PACTO ANTISERRUCHO

Desde que hace tres años Transparencia Internacional, una ONG con capítulo en 70 países,
empezó a impulsar los pactos de integridad por todo el mundo, la etapa más difícil siempre fue convencer a
los gobiernos de que éstos eran necesarios. Por eso es que los miembros de Transparencia quedaron muy
sorprendidos al ver que por primera vez un gobierno los solicitaba. Y fue precisamente el gobierno
colombiano, que a través del vicepresidente, Gustavo Bell, no solo los contactó sino que incluyó esta figura
en el Plan Nacional de Desarrollo, abriendo la puerta para su uso en Colombia.¿Pero qué es un pacto de
integridad? Se trata de una herramienta inventada por Transparencia Internacional, la principal ONG del
mundo en materia de lucha contra la corrupción, para 'blindar' licitaciones públicas y garantizar que no
haya corrupción. Se diseña en forma exclusiva para cada licitación y compromete a todas las partes, tanto
licitantes como funcionarios gubernamentales. Hasta ahora en todo el mundo solamente se han firmado dos
pactos en Argentina, uno en Ecuador, uno en Panamá y uno en Colombia. Y en el país lo hizo el
Ministerio de Comunicaciones para el programa de Telefonía Social Compartel, una licitación de 80 millones
de dólares. Se trata de un subsidio por parte del gobierno a varias empresas para que presten el servicio de
telefonía pública en zonas rurales, garantizando de antemano el mantenimiento de las líneas por 10 años.
Lo que hace el pacto de integridad es obligar a las partes a ir más allá de la ley. Y en este caso los firmantes
se comprometieron a cumplir unas reglas de juego que todos ellos ayudaron a diseñar. Por ejemplo, cada
una de las propuestas debe estar firmada en todas sus hojas por otros contrincantes en la licitación de tal
manera que las páginas no puedan cambiarse. También a no pedir la revisión posterior del subsidio para evitar
la tradicional trampa de ganar con un precio bajo y luego solicitar un aumento.Pero el compromiso no termina
ahí. Los proponentes convinieron en entregar sus balances a Transparencia Internacional para que esta
entidad verifique que no han hecho pagos por debajo de cuerda a terceros. Y también se pusieron de acuerdo
en los 'dientes' del pacto. Quien incumpla lo estipulado se compromete a abstenerse de participar en
cualquier licitación en Colombia durante los próximos cinco años. El juez, por supuesto, es Transparencia
Internacional.Al igual que los proponentes, los empleados del Ministerio también se comprometieron.
No trabajarán para ninguna de las empresas proponentes durante los próximos cinco años. Esto a pesar de
que el sector de telecomunicaciones en Colombia es reducido y que con esta decisión su campo de acción
en materia laboral se restringe considerablemente hacia el futuro.Todo esto, en plata blanca, significa una
cosa: romper el círculo vicioso según el cual todas las licitaciones en Colombia son amañadas, y por lo tanto
hay que hacer trampa desde el comienzo. Como dijo a SEMANA el presidente de Transparencia Internacional
en Colombia, Juan Lozano, "se acaba el mito de que la corrupción es una maldición genética de los
colombianos y que estamos fatalmente condenados a ser corruptos".Antanas Mockus fue otro de los
partícipes del acuerdo ya que está colaborando con la vicepresidencia en forma voluntaria. Según Mockus,
la importancia del acuerdo es que todos aceptaron las reglas comunes y generaron confianza. Así el
Ministerio puso la propuesta en Internet para que cualquiera la consultara, dando por terminada la vieja práctica
de que todos los pliegos deben ser secretos. Como dijo a SEMANA Rosa Inés Ospina, directora de
Transparencia Colombia, "todos fueron consultados y así se logró el consenso". Los firmantes fueron:
Global Village Telecom, Edatel, Henderson Park Industries, Vitacom Systems, Telecom, Empresa de
Telecomunicaciones de Cundinamarca, Hughes Network Systems, Telecomunicaciones de Pereira,
Empresas Públicas de Bucaramanga y Telecomunicaciones del Valle.Pero este episodio no va a
terminar con esta licitación del Ministerio de Comunicaciones. Por el contrario, hay 28 solicitudes más, entre
las más avanzadas la de la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente por parte del Distrito
Capital y la privatización de ISA e Isagen por parte del Ministerio de Minas. Por lo tanto, este gobierno
parece haber logrado encontrar para las licitaciones públicas el tan anhelado árbitro internacional que le ha
faltado al proceso de paz. Y en este caso su nombre es Transparencia.