NACIÓN
Pablo Catatumbo y otros 14 exFarc deberán responder por 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas
Por primera vez, la JEP responsabiliza de este tipo de delitos de manera directa a un antiguo miembro del secretariado de esa guerrilla.
Por primera vez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado a Pablo Catatumbo y a otros 14 exjefes de las Farc.
Se trata del Caso 02, que prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan, principalmente, a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño.
La imputación incluye delitos tan graves como violaciones y esclavitud sexual contra mujeres y niñas al interior y fuera de la guerrilla. Así mismo, responsabiliza por casos de violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+.
La JEP identificó 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas cometidos entre 1990 y 2016. En ese mismo lapso hubo 254 víctimas directas de violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.
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De acuerdo con la JEP, “en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, las unidades investigadas de las extintas FARC-EP, naturalizaron la violencia sexual y de género como una forma de ejercer control social y territorial sobre la población civil, constituyendo una política tácitamente autorizada”.
La JEP señaló que en estos municipios del departamento de Nariño, las Farc exterminaron y persiguieron a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
Por lo anterior, la JEP también le imputó a estos 15 ex-Farc de la Columna Móvil Daniel Aldana, Columna Móvil Mariscal Sucre y el Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano, por su responsabilidad en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como homicidios, reclutamiento de menores, desaparición forzada, masacres, reclutamientos y confinamientos forzados, entre otros crímenes de lesa humanidad.
“Pese a los ataques de los actores armados contra la población civil, el Pueblo Negro Afrocolombiano, los Pueblos Indígenas, las mujeres y niñas, las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, las comunidades campesinas y las poblaciones urbanas y rurales han construido, mantenido y fortalecido sus procesos organizativos y comunitarios para resistir y afrontar las dinámicas de la guerra y la violencia ejercida por los grupos armados, que acentuaron la discriminación económica, social, patriarcal y colonizadora que se mantiene desde la invasión de sus territorios y que amenaza su pervivencia física, cultural y espiritual”, recalcó la JEP.
La JEP también destacó que en estos municipios priorizados, el 90% del total de la población se reconoce como parte de algún Pueblo Étnico y el 78.6 % del territorio es ancestral y colectivo. Hasta el momento, la JEP ha acreditado 105.241 víctimas, 30 consejos comunitarios afrocolombianos, 84 consejos y resguardos indígenas, una organización de campesinos y seis organizaciones de víctimas.
Pablo Catatumbo, cuyo nombre de pila es Jorge Torres Victoria, es actualmente senador de la República por el partido Comunes por segundo periodo consecutivo.
Por estos crímenes, la JEP también responsabilizará al exjefe del Bloque Occidental, Edgar López Gómez, alias Pacho Chino, quien también participó en las negociaciones del Proceso de Paz en La Habana.
Durante la rueda de prensa que dieron los magistrados de la JEP para anunciar esta importante decisión, el presidente de la Jurisdicción señaló que se trata de “la investigación más grande que ha realizado la JEP hasta ahora”.
Los imputados por la JEP tendrán ahora 30 días para responder a esta imputación, manifestando si están o no de acuerdo con la misma. El objetivo es que reconozcan su responsabilidad y contribuyan a reparar a las víctimas de este tipo de hechos.
