Oposición del Gobierno: principal reto de la justicia transicional según reporte de la Universidad de Harvard

El Carr Center for Human Rights Policy, adscrito al Harvard Kennedy School, es el centro de investigación y formación en derechos humanos de la Universidad de Harvard. Allí se juntan algunas de las mentes más brillantes del planeta para estudiar problemáticas y plantear soluciones a asuntos como el coronavirus, la justicia racial, los movimientos sociales y el papel de la tecnología frente a los derechos ciudadanos. De igual forma, el centro trabaja una serie de iniciativas especiales en las que profundiza en casos concretos que tienen lugar en diferentes latitudes y, a través de un enfoque multidisciplinario, formula una serie recomendaciones que posteriormente son difundidas en sus plataformas.

Una de estas iniciativas fue el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) que se creó en Colombia a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. En abril de 2019, las instalaciones del Carr Center albergaron un evento en el que varios expertos –en su mayoría profesores e investigadores de la Universidad de Harvard– analizaron al detalle los elementos de este sistema, compartieron sus perspectivas sobre los aspectos a mejorar y opinaron acerca de cuáles consideran que son los principales retos que se asoman en el futuro. El expresidente Juan Manuel Santos también participó en estas conversaciones, cuyo reporte y resultado final fue recientemente publicado.

En su intervención, que fue parte de los comentarios de apertura, Santos advirtió que la Corte Constitucional se ha pronunciado a favor de la implementación del Acuerdo de Paz (como cuando aprobó el Acto Legislativo 02 de 2017 que tiene validez por tres periodos presidenciales y obliga a las instituciones del Estado a “cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo”), lo cual es una garantía cuando se tiene en cuenta que muchos miembros de la actual administración fueron acérrimos críticos de los diálogos con la guerrilla y aún exigen reversar lo pactado. El expresidente aseguró que es altamente probable que la oposición al proceso de paz continúe debido a los réditos electorales que ha demostrado producir, pero señaló igualmente que está convencido de que el SIVJRNR se podrá sostener frente a la adversidad.

En lo referente a la imposición de penas a los exguerrilleros, el reporte indica la necesidad de que los colombianos disminuyan sus expectativas y entiendan que es físicamente imposible que cada uno de los antiguos miembros de las FARC reciban una condena porque esto causaría el colapso del sistema. “De manera similar, las víctimas tienen altas expectativas de reparación y búsqueda de la verdad, pero es imposible hacerlo para todas las víctimas dentro de un espacio de tiempo limitado”, afirma el documento.

Phuong Pham, directora de evaluación e implementación de ciencias de la Iniciativa Humanitaria de Harvard, brindó su posición a partir de las investigaciones que ha realizado sobre el elemento de reparación del SIVJRNR. Añadió que, en su criterio, se trata del sistema de justicia transicional más “fuertemente centrado en las víctimas” del mundo y reconoció el papel positivo que desempeña la Ley 1448 de 2011 (también conocida como Ley de Víctimas) por haber incorporado reparaciones colectivas e individuales. Sin embargo, enfatizó en el menester de obtener retroalimentación de las víctimas para obtener conclusiones precisas del programa.

En la misma línea con esta última apreciación, la profesora británica Jacqueline Bhabha, encargada de la cátedra de salud y derechos humanos en la Escuela de Salud Pública de Harvard, resaltó la importancia de la “investigación empírica” para documentar lo que las víctimas desean al momento de ser reparadas en vez de asumirlo de entrada. Según ella, el sistema debe hallar la forma de “reducir el impacto traumático de estos sucesos duraderos tanto en un sentido individual como colectivo”.

Cuando se tocó el elemento de justicia, uno de los intervinientes fue Luis Moreno Ocampo, fiscal fundador de la Corte Penal Internacional, quien dijo que ningún otro país ha hecho un esfuerzo similar al de Colombia en términos de justicia criminal para responder a un conflicto armado. Adicionalmente, manifestó que el único precedente que se le parezca, también en Colombia, es aquel que se llevó a cabo con la desmovilización de los paramilitares en 2005. Moreno Ocampo cerró indicando que el principal reto no está en la justicia transicional en sí, sino en todos esos miembros de las FARC que prefirieron seguir delinquiendo en vez de acogerse al Acuerdo de Paz.

La verdad, que es quizás el motivo de mayores choques entre orillas ideológicas hoy en día, fue abordado por Kathryn Sikkink, profesora de políticas en derechos humanos del Carr Center. Sikkink enalteció las labores de las comisiones de la verdad a lo largo de la historia porque contribuyen a la disminución de violaciones contra los derechos humanos y, pese a que no están diseñadas para operar de la mano con el aparato judicial, pueden convertirse en un insumo útil para jueces y magistrados. Para la abogada argentina Ruti Teitel, profesora de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, la conexión entre verdad y justicia es “un reto interesante” que en Colombia encuentra oposición en ciertos políticos, pero no en la comunidad internacional, y esto aumenta sus posibilidades de éxito. Por su parte, Onur Bakiner, profesor de la Universidad de Seattle, instó a las autoridades colombianas a hacer uso de estrategias digitales para conseguir un mayor interés de la ciudadanía hacia el proceso de paz y el SIVJRNR.

Por último, el elemento de no repetición fue estudiado por Jennifer Schirmer, doctora en antropología e investigadora del Carr Center, quien reconoció el enorme logro que significó poner fin “a un conflicto con un alto el fuego bilateral definitivo, alineado con la justicia restaurativa y amplios mecanismos de verdad e indemnización”. Pero no todo fue color rosa para Schirmer, que también mencionó la imposibilidad del Gobierno de asegurar la protección de los excombatientes (214 han sido asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz) y, en consecuencia, prevenir el incremento de las disidencias. Cerró sus palabras con una serie de interrogantes en lo relacionado con la seguridad de los territorios antes controlados por las FARC. “¿Cómo deben protegerse esos territorios? ¿Debería trabajarse con las comunidades locales? ¿Cómo se puede vender políticamente la idea de una manera concreta y no supeditada a las coaliciones políticas que actualmente luchan contra ella?”, preguntó.

El reporte termina con cuatro conclusiones. Admite que si bien el sistema de justicia transicional implementado en Colombia no tiene precedentes, (1) importantes enseñanzas se podrían adquirir de modelos que se hayan usado en otros países; (2) insta a los encargados de los procesos de reparación a que tomen sus decisiones a partir de investigaciones basadas en víctimas, y (3) hace un llamado para que se adelanten políticas que tengan como finalidad aumentar el compromiso de los colombianos con el Proceso de Paz. Pero la más llamativa fue la que calificó (4) “la actual oposición del Gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz” como un “importante desafío político” para el SIVJRNR. En este punto también se incluyó la tensión que surgió con el gobierno de Estados Unidos después de que Jesús Santrich no fuera extraditado a pesar de la petición de las autoridades de este país.

La colombiana Diana Acosta, candidata a PhD en filosofía de la Universidad de Harvard, exprofesora del Harvard Kennedy School y una de las redactoras del reporte, conversó con SEMANA sobre las razones que llevaron al Carr Center a realizar este ejercicio.

“El reporte se creó con el objetivo de consolidar la visión de un grupo de expertos en justicia transicional sobre el lugar que ocupa el Acuerdo de Paz en el mundo y cómo se compara con otros acuerdos semejantes. Esto nos ayuda a entender las dimensiones y el alcance del sistema de justicia transicional. Nos sirve también para manejar las expectativas y trabajar sobre un sistema de medición y evaluación de sus logros”.