Los tres mosqueteros

Con la posesión de Fernando Carrillo como procurador se cierra un ciclo. El del relevo en las cabezas de los principales organismos de control. Carrillo en el Ministerio Público, Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía y Edgardo Maya en la Contraloría reemplazan a Alejandro Ordóñez, Eduardo Montealegre y Sandra Morelli.

En principio, los cambios no son más que un episodio normal que se produce porque se cumplieron los periodos de quienes habían sido elegidos para ocupar los cargos. Pero por las características de quienes se fueron y de los que llegaron, se perciben nuevos vientos. El contralor, el fiscal y el procurador no forman un equipo ni son parte del gobierno, pero hay una gran diferencia entre lo que irradiaban sus antecesores y lo que prometen, hacia adelante, Maya, Martínez y Carrillo.

El trío saliente fue muy controvertido. Cada uno a su medida le dio a su cargo una orientación basada en asumir que las funciones de sus entidades tenían un espectro más amplio del que se les había reconocido hasta la fecha. Y esa nueva interpretación flexible dio pie a muchas controversias.

Las agendas tradicionales de los organismos de control eran bien conocidas: la de la Contraloría, la revisión de las finanzas del Estado; la de la Fiscalía, el liderazgo de la acusación en el campo penal; y la de la Procuraduría, el control disciplinario de los funcionarios. Sobre todo en relación con estas dos últimas entidades, Ordóñez y Montealegre consideraron que tenían atribuciones y responsabilidades en cuanto al proceso de paz. Ordóñez se oponía y Montealegre lo apoyaba, los dos con vehemencia, pero ambos asumieron demasiado protagonismo, algo ajeno a la responsabilidad de sus cargos. Coparon espacio en los medios de comunicación y dieron de qué hablar sobre la posibilidad de que le estaban jugando a un futuro en la política.

Es muy temprano para calificar a Edgardo Maya, Néstor Humberto Martínez y Fernando Carrillo, que apenas se está posesionando. Pero en el poco tiempo en que se han desempeñado los dos primeros en sus cargos, y por la trayectoria de los tres, se puede concluir que hay un giro notable, al menos de estilo. Los tres tienen un talante moderado y los dos primeros han enfocado su trabajo en concentrarse en el núcleo de la misión funcional de los tres organismos de control.

Estos tres mosqueteros tienen además algunas características en común. Aunque han sido elegidos en un ambiente caracterizado por la polarización entre santismo y uribismo, los tres tienen lazos con ambos lados del espectro. Edgardo Maya no despierta resistencias en el uribismo. Néstor Humberto Martínez intentó acercar a Santos y a Uribe, a quien denominó “patriota” cuando ejercía el cargo de ministro de la Presidencia. Y Carrillo fue el arquitecto de la original reunión de Santos y Uribe con el papa Francisco. En sus actitudes y pronunciamientos, la nueva tripleta parece estar dispuesta a jugarle a un país pospolarización. E incluso a contribuir a acabar con ella. Los tres llegaron a sus cargos con credenciales que los alejan del sectarismo político.

Desde luego, una cosa es que en el clima político se perciba un alivio y otra, muy distinta, precipitar calificaciones anticipadas por unas tareas que apenas comienzan. A Maya, Martínez y Carrillo los beneficia la crítica generalizada que se llevaron sus antecesores cuando terminaron sus periodos. Las encuestas son elocuentes: según Invamer-Gallup, la imagen desfavorable de la Fiscalía es del 52 por ciento, y la de la Contraloría, 41 por ciento. La percepción negativa de la Justicia es del 79 por ciento.

Hasta ahora, lo que más ha favorecido a los nuevos mosqueteros es el contraste con sus antecesores. De Ordóñez se había convertido en frase de cajón decir que su referente era la Biblia y no la Constitución, y sancionó con drasticidad a quienes militaban en la otra orilla del espectro político, como Gustavo Petro o Piedad Córdoba. Trató también de frenar la principal bandera del presidente Santos –el proceso de paz con las Farc– con intromisiones excesivas como cuestionar los viajes de Timochenko a La Habana. Santos le contestó, públicamente, que las gestiones de paz son un asunto del fuero presidencial que no compete al procurador. Esto, sin hablar de su polémico papel en frenar los derechos a la comunidad LGTBI o el aborto y la eutanasia.

Algo similar ocurrió con el exfiscal general Eduardo Montealegre. Antecedido por una respetable hoja de vida como académico y magistrado de la Corte Constitucional, generó controversias por opinar sobre lo divino y lo humano, en principio a favor del gobierno y en la etapa final, en contra. De ahí que acabara por convertirse en un obstáculo para reformar la Justicia y en un crítico del plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo de paz. Aparte de esto tuvo metidas de pata y salidas controvertidas como las acusaciones ligeras a Sigifredo López o a la actriz Carolina Sabino.

En esta guerra de poderes y de egos, la excontralora Sandra Morelli también tuvo un papel protagónico. Muchos le reconocen la forma como fortaleció la entidad y se le midió de frente contra la corrupción y a temas complejos, como desenmascarar al grupo Nule o ponerle fin al oscuro imperio de Saludcoop. También tuvo un rol protagónico y hasta se metió con las excesivas pensiones de los exmagistrados, un tema tabú para quienes aspiran a un futuro en la rama judicial. Sin embargo, actitudes excéntricas y no pocos enfrentamientos, en especial con el fiscal Montealegre, afectaron su gestión tanto como su imagen. Tampoco ayudó su salida del país a Roma, alegando falta de garantías, en un acelerado proceso que la Fiscalía le adelantaba en su contra.

El giro

En la actual coyuntura, la tarea de los tres mosqueteros es crucial. Los colombianos han perdido confianza en la Justicia y la corrupción se ha convertido en una de sus preocupaciones principales. Todo esto en un ambiente político de tensión y radicalismo. Maya, Martínez y Carrillo pueden contribuir a reconstruir la legitimidad de las instituciones a su cargo. Lo primero, por supuesto, será cumplir la misión que tienen en sus manos: vigilar las finanzas del Estado, castigar los malos comportamientos de los funcionarios e investigar a los delincuentes. Pero también, con mesura y sensatez, hacer un aporte a la paz política. En otras palabras, que no haya ningún tipo de agenda política en sus investigaciones.

¿Lo harán? La historia apenas comienza, pero los tres tienen condiciones propicias. Edgardo Maya Villazón, elegido contralor general en 2014, les ha puesto el pecho a toros bravos como Reficar, en donde detectó sobrecostos y pérdidas cercanas a los 8,5 billones de pesos. Esa misma investigación sirve hoy de base para uno de los casos que tienen alta prioridad en la Fiscalía General y en la que muy pronto se verán capturados y hasta extraditados.

Aparte de esto, la Contraloría se ha centrado en investigar y denunciar el uso indebido de las regalías, los impuestos, los recursos de la salud, la alimentación o la terrible situación por la que está pasando la población carcelaria, entre otros.

En cuanto al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en sus primeros cinco meses en el cargo ha manejado hábilmente los medios de comunicación al hacer denuncias precisas y de buen recibo ante la opinión pública. En casos simbólicos y cruciales, como el asesinato de Yuliana Samboní y de las coimas de Odebrecht, ha producido resultados rápidos. El año pasado fueron desarticuladas 1.300 bandas criminales, y se incautaron bienes por 5 billones de pesos, de los cuales, 500.000 eran de las Farc. Además, hay un trabajo intenso en combatir la inseguridad, que ha permitido importantes logros en muchas ciudades. En 2016 fueron capturados también 37 funcionarios corruptos de la Fiscalía. Mientras que en Bogotá se trabaja en más de 25 casos ejemplares, que darán grandes sorpresas –entre ellos Reficar–, en las regiones se trabaja en otros casos importantes.

Por su parte, el procurador Carrillo, quien se posesiona este lunes, ha dado muestras de discreción y eficiencia. Habla cuando toca sin incurrir en excesos. Carrillo es un respetado constitucionalista y un conocedor del Estado colombiano, y eso le permitirá lograr una buena alineación con las otras entidades de control. Sus contactos internacionales, gracias a los 17 años que estuvo en el BID, también le permitirán conseguir recursos de cooperación para fortalecer la Procuraduría. Esta es quizá la entidad a la que más le temen los políticos. Su posibilidad para destituir o inhabilitar de la vida pública a alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos en general lo convierte en un gran protagonista en la lucha contra la corrupción del Estado, y por lo tanto su responsabilidad y ponderación serán esenciales, sobre todo después de las arbitrariedades con agenda política cometidas por el procurador anterior.

Aunque cada uno, Maya, Martínez y Carrillo, tiene una misión específica y distinta, también deben alcanzar en conjunto una cruzada firme contra la corrupción. Los tres han asumido ese compromiso. Desviarse del rumbo institucional, buscar protagonismos que no corresponden o jugarle a la política serían extravíos que rechazaría la opinión pública.

El segundo punto en común es la necesidad de profesionalizar las entidades a su cargo. Contraloría, Fiscalía y Procuraduría necesitan modernizarse, depurarse y hasta repensarse. En la difícil labor de hacer más eficaces los mecanismos de control, tendrán que romper con prácticas clientelistas que, por la vía de la politización, han llevado a personas no idóneas a cargos de alta responsabilidad.

Un tercer factor en el que convergen los momentos de las tres entidades

–Contraloría, Fiscalía y Procuraduría– es el de la internacionalización. Como lo acaba de demostrar el caso de corrupción por sobornos de Odebrecht, la acción transnacional contra la corrupción es fundamental. Unas instituciones parroquiales y tradicionales no van a ser capaces de enfrentar a ese monstruo en los tiempos de hackers, coimas transnacionales y descomunales avances de la tecnología.

Los tres mosqueteros tienen antecedentes esperanzadores, pero deberán actuar con contundencia. Aunque sus periodos van más allá de 2018, cuando termine el segundo cuatrienio de Juan Manuel Santos –y, en consecuencia, se desempeñarán en otra Administración– deben demostrar que tendrán mano firme sin miramientos políticos. Maya Villazón tiene que manifestar independencia frente al liberalismo, donde algunos lo ven como una carta costeña a la Vicepresidencia; Martínez Neira no puede ser complaciente con figuras de la cuerda de Germán Vargas, de quien es reconocido allegado; y Carrillo tiene que saber vigilar a un gobierno, el de Santos, del cual formó parte. La responsabilidad que tienen en sus manos definitivamente no es de poca monta.