¿Para cuándo la delimitación de Santurbán?

El páramo de Santurbán se ha convertido en un símbolo de fuerzas opuestas: por un lado están quienes quieren protegerlo y por otro los que consideran que es una montaña que se puede explotar sin importar su importancia en el suministro de agua. En medio de esa discusión están más de 24.000 de campesinos que desde el año pasado están a la espera de que el Gobierno Nacional delimite este ecosistema para seguir realizando sus actividades económicas, que van desde la agricultura hasta la minería artesanal.

En los últimos meses, la comunidad organizada le ha pedido al Gobierno Nacional que avance con el trabajo social, con las mesas de discusión, pero estos mecanismos de participación no caminan por supuestos problemas con la virtualidad. Sin embargo, los líderes sociales se quedaron más que sorprendidos hace unos días cuando se dieron cuenta que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sí le había corrido al trámite para aprobar la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, recibieron así un mensaje claro: no son prioridad.

Ahora lo que temen desde la veeduría Dignidad Minera es que Santurbán se convierta en un botín de campaña, de cara a las elecciones del próximo año. Ivonne González, directora de la veeduría, dice que desde el Gobierno Nacional les están embolatando la delimitación concertada del páramo, una ruta de trabajo que se empezó a construir después de que la Corte Constitucional tumbara en 2017 la que se había hecho porque no se consideraron las condiciones socioeconómicas de las comunidades.

A partir de esa sentencia —la 361 del 2017— se inició un nuevo proceso con el Ministerio de Medio Ambiente y Sostenibilidad que a la fecha poco ha avanzado. Por esta razón la veeduría contempla acudir a instancias internacionales con el ánimo de agilizar el proceso y lograr una concertación que permita la conservación y, a su vez, beneficie a las comunidades de los 40 municipios que tienen relación con el ecosistema.

La directora de la veeduría manifestó que por parte del Ministerio el proceso está estancado y poco se ha podido avanzar a través de la virtualidad. Pero a González le preocupa más porque en el discurso del ministro en varias ocasiones se habla de socialización, sabiendo que aún no se ha concertado con las comunidades. “No han estudiado nuestra propuesta, la metodología que presentan para lo que ellos llaman reunión de concertación, confirma que el objetivo es socializar la delimitación que ya tienen lista”.

Desde el Ministerio detallaron que este proceso se encuentra en la fase de concertación, algo que no confirma la veeduría, y agregaron que “se encuentra dentro de los términos, ajustando la metodología y el cronograma para la continuación de las mesas de trabajo que se desarrollan a través de medios tecnológicos”. El paso a seguir después de este ajuste permitirá la profundización “en aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta integrada de delimitación, de acuerdo con los lineamientos dados por el Tribunal Administrativo de Santander y los entes de control”.

La delimitación de Santurbán es sui generis. Puede decirse que se está aprendiendo sobre la marcha, lo que representa un ejercicio que podría ir modificando los tiempos y perjudicaría algunas de las actividades económicas de los más de 24 mil habitantes que tiene la provincia Soto Norte. La minería y la agricultura son dos de las prácticas que están en vilo a la espera de este proceso, con el que se busca la conservación de un ecosistema rico en especies de fauna y flora como lo es Santurbán.

El Instituto Humboldt destaca que en el complejo del páramo hay 35 lagunas, se tiene registro de unas 3.200 especies de plantas, de las cuales cerca de 600 son endémicas de los Andes colombianos. En cuanto a la fauna, que es menos diversa, se ha reportado la presencia de especies como el oso andino y el cóndor andino, ambos con amenaza de extinción.

Además de la preocupación por la poca claridad de las actividades económicas que puede realizar, González resalta que el caso de Vetas, que nació y ha tenido su vocación minera desde hace más de 400 años, podría desaparecer con la delimitación que sugiere el Ministerio. Comenta que con asuntos como el glifosato se aceleraron los procesos, pero en este caso el tema siempre se dilata. Por ello Dignidad Minera considera la posibilidad de presentar una demanda ante un organismo de justicia ambiental internacional.

La comunidad busca que este proceso se acelere y más en el ejercicio concertado, que haya un diálogo y un intercambio de propuestas para lograr acuerdos, no que todas las decisiones se tomen desde la distancia sin llegar al terreno.