¿Pacto de silencio? Varios citados por la Fiscalía en caso Sarabia, poligrafía y chuzadas, se negaron a hablar

Las cinco líneas de investigación que abrió la Fiscalía, luego del escándalo revelado por SEMANA, incluyen un proceso por la muerte del coronel Óscar Dávila, el robo al apartamento de Laura Sarabia, las pruebas de poligrafía a la exniñera, las interceptaciones ilegales de la Dijin y las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente.

En el marco de esas investigaciones, la Fiscalía programó una serie de diligencias de declaraciones, también de interrogatorio, para los principales protagonistas en este escándalo que arrancó con la prueba de poligrafía ilegal a Marelbys Meza, entonces niñera de la exjefa de gabinete del gobierno nacional, en los sótanos frente a la Casa de Nariño y sin ninguna asistencia legal.

Los primeros en ser convocados a estas diligencias fueron los patrulleros que solicitaron a la Fiscalía la interceptación de las comunicaciones de Marelbys. Se trata de investigadores de la Policía Nacional que, de acuerdo con la Fiscalía, entregaron información falsa con tal de recibir la autorización para las interceptaciones.

Uno de los uniformados, que tenía programada una diligencia de interrogatorio, decidió guardar silencio, como un derecho y estrategia de defensa, de acuerdo con lo que manifestó su abogado, Miguel Ángel del Río, tras insistir que no existen garantías en la Fiscalía para esta investigación, luego, según su dicho, de las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa.

Posteriormente, se conoció que los otros uniformados, que resultaron protagonistas en este escándalo y que también fueron citados por la Fiscalía, tomaron el mismo camino, guardar silencio como estrategia defensiva y ante la hipótesis criminal que plantea el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, las interceptaciones se solicitaron con información falsa y las pruebas de poligrafía, no tenían otro objetivo que establecer el paradero de un dinero, no una urgencia de seguridad nacional, como lo anticipó la seguridad presidencial en un comunicado.

Hace unos días la Fiscalía reveló el listado de personas que tendrían que asistir al ente acusador a diligencias de declaración, entrevista e interrogatorio con abogado. Entre los convocados estaban el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República. Ninguno asistió, el primero por considerar que no podría ser entrevistado en su condición de abogado y el segundo, porque estaba de viaje con el presidente.

Posteriormente, en el mismo listado, que presentó la Fiscalía, estaba el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, vinculado al capítulo de las interceptaciones ilegales; el oficial designó en su defensa al abogado Miguel Ángel del Río y, de acuerdo con fuentes del ente acusador, también tomó la determinación de guardar silencio como estrategia de defensa.

Esta semana se tienen programadas varias diligencias en la Fiscalía en los cinco capítulos de investigación que tiene el ente acusador, entre ellas la entrevista a Laura Sarabia, la declaración jurada de su esposo, su conductor y quien trabajaba en su esquema de seguridad. Todos en el marco de las investigaciones por el hurto al apartamento de la exjefa de gabinete y las pruebas de poligrafía.

El próximo miércoles será el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la seguridad presidencial, quien tendrá que asistir con su abogado a una diligencia de interrogatorio, justamente por el capítulo de la poligrafía hecha a Marelbys Meza. A través de su defensa, el oficial aseguró que va a asistir y demostrará su inocencia.

“Defenderemos su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa, el debido proceso y demás garantías fundamentales… Confiamos en la imparcialidad de la administración de justicia, en este caso y en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y en la etapa de indagación preliminar en la que nos entramos”, dijo el abogado Marlon Díaz, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas.

El ente acusador espera que las personas citadas no solo cumplan con los compromisos que tienen con la justicia, sino que además entreguen las versiones de lo que conozcan en aras de permitir que el ente acusador avance en las investigaciones y pueda esclarecer los hechos que perturbaron tanto el país.