Padre del registrador nacional fue condenado en 2013 por compra de votos

Sin lugar a dudas el nombre del registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, ha sido uno de los más mencionados en las dos últimas semana. Tras las notables y considerables fallas en la página web de la Registraduría el 13 de marzo, día de las elecciones para Congreso y coaliciones presidenciales, se sumó el desorden en las mesas de votación, la designación de jurados y demás que mancharon la jornada.

Como si fuera poco, la demora en la entrega de los resultados y las deficiencias en los registros de los formularios E14 pusieron en tela de juicio la transparencia de las votaciones. En medio de la tormenta por un presunto fraude electoral, el registrador Nacional anunció que pediría un reconteo pero al final se echó para atrás.

Mientras unos exigen su renuncia por no dar las garantías, otros piden que se le investigue un hecho, hasta ahora desconocido, en el que estuvo presuntamente relacionado el papá del Registrador y que pocos conocían. En 2013, Campo Elías Vega Goyeneche, padre de Alexander Vega, había sido condenado por el Tribunal Superior de San Gil por el delito de corrupción de sufragante como cómplice.

Los hechos materia de investigación se registraron en abril de 2004, cuando se adelantaron en los municipios de Carurú y Taraira, en unas elecciones atípicas para la Gobernación del Vaupés. En esa oportunidad se presentaron como candidatos Wilson Ladiño Vigoya y José Leonidas Soto Muñoz.

Vega Goyeneche fue designado para “adelantar y manejar política y financieramente” la campaña en la población de Carurú, porque él era oriundo de ese municipio. “Campo Elías Vega Goyeneche (...) había declinado su aspiración a la gobernación para abrirle paso a Ladino Vigoya, convirtiéndose así en la persona que estuvo al frente de la actividad proselitista”.

Por su reconocimiento en la comunidad ―esto por los cargos públicos que ocupó― Vega Goyeneche era el encargado de liderar la campaña. El mismo ―según reposa en el expediente― acordó con el candidato Wilson Landiño “la compra de votos para derrotar al rival Soto Muñoz”. Para lograr tal fin supuestamente se hizo una división de tareas se determinó que el candidato ofrecería el dinero y Vega la entregaría.

“(...) previo la entrega de un papel que él firmaba en el que se leía ‘abril 24/04 Dr. Campos favor colaborarle a la portadora con $100.000 o ‘abril 24/04′ Dr. Campos favor colaborarle a la señora con la cantidad que solicita”, rezaba uno de los papeles que firmaba Vega y que fue una prueba fundamental en su caso.

En fallo de primera instancia, emitido el 7 de diciembre de 2009, el juez promiscuo de Mitú declaró inocente a Vega. Tras resolver una apelación radicada por la Fiscalía General, el Tribunal Superior de San Gil revocó la decisión y lo condenó a 22 meses y una multa de 54 salarios mínimos mensuales legales.

La defensa de Vega radicó una casación ante la Corte. Con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, el alto tribunal inadmitió la demanda al considerar que no se habían presentado nuevas pruebas para revisar el caso, tampoco se demostró que se le vulneraran sus derechos al debido proceso o a la defensa.