurídicas suelen demorar la mayoría de los debates. Sin embargo, en lo que lleva Duque de presidente, la lentitud parlamentaria se ha hecho más evidente. Reformas como la de la justicia y la política e iniciativas como la ley de probidad presentada con el procurador y otras derivadas de la consulta anticorrupción no han tenido el empuje necesario para superar siquiera la mitad de sus debates.

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Frente a lo anterior, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, insiste en que la agenda legislativa del gobierno tiene tiempo. Pero la situación es más compleja. La mayoría de los proyectos clave para el gobierno tienen los días contados o no cuentan con un consenso mínimo. Así quedó en evidencia la semana pasada cuando por iniciativa parlamentaria se cayeron los artículos de la reforma tributaria que buscaban extender y aumentar el IVA a la canasta familiar. A pesar de que el ministro de Hacienda había insistido en que el gobierno no tenía un plan B para resolver un faltante presupuestal, ni siquiera el Centro Democrático apoyó la idea.

La lentitud en los trámites legislativos también se debe a un cambio en los hábitos políticos que trata de impulsar el presidente Duque. Desde que llegó a su cargo, el mandatario ha insistido en que acabará cualquier tipo de ‘transacción con el Ejecutivo’ y que no entregará ‘mermelada’. Eso le ha costado críticas de políticos tradicionales que, sin burocracia, no se animan a apoyar al Ejecutivo.

La tesis de que la falta de mermelada explica por qué el Congreso no anda al ritmo esperado no es del todo cierta. En los gobiernos anteriores siempre funcionó la máxima según la cual “el primer año en el Congreso depende de la voluntad del Ejecutivo, el segundo y tercer año dependen de la voluntad de los dos, y el tercero depende de los parlamentarios”. Y esa capacidad de gestión en los temas que interesan a los nuevos gobiernos poco suele depender durante el primer año de los puestos y los contratos. Varios exministros del Interior le aseguraron a SEMANA que siempre que llega un gobierno nuevo encuentra la olla raspada y que, por eso, al inicio de otros gobiernos el Legislativo no funcionó con ‘mermelada’.

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Más que por la falta de transacciones, el cambio en las relaciones con el Congreso se debe a nuevas circunstancias jurídicas y políticas. La primera de ellas tiene que ver con la dificultad para conformar una coalición de gobierno. Por primera vez el Ejecutivo no contó con el apoyo mayoritario en el arranque de su cuatrienio. Además de que los sectores alternativos y de oposición crecieron en curules, el Estatuto de la Oposición impuso nuevas reglas de juego para armar esa alianza. La obligación de los partidos de decidirse entre ser gobiernistas, de opinión o independientes llevó a divisiones internas que terminaron por afectar la posibilidad de que el Ejecutivo tuviera mayorías. Cuando se hizo evidente esa dificultad en el trámite de la reforma tributaria, en el Centro Democrático se preocuparon tanto que Álvaro Uribe se puso la camiseta de ministro del Interior para sacar adelante una coalición de gobierno. “Ante las dificultades de gobernabilidad, él se concentrará en tender puentes con otras fuerzas”, asegura la senadora Paola Holguín.

Otra razón para la lentitud parlamentaria tiene que ver con la agenda legislativa presentada por el gobierno. El 8 de agosto, la ministra Gutiérrez radicó un paquete de cuatro iniciativas entre las que aparecen la reforma política, la eliminación de la eventual conexidad entre delito político y narcotráfico, la eliminación de la reserva de la declaración de renta de los funcionarios y la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. Días después fueron radicadas la reforma a la justicia y otras iniciativas derivadas de la consulta anticorrupción. Muchos calificaron esa agenda de ‘mínima’, en contraste, por ejemplo, con la que lideró Germán Vargas cuando fue ministro del Interior y que supuso el proyecto de reforma judicial, la reforma al primer empleo, la reforma a la ley de regalías, la ley de ordenamiento territorial, la ley de víctimas y la reforma política. Pero con la ‘agenda mínima’, ni los políticos ni los ciudadanos saben definir, tres meses después, la bandera principal de Iván Duque.

En términos de actitudes, el actual Congreso se siente menos reconocido que en gobiernos anteriores. A comienzos del periodo el presidente señaló, en un acto público, que la gobernabilidad no iba a depender de la relación entre los dos poderes y en su discurso anticorrupción ha insistido en lo perjudiciales que han resultado las prácticas tradicionales del Legislativo. Cuidándose de no aparecer haciendo transacciones con los parlamentarios, los ha invitado poco a Palacio. No hay reuniones con la coalición compuesta por el Centro Democrático, el Mira, Colombia Justa Libres y los conservadores. Y el presidente con su propia bancada tiene pocas citas, a pesar de que históricamente los desayunos en Palacio suelen producir resultados. Hacerlos le sirvió a Juan Manuel Santos para sacar adelante iniciativas tan complejas como la ley estatutaria de la JEP, al final de su mandato, cuando la ‘mermelada’ estaba agotada y la Ley de Garantías impedía hacer cambios en la burocracia.

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Y si el gobierno no logró una coalición sólida al principio, es difícil que lo haga ahora. Habría resultado más fácil acercar al gobierno al Partido Liberal y a Cambio Radical –hoy considerados independientes–, así como a la mitad de La U si Duque hubiera aceptado hacer un gobierno de coalición. Los políticos argumentan oficialmente que si se dan la pela de respaldar decisiones impopulares como una reforma tributaria, también tienen que tener una compensación al participar en las decisiones públicas. Pero el mandatario, en su lógica de “no dar mermelada”, optó por alejar a los partidos del gobierno. Prefirió los ministros técnicos que, aunque con importantes hojas de vida, no saben pararse en las puertas del Capitolio para evitar que los congresistas descompleten un quórum.

Finalmente, está el tema de la imagen. En los gobiernos de Álvaro Uribe quedó en evidencia que los congresistas les caminaban a los proyectos de un mandatario con alta popularidad. En contraste, a Duque no le va bien ante la opinión: tiene una favorabilidad de apenas 27 por ciento y un liderazgo débil ante los parlamentarios.

Quedan apenas 20 días para que terminen las sesiones del Congreso. Si el gobierno llama a extras, podrían extenderse hasta el 20 de diciembre. Duque y sus ministros tienen ese plazo para que su agenda prospere.