JUSTICIA
El ciudadano iraní-estadounidense que debe ir a la cárcel por el caso Reficar
Massoud Deihdeban tiene doble nacionalidad; fue representante legal de CB&I y deberá ser deportado por orden de un juez colombiano. Emiten circular azul de Interpol.
El desgreño de recursos públicos en la construcción de la Refinería de Cartagena cobra su primera orden de captura en centro carcelario. En una audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra siete ejecutivos del proyecto se acaba de ordenar la detención inmediata de Massoud Deudehban.
Se trata del exdirector de Proyectos y representante legal de la firma CB&I en el año 2009. En una audiencia que lleva instalada seis meses, la Fiscalía le imputó los cargos por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito a favor de particulares.
Para el ente acusador, desde el alto cargo que ocupaba participó en acuerdos que terminaron en el desangre de más de 610.000 millones de pesos y ejerció presión sobre los miembros de la junta directiva de Reficar para que los aprobaran. Tuvo pleno conocimiento -dice la imputación- que estaba incumpliendo con las obligaciones contenidas en el contrato y no aportó información sobre los gastos injustificados en la construcción de la refinería.
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Deubehban comparece desde Houston en la audiencia que se lleva a cabo en los juzgados de Paloquemao en Bogotá. Es ciudadano iraní y estadounidense. Por haber abandonado el país y la gravedad de los delitos que se le imputan, el juzgado consideró que existe riesgo de no comparecencia y ordenó la captura inmediata. Se expidió circular azul de Interpol, que permite su ubicación en cualquier parte del mundo.
El juez colombiano también valoró que hay indicios claros que demostrarían la responsabilidad de Deubehban en la apropiación de dineros en su beneficio.
En la diligencia judicial también fueron cobijados con casa por cárcel otros dos implicados dentro de este caso. Se trata de Felipe Laverde Concha, ex vicepresidente de Reficar entre 2009-2017, y Yañez Reyes Reinoso, expresidente de Reficar entre 2012-2016. En el primer caso, el juez consideró que hay inferencia razonable para creer que incurrió en los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Por su delicado estado de salud, el juzgado tomó la decisión de enviarlo a domiciliaria.
En el segundo, el juez considera que la evidencia es contundente para demostrar que no presentó los estados financieros conforme lo ordena la ley. Además, habría omitido controversias por facturación y por los acuerdos MOA y PIP. Es venezolano y le fue cancelada la visa americana.
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Aunque la Fiscalía considera que Reyes podría obstruir la justicia porque por su cargo puede tener posición dominante en posibles testigos, por no tener antecedentes, el funcionario judicial decidió darle casa por cárcel.
El juez impuso medida de aseguramiento no restrictva de la libertad a Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar en el 2009. Deberá presentarse en el centro de servicios judiciales de Paloquemao los primeros días de cada mes y no podrá comunicarse con las víctimas.
En el caso de Philip Kent Asherman, el otro ciudadano estadonunidense involucrado en estos hechos, el juez le impuso la obligación de presentarse en el consulado de Colombia en Texas dos veces al mes, además de comparecer a las audiencias. Y sobre Pedro Alfonso Rosales Navarro, ex vicepresidente de Ecopetrol, el juez le prohibió salir del país.
