Judicial
Otoniel asegura que Néstor Humberto Martínez frustró desmovilización del Clan del Golfo
En su declaración ante la JEP, aseguró que hubo acercamientos con el Gobierno de Juan Manuel Santos para la desmovilización de 5.000 hombres de la organización.
En medio de su intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, detalló los acercamientos que el Clan del Golfo intentó hacer para desmovilizarse y adelantar un proceso de paz con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos.
En estos se puso de presente la entrega de armas por parte de 5.000 hombres que hacían parte de la organización criminal. Sin embargo, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no dio las garantías judiciales para una eventual desmovilización, hecho por el cual esta no siguió adelante.
“Cuando eso sucedió estaba el fiscal Humberto Martínez, entonces ahí comenzó el problema del acercamiento que había y por eso se terminó, pero voluntad había para llegar a un acuerdo”, detalló Otoniel en la extensa declaración rendida el pasado martes 21 de diciembre.
Detalló que el jefe del ente investigador “quería sometimiento de una vez, sin tener los muchachos (los miembros del Clan) los beneficios (que se suele otorgar para estos casos), entonces las garantías eran muy poquitas para la negociación”. Esta actitud frustró los acercamientos y las negociaciones.
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Otoniel manifestó su actual intención de someterse ante la JEP e indicó que cumple varios de los requisitos para contribuir a la verdad y reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano.
Estas declaraciones se conocieron durante la intervención de Otoniel en el estudio del expediente 04, que hace referencia a los hechos de violencia que se presentaron en la zona del Urabá antioqueño.
Otoniel fue citado en calidad de testigo debido a que comandó e hizo parte de varias organizaciones que sembraron el terror en esta región en medio de la lucha por el control del territorio para el tráfico de droga.
La voz de las víctimas
En una carta enviada a la JEP por 14 organizaciones reconocidas de víctimas del conflicto armado, estas solicitaron que Otoniel siga rindiendo las declaraciones ante la justicia transicional con el fin de conocer la verdad sobre todos los hechos que se presentaron en la región.
“Esperamos que sea posible en algún momento vernos de manera directa con garantías para usted y nosotros, queremos que nos escuche, que nos vea y que muchas verdades sean por nosotros conocidas directamente. No queremos venganzas ni odios”, expusieron las víctimas del desplazamiento forzado en el Chocó y Antioquia.
Debido a esto, reseñaron el riesgo y la incertidumbre que se presenta ante una extradición del jefe del Clan del Golfo, puesto que, como se ha visto en varias oportunidades, se frustra el conocimiento de la verdad: “Su ida a otro país es pérdida de memoria y verdades territoriales. Es posibilidad de mentiras e impunidad y esto significa más violencia”.
Por esta situación, incluso anunciaron que le enviarán una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el fin de pedir que Otoniel no sea extraditado para salvaguardar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
“Nuestro empeño siempre ha sido que nadie tenga que ser extraditado, o negociar con autoridades de los Estados Unidos o de otros países su vida, o hacer acuerdos para su libertad o la seguridad de sus seres queridos”, reseñaron.
El expediente 04
El caso por el que fue citado como testigo Otoniel hace referencia a los hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles. Estos, ocurrido desde el primero de enero de 1986 y con anterioridad al primero de diciembre de 2016.
En este caso han sido reconocidas 35.174 víctimas.
Otoniel, quien insiste en que él se entregó a las autoridades y no fue capturado, se encuentra privado de su libertad en los calabozos de la Dijín en Bogotá.
En la actualidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudia la solicitud de extradición presentada por una corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, porte ilegal de armas y homicidio.
