El segundo Odebrecht

Los acuerdos de cooperación que esta semana firmaron en Madrid el procurador Fernando Carrillo Flórez y el fiscal Néstor Humberto Martínez con las autoridades judiciales españolas que investigan la Operación Lezo aumentaron aún más la presión que ya tienen numerosos políticos, funcionarios, exfuncionarios, empresarios e intermediarios en ocho países de América Latina y, por supuesto, en España.

Detrás de todo está Inassa, empresa sobre la que la estatal Canal de Isabel II consolidó desde Barranquilla una extensa red de compañías de servicios públicos en Colombia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Perú, Venezuela, México y Panamá. La Justicia española, tras múltiples investigaciones, ha empezado a desvelar una red de pago de sobornos y desvío de recursos que terminaron en manos de políticos de la península, especialmente cercanos a la Comunidad de Madrid y, al parecer, para financiar también las campañas del Partido Popular. Toda esta compleja red delictiva, guardando las proporciones, es otro Odebrecht.

Con el trabajo que van a hacer en conjunto, la Justicia de los dos países buscará aclarar cómo se diluyeron las acciones que el Distrito de Barranquilla tenía en la Triple A (la empresa de servicios públicos de la ciudad) así como se habrían pagado sobornos y realizado negocios de lavado de activos o inversiones lesivas contra el patrimonio público de los colombianos. Precisamente, de acuerdo con testimonios e informaciones que la Justicia española le empezó a entregar a la colombiana, se sabe que la Procuraduría y la Fiscalía empezarán a investigar el papel en el caso de nueve exalcaldes de Santa Marta y Barranquilla, incluido Álex Char.

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En las reuniones que tanto Carrillo como Martínez Neira sostuvieron esta semana, las autoridades españolas les dieron indicios de que en la compra que hizo la empresa madrileña Canal de Isabel II a Inassa hubo un escandaloso sobreprecio que permitió que más de 25 millones de euros terminaran en el pago de sobornos y engrosando los bolsillos, por ahora, de políticos españoles. De igual manera, creen que en la operación de la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A) hubo un manejo no muy claro de los recursos públicos, entre ellos, la forma vergonzosa como el Distrito de Barranquilla pasó de tener el 85 por ciento de la propiedad en 1996 a 14,5 por ciento en 2007, mientras Inassa aumentó de 14 al 82 por ciento, sin que los españoles hubieran puesto un peso, a través de complejas operaciones financieras. Ahora, la Justicia española tiene su atención en Panamá, por donde se habría movido gran parte de todo este dinero, que tristemente salió del bolsillo de los barranquilleros.

En Barranquilla, según dijo a SEMANA el procurador Carrillo, se va a investigar a los exalcaldes Édgar George González (1995-1997), Bernardo Hoyos Montoya (1998-2000), Humberto Caiaffa Rivas (2001- 2003) y Guillermo Hoennigsberg (2004-2007) porque durante sus gobiernos se redujo la participación accionaria del Distrito. En el caso del actual, Alejandro Char, cuando asumió el cargo en 2008 ya el Distrito se encontraba en minoría ante Inassa, pero se realizó una conciliación por el reconocimiento de unos subsidios.

En el caso de Santa Marta investigarán los contratos que el Distrito suscribió con Recaudos y Tributos, empresa también controlada por Inassa, para el cobro de los impuestos distritales y con la misma Inassa para operar la empresa de acueducto y alcantarillado, Metroaguas, cuyo contrato de concesión terminó el pasado 17 de abril. La Procuraduría y la Fiscalía también intentarán aclarar el papel de los exalcaldes José Francisco Zuñiga Riascos (2004-2007); Hugo Gnecco Arregocés (2001-2003), quien no terminó su periodo; Jaime Solano Jimeno (1998-2000), exalcalde y exgerente de Metroaguas; y el fallecido exalcalde Edgardo Campo Vives (1995-1997), en el manejo de los tributos y de Metroaguas.

Estos exalcaldes serán investigados por haber suscrito con Metroaguas varios otrosí que resultaron lesivos para los intereses del Distrito de Santa Marta, pues no solo suprimieron el pago de regalías y un porcentaje de los ingresos a favor de la ciudad, sino que al finalizar su gestión después de 27 años la ciudad no cuenta con un buen servicio de acueducto y alcantarillado, a pesar de tener al frente a un privado, como Inassa.

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Canal en América

La génesis de este escándalo, que algunos en España quieren llevar hasta el Palacio de la Moncloa, se remonta a 2001, cuando Canal de Isabel II, empresa pública encargada del manejo del agua principalmente en la Comunidad de Madrid, decidió extender sus operaciones en América. Pero el desembarco fue bastante complejo.

En 1991, frente al terrible manejo de los servicios públicos en Barranquilla, la administración de entonces decidió que el sector privado adquiriera el 15 por ciento de la empresa, para obtener recursos y una mejor eficiencia. Después, en 1996 Aguas de Barcelona y un grupo de empresarios barranquilleros crearon INASSA, entraron a operar la empresa tras consolidar bajo su propiedad las acciones que tenían numerosas empresas y personas, así como aumentar su participación en la Triple A al 51 por ciento. Pero, por decisión de la casa matriz, se vio obligada a salir de sus operaciones internacionales.

Los empresarios barranquilleros y españoles –algunos exejecutivos de Aguas de Barcelona– compraron la participación minoritaria de los catalanes en la Triple A. Entre los dueños de esa nueva empresa estaban el hoy fallecido Enrique Gerlein Echeverría, Luis Nicollela de Caro, Julio Jácome de la Peña, Luis Cárdenas Gerlein, Guillermo Gómez Galofre y Guillermo Sanclemente. En 2001, Canal de Isabel II adquirió Inassa por 73 millones de dólares.

En las últimas semanas se ha dicho que más de 25 millones de euros –hasta ahora– terminaron en sus bolsillos y en las arcas del PP para financiar varias campañas. La justicia tendrá que averiguar si esto es cierto y si lo es, en qué fechas. Por ahora, incluso la Presidencia de Mariano Rajoy está en la mira de la Audiencia Nacional española. 

Informaciones aparecidas en las últimas semanas han permitido demostrar que, desde un principio, los políticos sabían que Canal de Isabel II estaba siendo defraudada en más de 60 millones de dólares. Por ejemplo, la prestigiosa firma de abogados Garrigues, asesores de Canal, aconsejó no hacer la operación y, según documentos publicados esta semana por el diario digital español Okdiario, advirtieron que en esta operación había una serie de circunstancias inhabituales y en desventaja para el Canal, pues al bufete le sorprendía que una empresa pública se sometiera a la voluntad de los propietarios de Inassa y adquiriera una empresa en Colombia cuyo control estaba en un paraíso fiscal, como Panamá.

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Al comprar Inassa, Canal de Isabel II tomó el control de la Triple A de Barranquilla. Desde la Arenosa y, con los recursos de la empresa, comenzó a expandirse en América Latina, creando filiales o comprando empresas, como Emissao de Brasil, por la que pagó cuatro veces su valor y cuya operación, que la Justicia española empezó a investigar, ha permitido empezar a tirar la cuerda de esta compleja madeja.

Por la aventura en América de esta empresa pública ya hay más de 60 imputados en la península así como varios presos. Entre ellos, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid entre 2011 y 2015, su hermano y varios exdirectivos de la compañía. En una de las grabaciones que le hicieron a González, este decía que “lo de 2001 sí fue un pelotazo”, refiriéndose a la compra de Inassa frente a la compra de Emissao, cuya diferencia es tres veces superior el desembolso de la primera. Pelotazo quiere decir en España ‘negocio de dudosa legalidad con el que se gana mucho dinero de una manera rápida’.

Otro de los detenidos es Edmundo Rodríguez Sobrino, quien comandó desde Barranquilla buena parte de las operaciones de Canal en América y de quien se sospecha sabría todos los vericuetos del manejo de la caja B de la empresa. De hecho, en una conversación que los miembros de la Unidad Central Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil le grabaron a Rodríguez Sobrino, en un restaurante con un empresario hispanoamericano, este le reconoció que las operaciones en América Latina “se han llevado 25 millones de comisión, tú lo sabes”.

Como esta, los medios españoles han estado filtrando piezas procesales, entre otras, las interceptaciones telefónicas a los imputados, que permiten suponer que los directivos de Canal venían realizando negocios sospechosos en detrimento del patrimonio público. Por ello los están investigando o imputando por delitos como prevaricato, organización criminal o concierto para delinquir, malversación, cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

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El capítulo criollo

Así como las autoridades colombianas van a ser fundamentales para ayudar a esclarecer lo ocurrido con la política y los recursos públicos en España, también tienen una gran tarea en Colombia. Una denuncia anónima que nunca prosperó en la Fiscalía, hace más de 14 años, reveló los manejos oscuros de la Triple A y advirtió que los españoles hicieron todas las inversiones en Colombia y otros países con dineros de la Triple A.

Hace unos días, la Comunidad de Madrid anunció que venderá todas sus operaciones al otro lado del Atlántico. Tanto el alcalde Álex Char como el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, anunciaron que si se vende la Triple A, a sus gobiernos les interesaría quedarse con una parte o el control de la empresa. Pero, antes de dar ese paso, las autoridades colombianas deben revisar la forma como las administraciones anteriores diluyeron, en operaciones confusas, su participación hasta terminar como un débil socio minoritario. “Es claro que si revisan a fondo lo ocurrido, la ciudad puede recuperar parte del patrimonio que aparentemente le saquearon”, dijo un empresario costeño.

Esto, si se tiene en cuenta que en abril de 2016 el presidente de la Junta de Canal de Isabel II, Ángel Garrido, afirmó ante la Asamblea de Madrid que la empresa no había invertido un ‘duro’ desde 2002 en su aventura en América, y que por el contrario, había obtenido utilidades por 65 millones de euros, siendo la Triple A la joya de la corona, empresa que aporta el 70 por ciento de las utilidades con sus 480.000 usuarios. En este punto, algunos aseguran que parece sin embargo contradictorio afirmar que el precio pagado por Canal de Isabel II – US$73 millones – fue exagerado, si faltan 17 años de concesión y la empresa misma afirma haber obtenido 65 millones de euros en utilidades.

Tras su viaje a Madrid, el procurador Carrillo dijo que “el mejor antídoto contra el crimen organizado internacional es la cooperación judicial y policial. Estamos rompiendo el velo de la corrupción que se anida en los huecos negros del sistema financiero internacional. Por eso, creo que la alianza Fiscalía y Procuraduría en el plano internacional va a mostrar resultados muy pronto”. La tarea no será fácil.

La Operación Lezo, en homenaje del español que defendió en el siglo XVIII a Cartagena del ataque del almirante inglés Vernon, ya empezó a agrietar los cimientos de una parte de la clase política española y apunta a afectar aún más la colombiana ya golpeada por el escándalo Odebrecht.