Ordenan nuevas medidas para proteger a los firmantes del acuerdo de paz

Ante la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias. Con esa decisión, explica la Jurisdicción Especial para la Paz, se busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por crímenes que sufrieron en el marco del conflicto armado.

“Entre las medidas adoptadas por la JEP, se ordenó a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que informen si en los medios de comunicación utilizados por la institución castrense existen planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los exintegrantes de las Farc-EP que se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias”, señala la justicia transicional, que además ordenó al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que informe las actuaciones realizadas para lograr la reconciliación, la convivencia y la prevención de la estigmatización en el país.

Así mismo, el funcionario de la Presidencia de la República insistió que en Colombia no existen amigos o enemigos de la Paz, al señalar que todos los sectores la quieren y desean su consolidación. No obstante, aseguró que “los hampones” no quieren un resultado positivo sobre la reincorporación.

“En un Estado de Derecho el Gobierno está a disposición de esos escrutinios y que cada vez que se han realizado las instancias, se ha concluido sobre lo gigantesco que es el esfuerzo, lo detallado de la coordinación institucional que se ha logrado y los muy relevantes logros en protección, investigación y condenas de los responsables”, indica.

“En el trámite de medidas cautelares colectivas que buscan proteger a los comparecientes forzosos ante la JEP, a través de los Autos 049 y 050, la JEP vinculó al proceso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y le solicitó, al igual que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que informen qué medidas específicas han adoptado para la protección de los derechos de las hijas e hijos y las parejas de quienes han sido asesinados”, advierte la JEP.

Hace una semana, el Gobierno nacional reveló que en tres años ha realizado una inversión superior a los $760.000 millones de pesos los cuales han sido destinados para la seguridad de exguerrilleros de las Farc en medio del proceso de reincorporación.

El consejero Presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, entregó cifras puntuales sobre los recursos para la seguridad de excombatientes las cuales parten desde 2018 hasta el 30 de junio de 2021: $214.702 millones en 2018; $242.102 millones en 2019; $114.899 millones en 2020; y $159.612 millones con corte al 30 de junio del 2021.

Sin embargo, para la vigencia 2022 se tiene en el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación la suma de $30.247 millones.

Dentro de la violencia sufrida por la población en búsqueda de su reincorporación se han reportado homicidios, estigmatización, extorsiones, persecución en motocicletas, atentados contra la vida y su integridad, amenazas constantes contra su vida y sus bienes, amenazas que buscan el desplazamiento de la población exFarc, entre otras conductas.

Finalmente, la Sección se mostró preocupada por la gran cantidad de familias de excombatientes que han tenido que abandonar los Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) por la violencia, quedando expuestos a una situación muy grave de vulnerabilidad que afecta su dignidad humana, por lo cual exigió una protección especial de sus derechos a la vida, la libertad, la salud, la integridad, la seguridad personal, la educación, la vivienda digna y el acceso a proyectos productivos que permitan que tengan un ingreso para su subsistencia.