Paloma Valencia propone abolir el delito político: ¿por qué?

En una clara arremetida contra las pretensiones de la llamada primera línea de convertirse en un partido político, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, buscará eliminar de la Constitución el “delito político”, consagrado en la Carta Magna y que genera algunas excepciones para quienes van a ser juzgados por algunos hechos.

El articulado es sencillo. El primer artículo que modificaría es el 35, en el que se establecen las condiciones para la extradición, la cual, según está redactado actualmente, no procede para delitos políticos. El propósito sería eliminar ese párrafo.

Un segundo punto del proyecto contempla eliminar el numeral 17 del artículo 150 que habla de conceder amnistías a quienes cometan delitos políticos. Uno de los detalles más importantes del proyecto, que afectaría directamente a la denominada primera línea, es con respecto al artículo 179, que habla de quienes están inhabilitados para ser congresistas.

La Constitución establece que no podrán ser parlamentarios quienes hayan sido condenados por cualquier tipo de delito, excepto los políticos o culposos, por lo que la propuesta de la senadora es eliminar de las excepciones los políticos.

También habla de que se eliminen los indultos por delitos políticos con arreglo de la ley, contemplado en el artículo 201 de la Constitución. Tampoco permitiría que, en un eventual caso de alguien que haya sido condenado por delitos políticos, pueda llegar a ser magistrado de las altas cortes, como sí se permite actualmente.

La senadora pretende eliminar también las excepciones de quienes aspiren a integrar las asambleas departamentales. Quienes hayan cometido delitos políticos no podrían llegar allí. Pero, además, habla de incluir un nuevo artículo en la Constitución, en el que se establezca que “ninguna de las conductas tipificadas como delitos en el ordenamiento jurídico colombiano tendrá la connotación de delito político”.

Sin duda el proyecto generará un gran revuelo. Luego del paro nacional, que se prolongó por varios meses, y los hechos de violencia, la “primera línea” fue protagonista y señalada de estar detrás de algunos hechos de violencia. A diario se registraron buses incendiados, portales atacados, enfrentamientos con la fuerza pública, entre otros hechos que generaron la indignación ciudadana.

Hace unos días grupos de la primera línea anunciaron que conformarán una línea política con la que aspiran llegar al Congreso. En sus redes dicen que se identifican con el Pacto Histórico de Gustavo Petro, y que su propósito es llegar a ocupar curules en el 2022.

Por eso, desde diferentes sectores, se ha cuestionado que, luego de hechos de violencia, puedan tener estos propósitos. Ellos argumentan que los que quieren participar en política ya dejaron los escudos y los cascos, pero no será fácil pasar la página luego de los hechos que todo el país vio.

Hasta ahora, este grupo que ha anunciado sus propósitos de participar en política no tiene una cara visible o un representante legal, por lo que muchos cuestionan las posibilidades reales que tienen de llegar al Congreso.

Desde el Centro Democrático se ha buscado abonar el terreno para que eso no ocurra. Además de este proyecto de la senadora Paloma Valencia, otros congresistas también han adelantado acciones para dar con los responsables del vandalismo.

Por ejemplo, el representante Enrique Cabrales, de la misma bancada, denunció a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá por permitir que miembros de la primera línea instalaran campamentos en el barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy.

El congresista también hizo un llamado para conocer quiénes están detrás de la primera línea política para que respondan por los actos de vandalismo. “¿Alguien sabe quién es el representante legal del autoproclamado partido ‘primera línea’? Es para que atienda un par de denuncias por asesinatos a policías, bebés y atentados contra la sociedad civil”, dijo Cabrales.

Por ahora, la senadora Paloma Valencia no la tendrá fácil con su proyecto. Aún termina de ajustar el borrador y en los próximos días el articulado será radicado oficialmente en el Congreso para comenzar su discusión. Un primer obstáculo que tiene es que tendrá que surtir los ocho debates que necesita por tratarse de un acto legislativo que pretende modificar la Constitución.