Pablo Escobar: el caso de tres bienes del capo que terminaron enredados en un pleito judicial con el Estado

El ingeniero y empresario Luis Jaime Salazar compró tres propiedades en 2008 que pertenecían al capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar. Las propiedades que compró, a través de una subasta, pertenecían a la sociedad Valencio Henado, que en 2003 fue embargada y extinguida por ser parte del societario de la familia de Pablo Escobar.

Las propiedades que Salazar adquirió fueron una bodega, la mitad de un local bodega, y una oficina. Por lo que se sabe, el empresario entregó tres cheques por $1.938 millones, valor total de los inmuebles. Ese valor fue girado a la cuenta del liquidador Pablo Arango, quien era el designado por la Dirección Nacional para administrar la sociedad Valencia Henao, según El Espectador.

Sin embargo, el ingeniero le contó al medio que, aunque parecía cerrado el negocio, este no se firmó oficialmente, pues según Salazar la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no ha aprobado el trámite y no ha firmado las escrituras de las propiedades para realizar el traspaso.

Como contó el ingeniero al medio, luego de hacer una pequeña investigación por el enredo de la firma, Salazar se dio cuenta de que el 50 % del local y la oficina que había comprado, estaban embargadas porque la sociedad Valencia Henao figuraba con una demanda civil.

A esto se le suma que la oficina y los parqueaderos que había comprado tenían una deuda con la administración de la construcción por $245 millones, poco más del valor por el que las adquirió.

En 2011, se levantó el embargo de las propiedades, por lo que Salazar pensó que su problema podría ser resuelto, pero la liquidación de la DNE y todos los bienes pasaron a la SAE.

Cabe resaltar que en 2014, cuando la SAE entró en operación, los trámites se activaron. Sin embargo, por falta de respuesta para firmar las escrituras, Salazar interpuso una demanda que llegó al Consejo de Estado. Según “El Espectador”, en ese momento la SAE suspendió el pago de cánones a favor de Salazar, argumentando que la sociedad no podía demostrar el pago del empresario por los inmuebles.

No obstante, a pesar de que el ingeniero perdió en los estrados, en 2019 una tutela logró que la vicepresidencia del Banco Agrario le enviará una certificación del ingreso del dinero a las cuentas autorizadas por la DNE. Gracias a esta prueba el empresario presentó ante la SAE la petición para la suscripción de las escrituras. Pero, de nuevo, la SAE se negó.

Ante los hechos, la Sociedad manifestó que existieron muchos inconvenientes por el proceso, argumentando, entre muchas cosas, que el ingeniero depositó la consignación a Pablo Arango, y que la validación de la liquidación de los ingresos tardó mucho tiempo en ser entregada.

No obstante, según información entregada por parte de la SAE a El Espectador, se decidió en sesión que se aprobara la escrituración de la bodega y el local a favor de Salazar; sin embargo, por el lado de las oficinas, el proceso sigue en un proceso de demanda por parte del administrador del edifico por cuotas pendientes.