Hallan los restos de tres desaparecidos del Palacio de Justicia

Treinta años después de una de las tragedias que más han enlutado al país, se empiezan a cerrar algunas de esas dolorosas heridas. Tres de las tantas familias que quedaron marcadas para siempre con la toma del Palacio de Justicia encontraron por fin una esquiva cita con sus seres queridos y empiezan a vivir -desde hoy- un duelo que esperaron desde tres décadas atrás.

El Instituto Nacional de Medicina Legal identificó los restos de Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela León, tres de los 11 desaparecidos por los que se encuentran tras las rejas dos oficiales (r) del Ejército Nacional.

Estamos a dos semanas de la conmemoración de la toma del Palacio de Justicia, quizás el más doloroso episodio de una de las tantas guerras que libró el país en los 80. Las imágenes de los imponentes tanques de guerra derrumbando la entrada principal del edificio y el dolor de esa inolvidable jornada –como emblema imborrable de la impactante escena- parecen encontrar por fin un cauce de reencuentro con la verdad. Desde tempranas horas de la mañana de este martes familiares de las tres personas desaparecidas están siendo notificados del importante hallazgo.

Los restos fúnebres encontrados fueron producto de exhumaciones adelantadas en el Cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, y el cementerio del Sur, y corresponden a los de dos personas que trabajaban en la cafetería del Palacio el día del asalto y al de una mujer que aspiraba a laborar en la Corte Suprema de Justicia y de la cual, hasta hoy, se desconoció su paradero. Los restos encontrados de las tres mujeres yacían en fosas en las que habían sido enterradas otras personas que sí se encontraban plenamente identificadas.

La identidad de uno de esos cuerpos corresponde a Cristina Guarín, quien fue encontrada en una tumba del Cementerio Jardines del Recuerdo, al igual que Luz Mary Portela León. Ambas trabajaban en la cafetería ese 6 de noviembre de 1985, en el que guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio con el propósito de enjuiciar políticamente al presidente de la época, Belisario Betancur. La primera reemplazaba a Cecilia Cabrera, esposa del administrador de la cafetería, que apenas un mes atrás había dado a luz a una niña; la segunda también se encontraba sustituyendo su madre en las labores de camarera que esta realizaba.

La tercera persona desaparecida fue hallada por el Instituto en una nueva excavación que se adelantó en el Cementerio del Sur (en Bogotá). Se trata de Lucy Amparo Oviedo, quien asistió esa mañana al edificio donde operaban las máximas exponentes de la justicia colombiana, donde sostendría una entrevista de trabajo con el presidente de la Corte Suprema de la época, el inmolado padre del actual ministro de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Fuentes consultadas por Semana.com indican que los testimonios del exagente de Inteligencia del Ejército Bernardo Garzón Garzón dieron un curso distinto a la búsqueda que hacía la Fiscalía, a través de Medicina Legal y organismos de Policía Judicial. Se dice, por ejemplo, que fue gracias a sus declaraciones que se estableció la existencia de otras 16 fosas en Cali (Valle), Bogotá y Soacha (Cundinamarca), donde probablemente se podía ubicar a víctimas del Palacio de Justicia que se encontraban desaparecidas.

Esto demostraría que lo que Garzón aspiraba a contar en el Parlamento Europeo en mayo del 2006 sí podría haber aportado la gran dosis de verdad de la que tanto carecía este proceso. Su detención en enero del 2014, según estos resultados, demostraría lo valioso del testimonio del sargento (r) para el proceso, quien por años permaneció en la clandestinidad.

Lo que queda sin resolver 

Si bien la noticia se recibe como una victoria personal sin precedentes para estas tres familias, las preguntas sin responder son todavía más. Aparte de los provechos políticos que puedan perseguir los gestores del hallazgo, no queda claro aún si los cadáveres de estas personas permanecieron a la sombra del mundo y especialmente de sus seres queridos con el fin de ocultar vejámenes, torturas y otros excesos que pudieron haberse cometido en su contra. Tampoco prueba que no se trate de un caso de desaparición forzada.

De hecho, no se sabe si al haber sido encontrados los cuerpos de estas mujeres, los oficiales detenidos por estos hechos quedan libres de sospecha o, por el contrario, más involucrados aún en los hechos delictivos que siguen en investigación.

Así, la Corte Suprema señalará si el hallazgo constituye una prueba sobreviniente a tener en cuenta dentro de los expedientes del coronel (r) Alfonso Plazas y del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, hasta ahora los únicos condenados por el caso. Sin embargo, la Fiscalía también deberá valorar este escenario, para determinar si estos dos oficiales deben enfrentar una nueva investigación o si se hacen beneficiarios del archivo de la causa penal que se sigue en su contra.

En 30 años, es mucha la desconfianza que se siembra en las víctimas, sobre todo si se tiene en cuenta que han sido víctimas de amenazas o han visto a morir a quienes han pretendido darles la mano en su puja por alcanzar la verdad. Eso le pasó al abogado Eduardo Mendoza, quien en hechos aún por esclarecer fue asesinado a tiros en su apartamento de Bogotá, pocos días después de conseguir que la Fiscalía exhumara los cuerpos de los cadáveres que, tras la toma, fueron conducidos a una fosa común del Cementerio del Sur.

Refiriéndose a esa misma excavación, en la que participó la Universidad de Granada (España), los familiares de los desaparecidos se preguntan por qué en esta ocasión no se contó con un actor neutral que vigilara la actuación, como en aquella época. Desconfían de que estas excavaciones en las que fueron encontrados los suyos se hayan producido a espaldas de la comunidad internacional y claman para que en el futuro esas búsquedas sólo se puedan adelantar con la presencia de un garante internacional.

De hecho, el temor de quienes hoy reciben con gratitud la noticia sobre el paradero de los suyos es terminar siendo víctimas de las estigmatizaciones. Saben que sus agresores pueden utilizar este hecho en su contra y hacerlos ver ante la opinión como falsas víctimas interesadas exclusivamente en desangrar las arcas del Estado. La verdad es que el hallazgo no prueba que estas personas no hayan sido víctimas de desaparición forzada, aunque tampoco evidencie que lo hayan sido.

Además, tampoco ven con buenos ojos que el silencio sepulcral que rodeó el caso durante los últimos cinco años haya sido el preámbulo de semejante noticia. Para ellos, si no fuera por la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no habría habido ningún avance significativo. De hecho, hasta critican que en el marco de su defensa el Estado colombiano haya propuesto como testigo a una mujer a la que la juez del caso Plazas Vega pidió investigar por falso testimonio.

Se trata de María Nelfy Díaz, quien al final no fue interrogada en el juicio internacional contra el país, pero tampoco investigada, como lo pidió la titular del Juzgado. Es la misma mujer que dijo haberse reconocido en una imagen de la época en la que soldados llevan a cuestas a una mujer vestida con falda escocesa, a fin de desmentir la presencia de Cristina Guarín entre las personas que fueron vistas salir con vida del Palacio.

Del lado de las familias de los desparecidos, como del lado de las de los militares, hay razones para desconfiar. De los primeros, la situación salta a la vista: 30 años en los que –en medio de amenazas, recriminaciones y presiones de todo tipo- intentaron encontrar explicación de lo que le sucedió a sus seres queridos.

No faltó quien no acudiera a medidas desesperadas, como la de empuñar las armas, no se sabe si para exigir una reivindicación social que hiciera glorioso el nombre de su hermana o solo para vengarla. Cierto o no, fue un sacrificio humano y noble el que ofreció René Guarín al internarse en las filas del M-19, como respuesta al golpe. Iguales de valederos o al menos respetables pueden interpretarse los sentimientos de las familias de los militares detenidos o que expusieron sus vidas por culpa de este doloroso episodio.

¿Quién actuó bien o quién lo hizo mal?

No lo sabe ni la justicia. Tampoco resulta determinante para no poder ver que en uno como en otro caso lo que reina es un dolor que se ha podido evitar y que muchos buscan tratar de no volver a provocar por mandato constitucional.

Al margen de las implicaciones legales que tenga tan trascendente hecho, los colombianos deben preguntarse si vale la pena o no que muchos de su compatriotas duren décadas sin llorar a sus muertos, por culpa de una guerra en la cual ‘los buenos’, al igual que ‘los malos’ son culpables de la tanta sangre derramada y de los muertos, desaparecidos, lisiados y desplazados que se han ahogado en sus cauces.

Que la noticia sobre la muerte de nuestros seres queridos no nos sorprenda como a los Guarín, que ya ni siquiera se animan a confiarle a esta tierra colombiana los despojos fúnebres de su hermana desaparecida, por tanto dolor, odios e injusticia acumuladas, de uno, como de otro lado.