Análisis: ¿cómo superar la crisis de educación en el campo colombiano?

Junto al acceso de la tierra, la educación es posiblemente una de las apuestas más importantes que tendrá que hacer el país en los próximos años si quiere cerrar las brechas de desigualdad en el sector rural. Lo paradójico es que mientras Colombia está volviendo a mirar al campo, los jóvenes buscan salir de allí. “Es un círculo vicioso: muchos no pueden llegar a cursar estudios superiores, los pocos que llegan y pueden ser el ejemplo a seguir no vuelven. Entonces, dejan de ser un buen ejemplo porque lo que hacen es generar desarraigo”, dice Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, al revisar el caso de los estudiantes rurales de esta parte del Caribe colombiano.

Según las cifras de la institución, de aproximadamente 18.000 estudiantes apenas 152 provienen de las áreas rurales, quienes antes de escoger una ingeniería agronómica, pesquera o ambiental prefieren irse por la medicina, las ingenierías, la administración de empresas y el derecho. El problema es que no regresan a sus lugares de origen a ejercer su profesión.

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La escasa participación de estudiantes provenientes del campo en las universidades, así como la ínfima oferta de programas académicos presenciales en municipios rurales (apenas el 1 por ciento de la oferta total) es la punta del iceberg de la realidad de la educación rural colombiana.

Aunque el acceso y la cobertura están garantizados en básica primaria, una vez obtienen el cartón de quinto grado hay una fuga del 52 por ciento de los alumnos. La cobertura neta de quienes llegan a educación media es del 27 por ciento, según datos de 2016 del Ministerio de Educación Nacional. La línea de deserción va aumentando a medida que se acerca la terminación del bachillerato. Esa desbandada se debe entre otras razones a: 1) La falta de docentes, pues una vacante en las zonas rurales puede alcanzar los seis meses. 2) Que los presupuestos no llegan a las escuelas veredales. 3) La conectividad solo existe en las cabeceras municipales. 4) La distancia y los costos de transporte y manutención para que los estudiantes terminen la secundaria en las cabeceras municipales. 5) Muchos jóvenes tienen que combinar el estudio con el trabajo en el campo. 6) Algunos consideran que con la lectoescritura y las matemáticas básicas es suficiente y que un título de bachillerato no les resuelve nada.

El empujón

Tanto la Misión para la Transformación del Campo (octubre de 2014) como el acuerdo de paz (noviembre de 2016) han señalado una ruta para cerrar la brecha educativa en el sector rural. Óscar Sánchez, coordinador del Programa Nacional de Educación para la Paz —Educapaz—, señala que hay al menos 18 disposiciones del acuerdo de La Habana que tocan a la juventud y la educación, y que se encuentran en el punto uno sobre reforma rural integral en el punto dos sobre participación política y en el de lucha contra el narcotráfico.

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De hecho, en la lluvia de decretos que firmó el presidente Santos en uso de sus facultades extraordinarias, hay dos relacionados directamente con el tema. El primero, busca beneficiar al menos a 50.000 niños, promoviendo el nombramiento de unos 1.840 docentes en las zonas más afectadas por el conflicto, ya que entre 2009 y 2015 la planta solo creció el 10 por ciento y se estancó en 2.436 maestros.

El segundo, facilita la acreditación ante el Ministerio de Educación, en un lapso de tres años, de los programas de licenciatura con presencia en las zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET—, con lo que se favorece el acceso a la educación superior para 9.200 jóvenes. Sin embargo, la verdad sobre el alcance de estas políticas públicas llegará cuando se haga la asignación presupuestal.

Desde hace por lo menos 15 años, empresarios, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas han tratado de impulsar la educación rural. La Fundación Empresarios por la Educación, por ejemplo, ha capacitado a 1.300 rectores, dando prioridad a los públicos, pues su cualificación mejora las prácticas del aula. También ha elaborado un mapa de 565 iniciativas de carácter privado e incentiva la divulgación de lo que hacen, cómo lo hacen y su trabajo en red.

La Corporación Nacional para la Educación Rural —Coreducar— ha realizado cuatro congresos, el último de los cuales tuvo lugar en noviembre pasado con la participación de 26 sectores educativos. Allí se abogó por una educación contextualizada, que fortalezca el proyecto de vida de las comunidades; y por una regionalización de los programas de educación superior, además de los históricos reclamos de mayor inversión en infraestructura, recursos y plantas docentes.

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La viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz Rodgers, expresa que está trabajando con el sector privado para brindar alternativas de formación técnica y tecnológica a los estudiantes rurales desde la escuela. Las actividades productivas locales podrían ser un incentivo para que los jóvenes terminen la educación media.

Es importante potenciar una educación que atienda las necesidades de cada región. En esa ruta, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, informó que el gobierno está diseñando varias estrategias “para favorecer la capacitación de los jóvenes campesinos y que regresen al campo a trabajar”. Una de estas es la de becas para quienes adelanten estudios superiores en el sector agropecuario. “Están dirigidas a personas que hayan nacido en las zonas rurales del país con edades hasta los 35 años. La finalidad es que la gente retorne una vez finalice sus estudios”. Para esto, se han destinado 21.000 millones de pesos que aspiran a atender a más de 2.000 jóvenes. Ahora, el campo no solo necesita mejores agricultores, sino también médicos, sicólogos, líderes sociales y políticos.

También está en marcha el Plan Especial de Educación Rural como herramienta para la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y el ejercicio de su ciudadanía. La Mesa Nacional de Educación Rural (con sus mesas regionales) y la Mesa de Política de Educación para la Paz.

Las golpeadas regiones colombianas entienden bien lo que está en juego. David Torres, secretario de Educación de Buenaventura, considera que esta es la gran apuesta de la ciudad-puerto, que protagonizó un paro cívico de 22 días el mes pasado: “La educación es el camino. Si nos permitimos transformar a la gente en su forma de pensar, podemos transformar a Buenaventura”, dijo a Semana Rural. Una premisa que aplica para todo el país.

Por: Bibiana Mercado

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