Oposición se retira de acto de ascenso de oficiales de la Policía y las Fuerzas Militares

Los senadores de oposición integrantes de la Comisión Segunda del Senado, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; y Feliciano Valencia, del MAIS; abandonaron este miércoles la discusión y votación de los ascensos de oficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

Los congresistas argumentaron que es “inaceptable” que el Gobierno se “atreva” a recomendar a 18 oficiales investigados actualmente por diferentes escándalos de corrupción.

“Nuestra función de control político también se materializa en la discusión sobre la promoción de los policías y militares de mayor rango, y con la finalidad de dotar de una mayor legitimidad estos procesos que en nuestra opinión deben surtirse de cara a la sociedad, con garantías de participación abierta y democrática y garantizando que asciendan personas que dignifiquen las instituciones y no tengan cuestionamiento alguno”, sostiene una de las constancias presentadas por la oposición.

“La Comisión Segunda del Senado va a repetir el mismo error de todos los años con los ascensos de oficiales que se encuentran cuestionados y llegan a esta sesión a que sean ascendidos sin que se terminen los procesos legales en los que se encuentran involucrados. Por eso seguimos insistiendo en la necesidad de hacer una reforma al sistema de ascensos, como lo hemos propuesto con nuestro proyecto que se encuentra en esta comisión a esperas de ser discutido,” señaló Sanguino.

Entre los 46 postulados para ascensos en la Comisión Segunda del Senado, que corresponden 32 de las Fuerzas Armadas y 14 de la Policía Nacional, 18 de ellos, según los congresistas, se encuentran “cuestionados por casos de corrupción, falsificación de documento público”, entre otros escándalos que los mantienen con investigación preliminar.

En este sentido, los senadores aseguraron, además, que durante el gobierno Duque no se ha tenido un solo proceso de ascensos en el que no existan graves y serios cuestionamientos sobre los postulados.

“Radicamos esta constancia para oponernos al ascenso de varios de los brigadieres y mayores generales tanto del Ejército Nacional como de la Policía. Tenemos serios reparos especialmente con relación a 18 oficiales de los 46 propuestos”, señaló el senador Iván Cepeda.

En las constancias, los tres senadores advirtieron a la corporación que es altamente preocupante que, 18 de los oficiales postulados, se encuentren cuestionados por casos de corrupción, falsificación de documento público, violación a los DD.HH., entre otros escándalos, que los mantiene con investigación preliminar.

“Los ascensos de oficiales generales y oficiales de insignia deberían concederse a aquellas personas que ostentan las más altas dignidades en la defensa del Estado Social de Derecho, desprovistas de cuestionamientos legales, disciplinarios y éticos, con una carrera ejemplo inquebrantable de la moralidad pública, la legalidad y la prevalencia de los derechos humanos”, destacan los senadores Cepeda, Sanguino y Valencia.

Esto se da justo un día después de que la Cámara de Representantes aprobara, en tercer de cuatro debates, el proyecto de ley de reforma a la Policía presentado por el Gobierno, que busca el mejoramiento de los planes de estudios para formación y cursos de ascenso de oficiales y nivel ejecutivo, así como la puesta en marcha de nuevos programas académicos con énfasis en derechos humanos, gestión comunitaria, labor del policía de vecindario y docencia policial.

“Los ascensos serán más exigentes, se evaluará no solamente la parte intelectual, también la emocional y física, superación de los cursos y la certificación de la idoneidad, para quienes en determinado momento sea necesario utilizar la fuerza”, explicó el representante Alejandro Chacón, coordinador ponente del proyecto.

La iniciativa establece, por ejemplo, que los uniformados deberán asistir periódicamente a cursos en derechos humanos y validar permanentemente competencias en atención al ciudadano, la ejecución de los procedimientos policiales, la promoción y el respeto de los derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza.

“Para la formación policial en derechos humanos, harán parte del cuerpo de docentes personal civil con trayectoria y reconocimiento por sus estudios o investigaciones en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres y población LGTBI”, indica el texto del proyecto.