Francisco Ricaurte queda en libertad por vencimiento de términos

Al cumplirse dos años después de su captura, un juez de circuito de Bogotá dejó en libertad al exmagistrado Francisco Ricaurte. La decisión se da luego de que la defensa solicitara vencimiento de términos ya que fue capturado en septiembre de 2017 sin que hasta ahora exista una sentencia condenatoria en su contra. 

La preparatoria del juicio contra el exmagistrado está andando a paso lento. El escrito de acusación fue radicado el 12 de diciembre de 2017 y desde entonces se extendieron una serie de audiencias que se convirtieron en una amenaza a los términos exigidos por la ley. La mayor talanquera estuvo en las cerca de 14 diligencias que le tomó a la defensa del exmagistrado presentar las 120 solicitudes probatorias para el proceso.

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Uno de los temas que más debate ocasionó en la opinión pública fue la solicitud completa de los audios entregados por la DEA a Colombia, en los que se escuchan las conversaciones sostenidas por el exgobernador Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla. La misma Procuraduría acompañó la petición del abogado Álvaro Luna, defensor de Ricaurte, con el fin de que se dieran a conocer en su totalidad las horas de grabación.

Esta solicitud fue negada por el juez 10 de conocimiento de Bogotá, quien argumentó que la ley impide trasladar como prueba al proceso material cuyo contenido no ha sido destapado en su totalidad porque tiene reserva. También señaló que la defensa de Ricaurte desconoce el contenido de estos audios por lo cual no puede sustentar a ciencia cierta cuál es su pertinencia.

La defensa de Ricaurte también pidió sin éxito que se sentaran en el banquillo de los acusados casi 90 testigos incluyendo allí al expresidente Juan Manuel Santos, a los exfiscales Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez. A los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, entre ellos, los expresidentes de esta corporación José Luis Barceló y Leonidas Bustos.

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Pidió como declarantes a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, al abogado Dagoberto Charry, al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y a los escritores y periodistas Juan Gossaín y Gustavo Álvarez Gardeazabal. También al ex fiscal general Guillermo Mendoza Diago, al exgobernador Juan Carlos Abadía, al secretario de la Cámara de Representantes Juan Pablo Duque, al exsenador Julio Manzur y su hijo, Wadith Manzur. Varios congresistas aparecían en listado como Hernando José Padauí, Germán Varón Cotrino, Jorge Enrique Rozo, entre otros. Hasta el fiscal que lleva el caso Ricaurte, Jaime Camacho Flórez, era llamado a declarar.

De las 120 pruebas solicitadas, alrededor del 70 por ciento fueron desestimadas por el juez. Y fueron necesarias otras siete diligencias para que la defensa apelara la decisión y pidiera que fuera reconsiderada una a una la conducencia, pertinencia y viabilidad de estas peticiones. El exfiscal Gustavo Moreno es considerado el principal testigo en contra de Ricaurte. Él es uno de los que será llamado a juicio para que ratifique los hechos que involucran a Ricaurte con un proceder delictivo. 

La defensa del exmagistrado también planteó un conflicto de jurisdicciones con lo que pretendió que fuera la Comisión de Acusaciones y no la Fiscalía quien lo investigara por las presuntas conductas delictivas por las que se le señala. No obstante, esta petición se resolvió en favor del reclamo del ente acusador, que lo procesa por seis delitos y seis casos judiciales sonados en donde el exmagistrado habría intervenido en favor de los cuestionados. 

En este panorama la Fiscalía pidió a los jueces que negaran la petición de libertad al considerar que con todos estos recursos se habría incurrido en maniobras dilatorias. No obstante, los argumentos fueron rechazados por un juez de segunda instancia que revisó el caso.

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