Operadores del ICBF exigen aumento superior al 10% en contratos de atención a la niñez para 2022

Operadores de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de las modalidades de protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración, solicitaron por escrito a Alejandra Bortero Barco, directora del Departamento Nacional de Planeación que realice un incremento superior al 10% en los contratos que van dirigidos a la atención de la niñez, para el año 2022.

Según explicaron las organizaciones, agrupadas en la Red de Protección a la Infancia (REDPAI), la petición la realizaron estas organizaciones, debido a que “desde hace varios años se están elaborando presupuestos deficitarios obligando a los operadores a asumir pérdidas y con recursos propios lograr el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos”.

Dichas contratistas exigieron que el ICBF cubra al menos los gastos básicos de atención diaria, ya que de no hacerlo, se obliga a las organizaciones a poner en riesgo la atención de esta población vulnerable, a conseguir fondos para cubrir lo que el Estado no paga, o incluso, a cerrar los servicios por incapacidad financiera.

Estos recursos contemplan los estándares necesarios para la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios, a través de contratación de talento humano, componente nutricional, dotación, transporte, materiales, infraestructura, entre otros.

Además, pidieron que se priorice a la niñez más vulnerable, incrementando el valor que reciben por cada niño atendido. “Durante los últimos cinco años, el incremento al valor cupo para todas las modalidades del ICBF ha sido igual a 3% o menor, cifra que ha estado siempre por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ajuste al salario mínimo y la inflación; lo que genera a todas luces que la ejecución de los contratos sea deficitaria, por cuanto el valor cupo no logra cubrir los gastos que el contrato y el lineamiento exigen para la atención de la población beneficiaria”, señala la carta.

Las organizaciones operadoras del ICBF denunciaron que se han venido sumando otras condiciones que afectan el presupuesto, tales como: “descuentos que se realizan al ingreso y egreso de los niños, los recortes de los cupos”.

Diana Fernández Martínez, coordinadora de la la Red de Protección a la Infancia, reiteró en la misiva la solicitud urgente de que el Gobierno nacional, a través del DNP, revise la asignación presupuestal tanto para las diferentes modalidades de protección, de manera que se ajuste el valor cupo de cada niño al mes con el costo real de los estándares definidos.

“Pedimos que de esta manera haya una coherencia entre lo que se exige y el valor de los aportes que debe proveer el Estado como primer responsable en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, indicó.

Asimismo, comparó que el valor promedio que dedica el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para mantener a una persona privada de la libertad es mayor al costo promedio que dedica el ICBF para atender a un niño necesitado de protección especial en las diferentes casas hogares del país.

Esta exigencia salió a la luz tres días después de que fuera aprobado por el Gobierno un alza del 10,07% para el salario mínimo y el subsidio de transporte para un valor de $ 1.117.172 mensuales. Fernández argumentó que la tabla de talento humano exigida por el ICBF en la mayoría de las modalidades se compone en un 40% al 50% de cargos con asignación salarial correspondiente al salario mínimo, “lo que ya de entrada genera un déficit para el presupuesto de las organizaciones cuando hay una diferencia de 7 puntos entre el valor del salario mínimo y el incremento del valor del contrato”.

Según afirmó, esto adicionalmente tendrá un impacto negativo sobre la contratación de los profesionales que se requieren en los programas de atención, ya que según expusieron, será imposible para las organizaciones ofrecer un salario competitivo y acorde al nivel de experiencia y preparación.