Palacio de Justicia: a 40 años condenado coronel (r) Edilberto Sánchez

Este martes se terminó de escribir otro de los tantos capítulos de la toma del Palacio de Justicia. Lo hizo el juez 52 penal del Circuito de Bogotá, quien condenó en primera instancia a 40 años de cárcel al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por su responsabilidad en la desaparición de civiles que tuvo lugar en esa época.
 
La misma pena se le impuso al mayor (r) Óscar William Vásquez, quien, como Sánchez, había sido vinculado a la investigación por estos delitos desde el 2006.
 
El coronel (r) fue hallado responsable de la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y la de Bernardo Beltrán, quien por esa época trabajaba en ese mismo establecimiento. El mayor (r) Vásquez también fue declarado responsable de la desaparición de estas dos personas y de la de la guerrillera Irma Franco.
 
En la misma decisión fueron absueltos los sargentos (r) Ferney Causayá, Luis Fernando Nieto y Antonio Rubay Jiménez, quienes, al igual que sus dos excompañeros condenados, integraban el B-2 de la Brigada XIII del ejército.

Estos cinco exuniformados habían sido vinculados a la investigación que adelantaba la Fiscalía desde hace casi una década. La entonces llamada ‘fiscal de hierro’, Ángela María Buitrago, los consideraba sospechosos de los actos de desaparición que se produjeron tras la toma del Palacio de Justicia, por ser ellos los responsables de cumplir labores de interrogatorio a las que habrían sido sometidas los empleados de la cafetería.
 
Según la información recolectada por la funcionaria, los responsables de tareas de inteligencia, como el B-2 y el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), eran lo encargados de verificar si entre los rehenes que eran trasladados al lugar donde funcionaba el centro de mando del operativo eran guerrilleros o probables colaborados de la insurgencia.
 
Ese centro de operaciones era La Casa del Florero. Como se cree que las personas que fueron reportadas desaparecidas salieron con vida del Palacio y conducidas a ese lugar, las investigaciones apuntaron a que el excomandante del B-2 y algunos de sus subalternos fueron protagonistas de excepción en la comisión de ese delito.
 
Adicionalmente, era conocido que el lugar donde se adelantaban los interrogatorios a personas detenidas que eran conducidas a la Escuela de Caballería, por esos años, estaba a cargo del B-2. Teniendo en cuenta los testimonios de personas que dijeron haber sido conducidas a ese lugar, donde fueron interrogadas y torturadas y atendiendo a lo dicho por algunos militares, la Fiscalía concluyó que los agentes del B-2 implicados fueron responsables de estos de desaparición.

¿El juicio más largo de la historia?
 
Hace casi una década que los cinco procesados fueron vinculados al caso. Sin embargo, sólo a finales del 2008 empezaron a ser juzgados. Eso significa que el juicio tardó cerca de siete años. Además, estuvo a cargo de tres despachos judiciales distintos
 
El proceso se inició ante la juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, la misma que juzgó y condenó en primera instancia al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y que absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero.
 
Después de casi tres años de juicio, Trejos se vio obligada a marginarse del proceso. Lo hizo tras declararse impedida por haber juzgado al general (r) Arias. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que aceptó el impedimento, repartió el caso nuevamente, que quedó en manos del Juzgado 55 de descongestión.
 
El alto número de pruebas y una decisión del Consejo Superior de la Judicatura impidieron que ese proceso terminara en el Juzgado 55. Antes de ponerle punto final a esa actuación, el Consejo Superior decidió no renovar la descongestión para esa oficina, y de ahí la necesidad de repartir el caso por tercera vez.
 
Finalmente, el Juzgado 52 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento asumió el reto. Tras dos intentos fallidos, el caso llegó a un punto final, que se cierra con la condena del coronel (r) Sánchez Rubiano y el mayor (r) Óscar William Vásquez, la más alta que se ha emitido desde cuando militares que participaron en la recuperación del Palacio empezaron a ser juzgados por desaparición forzada.
 
Lo que sigue en el proceso
 
Con esta sentencia se cierra la fase de juzgamiento de los militares que fueron vinculados a los casos de desaparición que fueron investigados en una primera fase. Sin embargo, no se descarta que estos y otros exuniformados vuelvan a los estrados judiciales por el mismo caso.
 
Y se dice que los mismos y otros podrían tener que volver a responder por estas actuaciones teniendo en cuenta que, como en los casos de Plazas Vega y de Arias Cabrales, la justicia anuló todo lo actuado en los procesos adelantados por la desaparición de los ocho restantes civiles.
 
Eso significa que deben continuar las investigaciones que se adelantaban por la desaparición de Luz Mary Portela, David Suspes, Cristina Guarín, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola.
 
Torturas y homicidio
 
La desaparición forzada de personas no es el único ilícito que está investigando la Fiscalía. El organismo investigador abrió otro frentes de indagación, entre los que se cuenta el homicidio del magistrado Carlos Horacio Urán y las torturas que se habrían infligido a otras 11 personas.
 
Por el primer caso, ya fueron llamados a indagatoria en el 2010 los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández y Carlos Alberto Fracica. En ese proceso, se espera que la Fiscalía determine si dicta medida de aseguramiento contra los tres oficiales (r) y si decide llamarlos a juicio.
 
Frente al segundo episodio, el de las torturas, el ente investigador llamó a indagatoria a 14 militares (r), entre quienes se cuentan los indagados por el caso Urán y a los agentes del B-2 que acaban de ser juzgados por desaparición.