Judicial
Alias Otoniel fue citado nuevamente por la JEP, por caso de violencia en el Urabá
El exjefe del Clan del Golfo tendrá que presentarse el próximo 10 de febrero.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó, nuevamente, al cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, para que declare dentro del Caso 04 que hace referencia a la ‘situación territorial de la región de Urabá', durante el conflicto armado interno en Colombia.
Alias Otoniel fue convocado a este caso debido a que la banda criminal que comandó durante décadas sembró el terror en esa región con el tráfico de drogas, homicidios selectivos, extorsiones, amenazas a líderes, lo que generó el desplazamiento forzado de muchas familias.
El exjefe del Clan del Golfo declaró el pasado 22 de noviembre ante la Sala. En su declaración, que duró cerca de cinco horas, narró su participación en varios hechos delictivos, precisando su conocimiento frente a varios casos que tenía en lista la Sala.
Igualmente, reveló que durante el gobierno de Juan Manuel Santos existió una propuesta seria para firmar una desmovilización mediante un acuerdo de paz, pero el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ejerció una presión que no lo dejó prosperar.
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En estos se puso de presente la entrega de armas por parte de 5.000 hombres que conformaban la organización criminal. Sin embargo, Martínez no dio las garantías judiciales para una eventual desmovilización, hecho por el cual esta no siguió adelante.
“Cuando eso sucedió estaba el fiscal Humberto Martínez, entonces ahí comenzó el problema del acercamiento que había y por eso se terminó, pero voluntad había para llegar a un acuerdo”, detalló alias Otoniel en la extensa declaración rendida el pasado martes 21 de diciembre.
Contó que el jefe del ente investigador “quería sometimiento de una vez, sin tener los muchachos (los miembros del Clan) los beneficios (que se suele otorgar para estos casos), entonces las garantías eran muy poquitas para la negociación”. Esta actitud frustró los acercamientos y las negociaciones.
Alias Otoniel manifestó su actual intención de someterse ante la JEP e indicó que cumple varios de los requisitos para contribuir a la verdad y reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano.
En esa misma diligencia, el exjefe del Clan del Golfo contó que no fue capturado por las autoridades, sino que se entregó voluntariamente. Dicha declaración generó una tormenta política, en la cual intervinieron el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, y el presidente Iván Duque.
En la diligencia a la que fue citado (y la cual se extenderá entre el 15 y el 22 de febrero) tendrá que declarar sobre su conocimiento acerca de las actuaciones que ejecutó el Ejército Popular de Liberación (EPL), grupo en el que comenzó a delinquir en la década de los 80.
El Caso 04 “prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP, contra la Fuerza Pública, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles, desde el 1.° de enero de 1986 y con anterioridad al 1.° de diciembre de 2016″. La JEP ya avaló 43.385 víctimas en este expediente.
Alias Otoniel, quien fue capturado el pasado 24 de octubre en un operativo adelantado por el Ejército, la Policía y la Armada en el Urabá antioqueño, exactamente en el cerro Yoki, ubicado entre Necoclí y San Pedro de Urabá, se encuentra recluido en la actualidad en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) en Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad.
En el indictment se plantea la posibilidad de que alias Otoniel sea condenado a cadena perpetua; sin embargo, debido al acuerdo de extradición firmado entre Colombia y Estados Unidos, esta figura está prohibida expresamente.
En su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –la cual generó una gran polémica– alias Otoniel aseguró, entre muchas otras cosas, que por los protocolos de seguridad y protección no ha tenido una comunicación constante ni clara con sus abogados para plantear su defensa frente a lo que viene.
En contra del exparamilitar existen 128 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias por delitos relacionados con secuestro, terrorismo, homicidio, tráfico de drogas, extorsión, entre muchos otros, así como ocho medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
