Judicial
Otro escándalo salpica a Alejandro Lyons; pliego de cargos por irregularidades en contratos para atender a niños con síndrome de Down
La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Córdoba, así como para el exsecretario de Salud departamental Edwin de Jesús Preciado Lorduy.
El Ministerio Público profirió pliego de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus (2012-2015), y el exsecretario de Salud departamental, Edwin de Jesús Preciado Lorduy (2015), en relación con presuntas irregularidades en la contratación de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para brindar terapias de neurodesarrollo a niños con síndrome de Down.
De acuerdo con la investigación en curso, los entonces funcionarios habrían omitido el procedimiento de selección objetiva, que les hubiera permitido escoger la oferta más favorable para el departamento. En lugar de eso, “contrataron directamente a las IPS que debían brindar ese servicio”.
Además, se alega que a través de la firma de un acta se habría establecido un costo fijo de 2 millones 250 mil pesos por el paquete integral de 100 terapias por paciente, sin aparentemente cumplir en su totalidad con los requisitos exigidos en la norma que regula las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables de los pagos (Decreto 4747 de 2007).
El Ministerio Público investiga a Lyons por una presunta omisión en su función de control y vigilancia de las diferentes etapas del proceso de contratación, lo que, según la Procuraduría, “pudo haber posibilitado la vulneración de los principios de transparencia y legalidad que debían guiar la práctica contractual del Estado”.
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Por su parte, Preciado Lorduy habría sido el responsable de suscribir y verificar la ejecución de los contratos firmados con las diferentes IPS. Como resultado de estos hechos, la Procuraduría ha calificado la presunta conducta de los dos investigados como una falta grave cometida a título de culpa gravísima. El proceso continuará su curso legal mientras se investigan las acusaciones de irregularidades en la contratación de terapias para niños con síndrome de Down en el departamento de Córdoba.
Los dos casos que enredan Alejandro Lyons
El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons continúa sumido en una serie de enredos y problemas legales que parecen no tener fin. En primer lugar, se encuentra bajo la lupa en relación con el escándalo conocido como el ‘Cartel de la hemofilia’, como se denominó el caso de corrupción que prevaleció en la Gobernación de Córdoba durante su mandato.
Este escándalo, que operó entre 2013 y 2017, buscaba lucrarse a costa del tratamiento de una enfermedad rara, la hemofilia. Las IPS en Córdoba, aparentemente, falsificaron registros y crearon pacientes “fantasma” con esta afección, lo que les permitió cobrar por tratamientos y medicamentos que no estaban cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS) del Ministerio de Salud, sino por la Cuenta de Alto Costo (CAC). Dos IPS involucradas en esta trama son la IPS San José de la Sabana y la IPS Unidos por su Bienestar, responsables de la supuesta atención de 196 pacientes con hemofilia entre 2013 y 2015.
No obstante, el entramado de Lyons no termina ahí. También enfrenta un proceso por su supuesta implicación en el llamado ‘Cartel de la toga’, el escándalo de los pagos en la rama judicial para entorpecer o desviar procesos.
Según la investigación del Ministerio Público, Lyons habría entregado 30 millones de pesos a Camilo Tarquino, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de influir en los magistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, quienes –a su vez– presuntamente intervinieron en procesos penales que lo involucraban. En un segundo cargo, Lyons es investigado por la entrega de 600 millones de pesos al entonces senador Musa Besaile Fayad, dinero que, aparentemente, fue destinado a sobornar al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y evitar que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en un caso por parapolítica.
El Ministerio Público alega que Lyons era consciente de que estos pagos se realizaban en el marco de actividades ilícitas y no tomó medidas para denunciarlos ante las autoridades pertinentes, permitiendo que estos continuaran hasta al menos 2017.
Después de que su participación en el escándalo del ‘Cartel de la hemofilia’ saliera a la luz, Alejandro Lyons se refugió en Miami, Estados Unidos, donde se convirtió en testigo colaborador en el caso ‘Cartel de la toga’.
