Organizaciones venezolanas piden a Francia Márquez que intervenga la frontera por violencia de grupos armados

Una carta firmada por 54 organizaciones que contribuyen al bienestar de los venezolanos, tanto en su país como en Colombia y la región, fue dirigida a la vicepresidenta nacional, Francia Márquez, en la que revelan los problemas que están viviendo los migrantes en la frontera con Venezuela, así como las personas que habitan la zona de lado y lado del límite territorial.

Según indicó en la carta, para la población cercana los grupos armados ilegales que se asentaron en la frontera estarían afectando la seguridad y la convivencia de las personas que viven y frecuentan la zona fronteriza, por lo que piden a Márquez, argumentando su pasado y éxito como líder social.

“Nos referimos a los problemas que vive la población migrante venezolana, los refugiados colombianos víctimas de la violencia en Colombia y las poblaciones indígenas y criollas asentadas en territorios donde la presencia y control de grupos armados disidentes del anterior proceso de Paz, afectan gravemente sus condiciones de vida y seguridad”, indicaron en la carta las organizaciones.

La queja también se remite por los movimientos que han experimentado los grupos armados ilegales en el país tras la firma del acuerdo de paz y el inicio de diálogos con el ELN, puesto que muchos frentes y militantes se habrían refugiado en zonas venezolanas cercanas a la frontera con Colombia, lo que hizo que el conflicto también se propagara en el vecino país.

“Hoy la frontera Colombia-Venezuela está bajo el control del ELN y otras estructuras armadas ilegales, como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos más pequeños como el Cartel de Sinaloa, La Frontera, La Línea, el EPL y El Tren de Aragua. A falta de presencia institucional, el conflicto armado prolifera con un impacto exponencial en los departamentos de Norte de Santander y Arauca”, explican en la carta, citando las revelaciones del análisis Habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Arauca, publicado por la organización Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Entre tanto, la misiva indica que además de los departamentos mencionados, los cuales han sido fuertemente atacados durante lo corrido del año por los grupos armados, también los estados venezolanos Apure, Táchira y Zulia se han visto afectados por la misma situación de enfrentamientos entre bandos, y fuerzas armadas nacionales, así como el narcotráfico, las extorsiones y la falta de coordinación estatal de ambos países.

“La Misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos; secuestros; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; y violencia sexual y de género, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado de Bolívar”, explicaron las organizaciones citando otro informe sobre la situación en la frontera, Misión de Determinación de los Hechos en la República Bolivariana de Venezuela.

Incluso, en la misiva también se recalca que los grupos ilegales están controlando zonas mineras en Bolívar, Venezuela, donde también tendrían peajes ilegales para aumentar sus recursos, además de otros recursos de tortura en contra de población civil, por lo que también insistieron en pedirle al presiden Petro y al comisionado de paz, Iván Danilo Rueda, para que intervengan en la frontera y garanticen la seguridad de sus residentes.

“Un sistema de normas aplicadas mediante castigos corporales como palizas públicas, amputaciones y asesinatos. Los grupos armados criminales también han participado en violentas batallas territoriales con grupos rivales que han provocado muertes y lesiones de civiles desarmados.”, se indica en el reporte de la Misión.