Palacio de Justicia: fue absuelto el general (r) Iván Ramírez

El pasado mes de enero, la Fiscalía General de la Nación pidió condenar al general (r) Iván Ramírez Quíntero por la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda, mientras aseguró que no había evidencias de la responsabilidad del general en la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y tres visitantes que se encontraban allí el día del Holocausto. Este viernes, 11 meses después, se conoció que fue absuelto por la juez 51 penal del circuito de Bogotá.
 
Además del general Ramírez, fueron absueltos el coronel en retiro Fernando Blanco Gómez y el sargento en retiro Gustavo Arévalo Moreno.
 
Según el abogado de las víctimas, Rafael Barrios, no se encontraron con certeza pruebas que los involucren con los hechos por los que se les procesaba. Barrios cuestionó que no se le haya condenado, particularmente en el caso de la exguerrillera Irma Franco.
 
Cabe recordar que, en una polémica decisión, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago removió de su cargo a la fiscal María Ángela Buitrago, quien estaba al frente de las investigaciones y había formulado la acusación por la desaparición, tanto de  los civiles como de la guerrillera.
 
En contra de Ramírez había una serie de testimonios y pruebas que fueron utilizadas por la Fiscalía para abrirle un proceso. La primera de ellas es la acusación de un exoficial que declaró entre 1991 y 1994 en contra de Ramírez. En ese momento el exoficial afirmó que por orden del general Irma Franco había sido torturada dentro de un carro que estaba parqueado al frente de la Casa del Florero durante la toma.

También se contó con el testimonio de un exinformante del Ejército, Ricardo Gámez, quien aparece registrado en un video fechado el 9 de diciembre del 2006, en el que relata como varios civiles fueron torturados y cuestionados por miembros del Ejército luego de que salieron con vida del palacio.
 
En ese entonces (1985) Iván Ramírez era coronel y comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), unidad militar que dependía del Comando del Ejército. Según las investigaciones adelantadas, todos los libros de documentación del Coici entre los años 1985 y 1986 desaparecieron.

En el juicio que se siguió por este caso contra el general (r)  Ramírez la intervención de la Procuraduría generó una fuerte controversia. El Ministerio Público pidió al juez especializado que llevaba el caso que absolviera de toda responsabilidad tanto a Ramírez como a Blanco y Arévalo, todos miembros del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía (COICI).
 
Ramírez era el segundo general acusado de desapariciones del Palacio de Justicia. El primero fue Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Decimotercera Brigada del Ejército.
 
El concepto de la Procuraduría se sustentaba en ocho argumentos, en los que principalmente controvertía a los testigos presentados por la Fiscalía y que, en buena parte, fueron los mismos con los que la justicia colombiana sustentó la condena al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien el año pasado se convirtió en el primer oficial sentenciado por la desaparición de 11 civiles.
 
Semana.com conoció, en ese entonces, apartes del concepto del Ministerio Público sustentado en los siguientes argumentos:
 
¿Fueron 11 los desparecidos?
 
El Ministerio Público afirma que sólo existe prueba respecto de ocho personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron conducidas bajo custodia militar a la casa del Florero.
 
Respecto de Luz Mary Portela, Gloria Anzola y Norma Constanza Esguerra, dice la Procuraduría que “no hay certeza, pruebas o reconocimientos” que concluyan que salieron con vida del Palacio. Señala, en todo caso, que “todos son víctimas”. Reconoció además el largo trasegar de los familiares en busca de sus seres queridos.
 
Descartan a testigo estrella
 
El procurador, haciendo un análisis que fue calificado como “bastante superficial” por los abogados de las víctimas, descarta uno uno los testimonios que utilizó la Fiscalía para solicitar la condena por el caso de Irma Franco, al negar la veracidad a las declaraciones de Édgar Villamizar, el principal testigo con el que sustentó la condena a Plazas Vega, así como los de César Sánchez Cuesta, Mario Quintero y Bernardo Garzón.
 
Ejército desconocía planes del M-19
 
Uno de los argumentos más polémicos es la afirmación de la Procuraduría en la que niega que el Ejercito haya tenido conocimiento previo de la toma. Para concluir esa afirmación se apoya en los testimonios del entonces ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, quien así lo descartó.
 
La controversia surge porque muchos documentos históricos, incluido el de la Comisión de la Verdad que hace dos años entregó sus conclusiones, además de otros testigos dentro del proceso, dan fe del retiro de la vigilancia en días previos a la tragedia y de las amenazas contra la Corte Suprema.
 
No hay órdenes del COICI
 
La Procuraduría, al descartar responsabilidades del general Iván Ramírez, señaló que no existe un “testimonio directo, prueba pericial directa, órdenes, ni comunicaciones entre Iván Ramírez y los demás miembros del COICI, y entre este y la Decimotercera Brigada”.
 
Es más, en la audiencia (del pasado mes de enero) señaló que Iván Ramírez “ni siquiera hizo presencia en la Casa del Florero”.

Para los representantes de la parte civil, el procurador, con este planteamiento “desconoce la esencia de la desaparición forzada, como delito, que precisamente esta diseñada para ocultar toda prueba”, como también lo sostiene la Fiscalía.

No hay ‘cadena de mando’

El representante del Ministerio Público afirmó que no existía cadena de mando y superior jerárquico entre el general Iván Ramírez (comandante del COICI) y la Decimotercera Brigada, encargada de la retoma, ni con el general Samudio.

La omisión a los estudiantes Matson y Santodomingo

Desde finales de los años 80, cuando se realizaron las primeras investigaciones, se conoció el caso de dos estudiantes de derecho que se encontraban como visitantes ocasionales en el Palacio de Justicia cuando fue ocupado por el M-19.

Se trata de Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson. Sus declaraciones han perdurado en la historia y se constituyeron en las primeras evidencias para demostrar que hubo interrogatorios y trabajos sobre rehenes por parte del COICI de la Policía. Los estudiantes, según reposa en numerosos expedientes, fueron calificados como “rehenes especiales”.

Sin embargo, la Procuraduría no hizo mención alguna de las declaraciones de Yolanda y Eduardo.