La pandemia puso en cuarentena al Congreso

Luego de unas largas vacaciones, el Congreso de la República volvía a sesionar el 16 de marzo. No obstante, la llegada del coronavirus al país obligó a posponer el inicio de la legislatura para después de Semana Santa. Aunque por estos días todos los colombianos se están ingeniando maneras de poder seguir con sus tareas desde la casa, esa labor resultará muy difícil para los parlamentarios.

Hoy el Capitolio está cerrado hasta nueva orden. Con los casos de infectados en Colombia creciendo exponencialmente, queda claro que el país está al comienzo, y no al final, de la crisis. Ese escenario obliga a pensar en cómo funcionará la mecánica de la rama legislativa en un país en cuarentena. A simple vista, la cosa no parece muy factible. En condiciones normales, una sesión del Congreso alberga a más de 100 padres de la patria que van de puesto en puesto mientras discuten sus agendas, diseñan estrategias, buscan votos y usan su don de la palabra para convencer a sus colegas. En una plenaria es imposible encontrar un momento de silencio, y los presentes se pelean airadamente por un turno en el micrófono.

Por más avances tecnológicos, no es fácil imaginarse cómo esto pueda funcionar en una plataforma virtual o en una llamada de Skype con un centenar de congresistas tratando de votar un proyecto en simultánea. Pero el problema va mucho más allá de la logística. En realidad, para que las decisiones tomadas por un Congreso virtual pudieran tener validez, habría que encontrar la figura legal que permita ese mecanismo. Senadores y representantes se dieron a la tarea de buscar alternativas para seguir sesionando en tiempos de coronavirus. Pero hasta ahora solo hay iniciativas en el papel y no está claro qué tan factible pueda resultar implementarlas.

La cuarentena en la política del país dependerá del avance y la contención del coronavirus. La opción para efectuar sesiones virtuales en el Congreso y los concejos es sensata, teniendo en cuenta la coyuntura. Mientras el sistema de salud está al límite, los aeropuertos están casi vacíos.

Cerca de 50 congresistas firmaron una carta dirigida al presidente Iván Duque con una propuesta de decreto para buscarle la comba al palo. Argumentando que en tiempos de crisis “es fundamental mantener el sistema de pesos y contrapesos del Estado”, los legisladores le piden al mandatario implementar los mecanismos necesarios para mantener abierto el Congreso. Los firmantes del documento plantean permitir las sesiones y votaciones virtuales para no interrumpir la función legislativa y el control político en época de pandemia.

Esa idea logró reunir voces de todas las orillas del espectro político, con el respaldo de senadores y representantes que van desde el Centro Democrático hasta la Farc. Pero para que una apuesta de esta envergadura tenga éxito se requiere más que ese consenso inicial. Es necesario tener en cuenta las consideraciones tecnológicas, legales, los tiempos y lo que está en juego si no se encuentra una forma de garantizar la función legislativa en momentos de crisis.

Unos 30 parlamentarios lanzaron la propuesta del Congreso virtual en una videollamada por medio de la aplicación Zoom. Se trató de un primer esfuerzo para mostrar que sí es posible una sesión digital, pero en un escenario con docenas de congresistas pidiendo la palabra resulta difícil imaginarse la dinámica. En ese contexto, el reto tecnológico no es menor.

En cuanto a la vía legal, para estructurar el proyecto de decreto enviado al presidente los legisladores invocaron el artículo 140 de la Constitución, que dice lo siguiente: “El Congreso tiene su sede en la capital de la república. Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado”.

Aunque ese artículo tiene más de 30 años y en esa época una sesión virtual era impensable, se pretende “traer el texto a valor presente” para poder aplicarlo en esta difícil coyuntura.

Así las cosas, y con una interpretación amplia de la ley, quieren que, para efectos del artículo, el coronavirus constituya “una perturbación del orden público”, y las sesiones virtuales la “sede o el lugar” designado por el presidente del Senado para las sesiones. Si Iván Duque adopta ese mecanismo y firma el decreto, el Congreso virtual empezaría a funcionar mientras la Corte Constitucional determina que la figura se ajuste a la carta política. Y, en realidad, el coronavirus presenta un desafío de magnitudes tales que la figura no debe descartarse.

Hoy no hay claridad ni un camino determinado para que el Congreso siga funcionando, pero más temprano que tarde habrá que encontrarlo. En tiempos de crisis, es necesario garantizar el pleno funcionamiento del aparato institucional, y el Senado y la Cámara de Representantes son parte fundamental de ese andamiaje. Antes de que en Colombia explotara la pandemia del coronavirus, ya la rama legislativa tenía un sinnúmero de pendientes y las reformas estructurales que el país necesita. Aun cuando en este momento la crisis de salud pública está en el centro del debate y copa con razón la atención nacional, no hay que olvidar que el Parlamento está en mora de tramitar varias reformas –justicia, política, pensional– y la reglamentación del fracking, entre muchos otros trámites legislativos pendientes.

Pero no solo las grandes reformas están en veremos. Del año pasado hay varios proyectos de ley en proceso y, por los tiempos legales, podrían terminar hundidos si no hay una solución pronta para que el Congreso pueda sesionar. Se destacan algunos como el que impondría cadena perpetua a violadores de menores, la ley del empleo del adulto mayor o algunas de las normas anticorrupción.

Colombia vive, como muchos otros países del mundo, un periodo de incertidumbre y de miedo para el que nadie estaba preparado. Los desafíos que llegaron de la mano del coronavirus hicieron necesario que el presidente decretara un estado de emergencia que le otorga facultades legislativas para redactar decretos con fuerza de ley en medio de la crisis. Esa figura existe en la Constitución, justamente, para hacerles frente a situaciones como la que hoy el país atraviesa, y para que el jefe de Estado tome las decisiones para sacar al barco de la tormenta.

No obstante, Colombia no está enfrentada a un desastre natural o a una situación pasajera. Todo indica que el coronavirus llegó para quedarse, y los expertos estiman que la situación actual puede prolongarse por lo menos un año. Así, lo que hoy parece tan atípico y fuera de lo habitual, al cabo de unos días podría convertirse en la nueva normalidad. Por esto, más allá de la figura legal o de las consideraciones técnicas, el Estado tendrá que mover todo su aparato para instalar un Congreso virtual que funcione, aun en cuarentena.