Operativo Argenta: Fiscalía ocupa bienes de las disidencias de las Farc usados para observar los movimientos de la Policía Nacional y evadir los controles

En el marco de la estrategia Argenta, liderada por el fiscal general, Francisco Barbosa, para golpear las finanzas del crimen organizado y el narcotráfico, se llevaron a cabo acciones contundentes que afectaron 17 bienes presuntamente vinculados a las disidencias de las Farc.

El operativo dirigido por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio se enfocó en incautar 12 inmuebles, entre ellos rurales y urbanos, 3 vehículos, 1 establecimiento de comercio y 1 sociedad, ubicados en los municipios de Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. Según evaluaciones preliminares, el valor conjunto de estos bienes asciende a más de 30.645 millones de pesos.

El material probatorio recopilado por los fiscales señala que estos bienes podrían pertenecer a presuntos colaboradores de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc. Además, se evidenció que estos predios habrían sido utilizados para vigilar los movimientos de la Policía Nacional, proporcionando información estratégica a posibles integrantes del grupo armado ilegal para evadir controles y facilitar actividades delictivas.

Como parte de las medidas cautelares implementadas, los bienes afectados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, mediante suspensiones del poder dispositivo, embargos, secuestros y tomas de posesión. Estas medidas tienen como objetivo privar a las organizaciones criminales de recursos y bienes que les permitan mantener sus actividades ilícitas.

La estrategia Argenta representa un paso significativo en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia, buscando debilitar sus fuentes de financiamiento y desarticular sus estructuras.

Prestó su nombre para ocultar bienes de alias Candado

De otro lado, la Fiscalía General llevó a cabo un importante avance en el caso de Blanca Patricia Márquez Ricaurte, funcionaria judicial en Ibagué, Tolima, quien fue judicializada ante una juez de control de garantías por su presunta implicación en el delito de testaferrato.

De acuerdo con la investigación, el 14 de febrero de 2019, la procesada habría adquirido una casa-finca en un condominio en Pereira por un costo de 220 millones de pesos, a pesar de que el valor real del bien se aproxima a los 1.500 millones de pesos. Lo que ha llamado la atención es que la funcionaria realizó el pago de contado por la propiedad.

El material de prueba recopilado por la Fiscalía reveló que, sobre esta propiedad, se encuentran medidas cautelares de extinción del derecho de dominio, debido a que supuestamente formaría parte del patrimonio ilícito de John Fredy Zapata Garzón, alias Mesi o Candado, un presunto financista y lavador de dinero para la organización criminal Clan del Golfo.

Las labores de Policía Judicial indican que Blanca Patricia habría utilizado su nombre para figurar como propietaria del inmueble y, de esta manera, tratar de evadir las acciones legales que pudieran derivar de su presunta relación con el patrimonio ilegal de alias Candado.

Durante las audiencias concentradas, la juez del caso procedió a legalizar la captura de la funcionaria investigada y le incautaron su teléfono celular como parte de la evidencia.

En la audiencia de formulación de imputación, Blanca Patricia negó su responsabilidad en los hechos bajo investigación. No obstante, por solicitud de la Fiscalía, la juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, asegurando así la presencia de la procesada mientras se adelanta el proceso judicial en su contra.

Este caso ha generado atención al verse implicada una funcionaria judicial. Se espera que el desarrollo de las investigaciones y el proceso judicial esclarezcan la supuesta implicación de la mujer en el delito de testaferrato y su presunta relación con la red criminal Clan del Golfo.