POLÍTICA
Tutela de jueza bogotana podría revivir las circunscripciones de paz
El juzgado 16 administrativo admitió este recurso y, como medida cautelar, le ordenó al Congreso enviar el proyecto a la Casa de Nariño para su promulgación ejecutiva. En el Capitolio analizan cómo darle cumplimiento. Se abre nueva polémica.
El debate por las circunscripciones especiales de paz sigue generando nuevas polémicas, pero ahora en los despachos judiciales. Este lunes se conoció una tutela que, como medida cautelar, ordena al Congreso que envíe dicha reforma constitucional a la Casa de Nariño para su promulgación ejecutiva, paso que el Legislativo descartó hace tan solo 5 días cuando ratificó el hundimiento del proyecto.
Esta decisión judicial, que no es definitiva, no tiene antecedentes recientes en el país, pues se trata de un juez ordenándole a la Rama Legislativa reversar una decisión que ya había ratificado en dos ocasiones.
"Ordenar al presidente del Senado de la República que de manera inmediata envíe el texto del Acto legislativo 07 de 2017‘, (...) y luego de ello prosiga su trámite ante la Corte Consitucional", se lee en la parte resolutiva del texto de tutela fechado este 11 de diciembre de 2017.
Esta medida cautelar, en plata blanca, está contenida en la admisión de una acción de tutela que presentó el ciudadano Robinson López Descanse, un reconocido defensor de Derechos Humanos del Putumayo, la misma región de procedencia del ministro del Interior.
La tutela hasta ahora solo fue admitida, pero la jueza legalmente puede emitir medidas cautelares como esta, la cual -mientras se pronuncia de fondo-, en términos jurídicos revive esta controversial reforma constitucional.
El presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, le confirmó a SEMANA que tan solo en la tarde de este lunes fue notificado de la medida cautelar contenida en la acción de tutela, por lo que comenzó de inmediato un análisis jurídico para determinar de qué forma se le dará cumplimiento a esta orden judicial.
“No descartamos, incluso, pedir ampliación de los términos de esta medida, porque esos expedientes reposan en la Secretaría del Senado, no en la Presidencia, por lo que debemos cumplir un proceso interno”, precisó Cepeda, quien tampoco se opondría a acatar cabalmente esta orden; o sea, remitir a Palacio el proyecto.
Rivera, por su parte, se mostró satisfecho por esta victoria jurídica que ya le había sido esquiva por falta de apoyo parlamentario durante el fast track. “Celebramos esta decisión judicial”, afirmó.
La polémica surgió porque la Casa de Nariño siente que tiene la razón al argumentar que dicho proyecto sí logró las mayorías requeridas al obtener 50 votos en el debate que se le dio el pasado 30 de noviembre, pero las directivas del Capitolio se mantienen en que requería de 51 sufragios como mínimo para pasar a sanción presidencial y fue la falta de un voto lo que frustró ese proceso. La discordia es porque al haber tres sillas vacías el quorum se reduce de 102 a 99 senadores y eso cambiaría la conformación de mayorías.
El otro frente judicial al que acudió el Ejecutivo es a una acción de cumplimiento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, en este despacho se notificó de un error de procedimiento por el que se inadmitió el recurso, pero -de acuerdo con Rivera- se espera subsanar en la mañana de este martes para continuar buscando a través del poder judicial lo que no se logró en el Legislativo.
“Así como el Gobierno está empeñado en salvar las circunscripciones de paz, debería tener la misma determinación para salvar la vida de los líderes sociales que están matando todos los días”, precisó, a su turno, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán. Su partido no respaldó este proyecto durante su trámite legislativo.
El proyecto en sí mismo ha sido motivo de una fuerte discusión desde que llegó al Congreso, pues las 16 curules especiales se crearían sobre un mapa pensado en los 167 municipios que más han sufrido los embates de la guerra. La intención es que de allí salgan representantes de las víctimas.
No obstante, la oposición ha sustentado que los que llegarían a esos cargos no serían otros que los influenciados por las disidencias o testaferros del narcotráfico que se quedaron en las zonas tras la desmovilización de las Farc y que, además, la ahora exguerrilla ya tiene 10 curules aseguradas por el solo hecho de haber firmado la paz.
Con este nuevo oxígeno al debate que hay en torno a las circunscripciones especiales de paz queda en evidencia que la última carta que está jugando el Gobierno por este proyecto está concentrada en la Rama Judicial. Y aunque el desenlace no está tan cerca, en este novelón por 16 curules ya quedaron involucrados los tres poderes del Estado.