Oposición molesta con carta del Congreso sobre sentencia de la Corte IDH en caso Petro

Todo un revuelo político ha causado una carta remitida el 31 de diciembre desde el Congreso en la que se responde a una solicitud de la Corte IDH para hacer seguimiento a la sentencia en el caso de Gustavo Petro contra Colombia. El tribunal internacional le dio la razón a Petro, al considerar que sus derechos políticos fueron vulnerados cuando fue destituido como alcalde de Bogotá.

La misiva firmada por Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente, habla a nombre del Congreso.

Dicen que difieren respetuosamente de esa sentencia y que por lo tanto se apartan de ese contenido y no harán seguimiento. Y que esos trámites ya fueron resueltos en la ley aprobada el año pasado de reforma a la Procuraduría.

La carta de tres páginas no cayó muy bien en un sector de la oposición, que considera que si bien Arias y Gómez son los presidentes del Congreso no pueden tomar una decisión de este tipo en nombre de todos los parlamentarios.

“¡Qué les pasa a estos abusivos! Presidente del Senado y de la Cámara ahora mandan respuesta a la Corte IDH con sus apreciaciones sesgadas y mentirosas a nombre de todo el Congreso. ¡Respeten, Esa comunicación no es oficial! ¡Ustedes no hablan en mi nombre!”, dijo la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

Otro de los que mostró su inconformismo con la carta fue el senador Iván Cepeda, quien además anunció que pondrán en conocimiento de la Corte IDH que no se trata de una posición oficial del Congreso en pleno, sino que sería la postura de los dos congresistas que dirigen la corporación.

“La prevaricadora carta de presidentes de Senado y Cámara a la Corte Interamericana de DD. HH. justificando desacato de la sentencia en el caso Petro, solo representa la opinión de dos congresistas y no de la corporación. Pondremos en conocimiento del tribunal interamericano ese hecho”, aseguró Cepeda.

Asimismo, recordó que varios de ellos se opusieron a la ley que hizo ajustes en la Procuraduría, señalando que no consideran que se haya cumplido la sentencia en el caso de Petro como lo había recomendado el organismo internacional.

“El presidente del Senado defiende los 1.200 cargos de la Procuraduría del derroche. No comparto su apreciación. Ese dinero que se malgastan en cargos que no se necesitan, debe ir a calmar el hambre del 54,2 % de los hogares y de la desnutrición crónica a miles de niños”, aseguró la senadora Aída Avella, de la UP.

El representante David Racero se mostró inconforme con la carta diciendo que esa no es su posición y hasta propuso hacer una declaración aparte. “No tienen legitimidad ni derecho alguno de hablar a nombre de todos los congresistas. Rechazo absoluto a esta carta enviada por presidentes de Cámara y Senado a CIDH. Invito a toda la bancada de oposición y de independientes a que suscribamos otra misiva a la CIDH”, afirmó Racero, de la Colombia Humana.

En la misma línea, el representante León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, dijo que la carta es “un abuso de poder”. “Ellos pueden mandar la carta que quieran, a donde quieran, pero a nombre personal no a nombre de todos los congresistas”. Muñoz recordó que se han opuesto a la ley de la Procuraduría y reiteró la propuesta de Racero de enviar un comunicado aparte.

Más allá de los congresistas actuales, algunos aspirantes el Legislativo evidenciaron que no están de acuerdo con la decisión que tomaron Arias y Gómez. Catherine Juvinao, quien aspirará a la Cámara por Bogotá por la Alianza Verde, dijo que los presidentes del Congreso se estarían tomando facultades con las que no cuentan.

“Violan el reglamento del Congreso al tomarse atribuciones que la ley no les da: no les son atribuibles pronunciamientos personales a título de la corporación. Actúan de forma abusiva, cínica e ilegal”, dijo la activista reconocida por la veeduría Trabajen Vagos.

La carta, que ha generado la molestia en la oposición, está dirigida a Elisabeth Odio Benito, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se emitió luego de que el organismo enviara una resolución el 25 de noviembre para hacer seguimiento a la sentencia del caso Petro vs. Colombia.

Allí explican que el Estado colombiano se ha esforzado por respetar los derechos humanos y los instrumentos internacionales. Asimismo, hacen un recuento de la historia del país en el que la Procuraduría ha cumplido diferentes misiones institucionales, entre ellas destituir a mandatarios locales, gracias a la Constitución de 1991.

“El ejercicio del poder disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación sobre quienes desempeñen funciones públicas -incluso en cargos de elección popular- le ha permitido al Estado colombiano enfrentar el flagelo de la corrupción”, dicen Gómez y Arias en la carta.

Y recuerdan que gracias a la Ley 2094 de 2021, aprobada en el Congreso, se estableció que los funcionarios serán investigados y posteriormente juzgados por un funcionario distinto. Aclaran que esta normativa está siendo revisada por la Corte Constitucional quien emitirá su concepto.

En la resolución, emitida en noviembre del año pasado, la Corte IDH aclara que no estaría de acuerdo con esa ley aprobada por el Congreso, en tanto no se daría cumplimiento a su sentencia en el caso Petro. Arias y Gómez reclamaron que eso afectaría la soberanía del país y del poder legislativo.