La Policía y el Ejército habrían sabido que el M-19 se tomaría el Palacio de Justicia

Durante décadas las autoridades castrenses han negado haber tenido conocimiento sobre los planes del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia como finalmente lo hicieron en noviembre de 1985.

Sin embargo, cada vez hay más elementos de prueba que demostrarían que las autoridades sí sabían de las intenciones de la guerrilla y que tomaron todas la medidas para enfrentar un combate de esa naturaleza de manera exitosa. Sin embargo, parece que nunca se tuvo en cuenta la vida de magistrados, empleados y demás civiles.

Semana.com tuvo acceso a un informe inédito del entonces llamado Departamento de Policía de Bogotá que demuestra que el Ejército sabía que el movimiento insurgente se tomaría el complejo judicial para tomar como rehenes a los magistrados y hacer "fuertes exigencias al Gobierno". Fuerzas Militares, de Policía y organismos de iteligencia habrían sido advertidos.

El informe cita una circular 16 del octubre que recibió la Policía de la capital, procedente del Comando Operativo de Inteligencia y Contra Inteligencia (COICI) y la Brigada 13 del Ejército, titulada ‘Operación Inmediata‘. En ella se retransmite un mensaje de la Dirección de Inteligencia (DINTE) en el que se da cuenta de la información que tenía el Comando General de las Fuerzas Militares sobre el plan del M-19.

También se hace referencia a un cablegrama del 17 de octubre en el que la Policía de Bogotá y el DAS alertan a la unidades de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército. Además, se cita un poligrama del Comando Operativo de la Policía del 16 de octubre en el que se pide a las unidades de distrito, estaciones, Sijín y Departamento de Policía de Bogotá "tomen medidas a fin evitar sorpresas".

Y así lo hizo el organismo con sede en la capital. En el desconocido documento al que tuvo acceso este portal, se informa que el Departamento elaboró un plan táctico y de entrenamiento para defender el Palacio y la Plaza de Bolívar. Tan seria fue la tarea de planeación que suboficiales, oficiales y agentes de todas las estaciones realizaron recomendaciones para fortalecer la estrategia. Todo quedó consignado en un videocasete, dice el informe.

Aun cuando se ha dicho que la vigilancia que tuvo el complejo donde funcionaban las altas cortes estaba planteada como medida preventiva por las amenazas del narcotráfico a los magistrados que juzgaban la constitucionalidad del tratado de extradición, el texto señala expresamente que se trataba de una estrategia para proteger a los togados, "en vista del sinnúmero de informaciones sobre posible toma de la Corte por parte de bandoleros del M-19".

Adicionalmente, se especifica que dado el riesgo de que los guerrilleros materializaran su plan, el director de la Policía ordenó a la jefatura de la Dijín hacer un estudio de seguridad del Palacio de Justicia. Según el informe, la orden se cumplió y quedó plasmada en las explicaciones que rindió ante el Consejo de Gobierno de Justicia de la Corte el entonces capitán Óscar Naranjo, el mismo que comandara la Dirección Nacional años después y pasara a integrar el equipo negociador del Gobierno en La Habana (Cuba).

El plan de las autoridades comprendía también una revisión tendiente a la detección temprana de posible armamento y explosivos. Contaba con la asistencia de personal uniformado y civiles encubiertos de la Dijín y el DAS.

Otro de los elementos reveladores del informe es que contiene la lista de los supuestos 35 guerrilleros que participaron en la toma. Sorpresivamente, allí se citan los nombres de Yolanda Santo Domingo, Eduardo Matson y Orlando Quijano, que son tres de las personas que sobrevivieron a  las torturas que se habrían cometido en la Escuela de Artillería y en el COICI, en contra de los sospechosos de pertenencer al movimiento armado.

Esto último desdiría de la tesis que han defendido algunos militares según la cual no habrían podido identificar a ningún guerrillero que saliera con vida del asalto al Palacio de Justicia. Al contrario, parece hacerse casi irrebatible que había un plan para que quienes eran señalados como posibles guerrilleros fueran sometidos a tortura.

Pero eso no es todo. Semana.com también conoció un informe sobre la dolorosa tragedia publicado en noviembre de 1985 por la Executive Intelligence Review de Washington (Estados Unidos). La revista, fundada en 1974 con el propósito de conformar una red global de inteligencia, hizo pública una muy exhaustiva explicación de los acontecimientos cinco días después de ocurridos, cuando aún eran más las preguntas que las respuestas, a nivel interno.

Entre los muchos aspectos analizados por la revista, se trae a cuento una declaración del magistrado de la Corte Suprema Humberto Murcia Ballén, en la que afirma que fue "una masacre anunciada y permitida", entre otras cosas, porque un mes antes leyó cartas de oficiales y del Ministerio de Justicia en las que se decía que se había decubierto un plan del M-19 para tomarse el edificio donde operaban las altas cortes.

Así las cosas, lo que parece quedar demostrado es que muchos de los protagonistas de estos hechos le habrían mentido al país cuando negaron haber tenido certeza sobre el propósito de la guerrilla. Y no sería la primera prueba palpable alrededor de esta convicción.

En el 2013 fue dado a conocer a la opinión pública otro informe del D-3 del Ejército en el que se hace referencia a que las autoridades tuvieron conocimiento previo sobre el querer del M-19. En ese documento también aparece un mapa que tendría con los lugares estratégicos alrededor del Palacio, que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de la batalla.

Semejantes hallazgos tendrán que ser examinados por la Fiscalía para determinar si la llamada ‘teoría de la ratonera‘ tiene asidero. Es decir, se debe esclarecer si el retiro repentino de la vigilancia tenía la intención de forzar a los guerrilleros a retomar su plan, como una especie de carnada para asegurarse la aniquilación de los integrantes más emblemáticos de esa guerrilla, como Luis Otero y Andrés Almarales.