Naranjo: el hombre clave en los territorios más difíciles

En marzo pasado, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció que su nuevo vicepresidente sería Óscar Naranjo, muchos observadores advirtieron que el general retirado de la Policía Nacional no la tendría fácil. Su antecesor, Germán Vargas Lleras, había logrado, como nunca antes nadie en ese cargo, una labor protagónica que revolucionó la infraestructura del país y que le pavimentó el camino a su candidatura presidencial.

Naranjo aceptó el cargo consciente de las dificultades que tendría que enfrentar. La Vicepresidencia tiene apenas una pequeña planta de funcionarios, pero carece de recursos y no forma parte de la estructura de mando del Estado. Al vicepresidente le tocan las funciones que el presidente le ponga, desde preparar la llegada del papa, como le tocó a Naranjo este año, hasta ser ministro de Defensa, como ocurrió con Gustavo Bell en el gobierno de Pastrana. Santos le puso a Naranjo una tarea difícil y crucial: apersonarse de la implementación del acuerdo de paz, con énfasis en todo lo relativo a la seguridad de los territorios, lo que implica combatir a las estructuras criminales y superar el problema de los cultivos ilícitos. El encargo le cayó a Naranjo como anillo al dedo. Pocas personas tienen tanta experiencia como él en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, al mismo tiempo, tanto conocimiento de los detalles y el espíritu del acuerdo de paz, pues formó parte del equipo negociador.

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Es así como durante estos meses, cuando el gobierno ha estado enfocado en la implementación legislativa del acuerdo de La Habana, en hacerle frente a la polarización política y en sacar adelante temas tan sensibles como la JEP, Naranjo empezó una tarea silenciosa de diálogo con las comunidades donde el posconflicto se prevé más difícil y lleno de obstáculos. En la práctica, se ha convertido en la cara del gobierno allí donde hay incendios en ciernes, y en un puente con unas comunidades cada vez más radicalizadas en sus demandas sociales.

En estos meses ha visitado 36 municipios de 22 departamentos. Pero se ha concentrado donde se anuncian tormentas. En Chocó actuó para facilitar las conversaciones en pleno paro cívico. En el Urabá antioqueño, donde es fuerte el Clan del Golfo y los conflictos por la restitución de tierras alcanzan niveles preocupantes de pugnacidad, también ha estimulado un ambiente de concertación. En Guaviare, cuna de la disidencia de las Farc, también ha creado mesas de trabajo. En el norte del Cauca ha estimulado un diálogo hasta ahora improbable entre empresarios de la caña y los indígenas que plantean por las vías de hecho “liberar la madre tierra”. Pero posiblemente su prueba ácida es Tumaco, el municipio del país con más cultivos ilícitos (23.000 hectáreas); en el que más pululan las bandas criminales, donde el abandono es histórico, y la corrupción y la debilidad institucional son más dramáticas. Basta con decir que en la última década ha tenido casi 50 alcaldes.

Desde que se posesionó, Naranjo ha ido constantemente a ese puerto sobre el Pacífico. Instaló una mesa con los líderes de la ciudad para hablar de los problemas de seguridad y de la implementación. Los acuerdos de La Habana definieron a esta ciudad, junto a Buenaventura, como uno de los lugares “piloto” para un plan encaminado a derrotar al crimen organizado. Sin embargo, en esto se ha avanzado poco. El cuerpo elite de la Policía para este fin se creó en el papel, y aunque hay expedidas varias órdenes de captura, y la Fiscalía sigue haciendo su trabajo, en realidad todo sigue en la lógica que existía antes de firmar la paz. De otro lado, los líderes de Tumaco reclaman que mientras la erradicación forzada va en jet la sustitución voluntaria va en burro. Apenas el 15 por ciento de las familias dispuestas a sustituir han recibido efectivamente el apoyo para hacerlo, y no de manera integral, sino desarticulada. Eso no suma ni 400 hectáreas, mientras con la estrategia del garrote van más de 2.000.

En ese contexto se produjo la masacre de los seis campesinos el 5 de noviembre pasado en el área de la frontera con Ecuador, durante una refriega entre campesinos y la Policía. Al día siguiente, Naranjo se instaló en la Capitanía de Tumaco y desde allí ha intentado enfrentar la crisis durante más de una semana. A pesar de que la percepción generalizada es que el Estado está perdiendo el año en materia de implementación del acuerdo de paz, la manera como está actuando Naranjo allá da luces sobre los cambios y rectificaciones que debe hacer el gobierno en general.

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La paz es en los territorios

Posiblemente, uno de los grandes problemas que enfrenta este gobierno, y Santos en particular, es la percepción de ser elitista, santafereño y alejado de la gente. Esta mirada se refuerza aún más cuando el anterior presidente, Álvaro Uribe, tenía una relación directa con las regiones por medio de los consejos comunitarios, que si bien pueden ser considerados populistas, generaban en las personas la sensación de que el alto gobierno los escuchaba. “Hay que entender el territorio y ser flexibles, solo así se podrá enfrentar la paz territorial”, dice Naranjo.

En Tumaco, así como en otros lugares duramente afectados por la guerra, reina la desconfianza sobre el Estado. La estrategia de Naranjo para empezar a construir confianza tiene tres pilares: el diálogo franco, la transparencia y las acciones concretas.

En cuanto al diálogo, se puede decir que este nunca le ha sido extraño. Desde los tiempos en los que como coronel dirigía la Inteligencia, comenzó a relacionarse con personas de todas las organizaciones sociales y de la oposición. En los cuatro años de negociaciones en Cuba, el diálogo con los adversarios siempre se mantuvo en el más alto nivel de respeto. Por eso ahora en crisis como la de Tumaco, esto cobra valor.

El martes pasado, por ejemplo, hubo una reunión durísima con campesinos del Alto Mira, con presencia de Romaña, en la zona de reincorporación de las Farc, donde se pusieron las cartas sobre la mesa. Ellos pedían desmilitarizar la zona, suspender la erradicación forzada y que la Policía se fuera. A todo ello Naranjo respondió que no. Pero como en el fondo hay un grave problema de tierras, se comprometió a acelerar la construcción de una hoja de ruta para las familias de colonos. Una ruta hacia la reubicación que parece ser la única salida y no depende en la parte operativa de Naranjo, sino de la Agencia Nacional de Tierras.

En ese diálogo a Naranjo no solo le importa lo técnico, sino la sensibilidad con la que lo afronta. “Escuchar a la gente alivia tensiones y es como si mitad del problema ya se hubiera resuelto. Lo que veo es a muchos ciudadanos angustiados y con deseo de cambiar sus vidas”, dice. Esas angustias van desde los familiares de los campesinos muertos que no tienen para pagar un funeral hasta los habitantes de los barrios dominados por bandas armadas como Panamá, por donde Naranjo ha caminado para hablar con la gente puerta a puerta.

Este ‘escuchar y caminar’ tiene que ver con que Naranjo cree, como todos los expertos en construcción de paz en el mundo, que la confianza es el principal capital del posconflicto. Este es un valor intangible, pero absolutamente necesario para que una sociedad cambie el chip del conflicto armado y se conecte con el de la resolución civilizada de sus conflictos.

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En cuanto a la transparencia, Naranjo contribuyó en el caso de Tumaco a configurar dos elementos claves para manejar la crisis actual: en primer lugar, sugirió suspender a cuatro policías presuntamente involucrados en la matanza de campesinos, para facilitar la investigación; y en segundo lugar, sugirió cambiar a los policías de la ciudad, dado que en sus recorridos por las calles encontró un verdadero corto circuito entre ellos y la población. Tampoco tuvo problema en ofrecer disculpas a nombre del Estado a los miembros de la comisión humanitaria que ingresó a la zona del conflicto para buscar el cuerpo de una persona reportada muerta allí, que fueron recibidos a golpe de bombas aturdidoras.

Las acciones concretas son un tema más complejo. Naranjo puede empujar y coordinar, pero la realidad depende de las instituciones nacionales y locales. Y ahí existen varios obstáculos burocráticos. Claramente, las instituciones no han logrado adaptarse a la nueva realidad del posconflicto que necesita flexibilidad y rapidez. Tampoco liberarse de las lógicas de la intermediación política, constante en la relación del Estado central con las regiones.

Por eso, aunque hay que reconocer que Naranjo está en la línea correcta de lo que debe hacer el gobierno frente a un problema del tamaño del de Tumaco, también hay que entender que el vicepresidente no hace milagros. Si no hay ajustes institucionales rápidos, el propio Naranjo podría terminar por agotar su capital político en su lucha contra la burocracia y la descoordinación de todas las entidades a cargo de la paz en los territorios.