Consejo de Estado tumba “megapensión” de Pablo Victoria

En una decisión llena de tropiezos, el Consejo de Estado por fin cerró el capítulo del excongresista Pablo Victoria y tumbó su "megapensión" de más de 26 millones de pesos. 

En una polémica decisión hace un año, este tribunal, con ponencia de Marco Antonio Velilla, había ordenado el pago por encima del tope desconociendo la histórica sentencia de la Corte Constitucional que les puso tope a esas mesadas. Sin embargo, ahora el alto tribunal reitera que el límite de la pensión de los congresistas es de 25 salarios mínimos.

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Con esta decisión, la Sección Primera del Consejo de Estado da un espaldarazo al Fondo de Previsión Social del Congreso, que hizo un reajuste automático de la pensión del excongresista, aplicando el fallo del 2013 de la Corte Constitucional, con el fin de garantizar la equidad y la sostenibilidad del Sistema General de Pensiones.  

La decisión del Consejo de Estado es clara en señalar que aplicar un tope equivalente a casi 18 millones de pesos no vulnera el mínimo vital o el de su núcleo familiar, o que no se esté asegurando la protección de los derechos de las personas de la tercera edad, como lo argumentaba el excongresista.

Entre los obstáculos que tuvo que pasar esta decisión estuvo el impedimento de las magistradas María Claudia Rojas y Marha Elizabeth García, que por haber sido rechazado sin la mayoría necesaria terminó invalidando parte del proceso.

Esto llevó a que la decisión defintiva quedara en manos de los conjueces Gustavo Cuello Iriarte y José Antonio Lizarazo. A la demanda instaurada por Victoria se unió el excongresista Tiberio Villarreal, quien pidió ser reconocido como coadyuvante porque consideraba que esta decisión podía ser útil en su propio caso pensional. 

Este es un cambio de dirección en la línea del Consejo de Estado, que en el pasado revivió las ‘megapensiones ’de siete excongresistas por no haber sido notificados del reajuste de manera adecuada por parte de Fonprecón. Por esto, este precedente termina siendo clave ya que el alto tribunal reconoce que las megapensiones atentan contra el principio de sostenibilidad fiscal y hace extensivo el fallo de la Corte a los exparlamentarios.