Otra imputación al exgobernador de la elenopolítica, Facundo Castillo

El exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, detenido en la cárcel La Picota en el sur de Bogotá, en menos de seis meses amplió un listado de investigaciones por hechos de corrupción y presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Son ya cuatro las diligencias de imputación que ha hecho la Fiscalía en contra del exmandatario por casos que dejaron en riesgo los recursos públicos.

La Fiscalía lo capturó luego de adelantar una investigación que dejó al gobernador Castillo como el responsable de crear alianzas con el ELN, para favorecer intermediarios de ese grupo guerrillero con millonarios contratos. El dinero de esos acuerdos terminaba en las arcas de la organización criminal.

Nuevamente, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia presentaron en el Tribunal Superior de Bogotá las evidencias que dejarían a Facundo Castillo como el responsable de otros hechos de corrupción, principalmente durante la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.

“La Fiscalía General de la Nación imputó al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos agravado y peculado por apropiación en grado de tentativa”, dijo la Fiscalía.

En esta nueva oportunidad, la Fiscalía logró establecer cómo en un solo día el exgobernador autorizó a abrir una licitación para adjudicar un contrato por más de 4.400 millones de pesos y que tenía como objetivo entregar kits de ayuda humanitaria a las personas afectadas por la pandemia en el departamento de Arauca.

“Los hechos investigados están relacionados con el trámite y celebración del contrato 198 de 2020, en el que se adjudicó a la firma Multiservicios MAEL SAS ZOMAC la logística y entrega de kits de ayuda humanitaria para la población afectada por la emergencia sanitaria del covid-19 en el departamento, por un valor superior a 4.463 millones de pesos”, señaló el fiscal del caso en la imputación.

Lo que estableció la Fiscalía es que el gobernador abrió la licitación y 24 horas después la cerró, este extraño movimiento legal limitó el proceso a un solo proponente, el mismo que se ganó el millonario contrato. Luego se conoció que el representante legal de la firma contratista resultó ser alguien cercano al exmandatario.

“Los elementos de prueba indican que el gobernador Castillo Cisneros firmó un decreto, el viernes 3 de abril de 2020, en el que habilitó el fin de semana inmediato para realizar el proceso de contratación. En ese sentido, el sábado 4 de abril se abrió invitación pública y el domingo 5 abril, a las 5 p. m., se cerró el plazo para recibir propuestas”, se conoció en las audiencias.

Como si fuera poco, además de abrir todas las posibilidades para que un solo proponente se presentara a la licitación y en tiempo récord se quedara con el contrato, los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, identificaron sobrecostos superiores a los 200 millones de pesos en los productos comprados por el contratista.

Al igual que en otras imputaciones, el gobernador Facundo Castillo se declaró inocente de los cargos que fueron imputados por la Fiscalía y que por ahora lo mantienen privado de la libertad.