Para cumplir con la sentencia de la Corte, Bogotá alista estrategias para garantizar el acceso al aborto

Con el propósito de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en cualquier circunstancia hasta la semana 24 de gestación, se realizó en Bogotá la primera mesa intersectorial que contó con la participación de más de 15 actores del sistema de salud público y privado, así como académicos y expertos de la Secretaría de Salud y de la Mujer.

Durante el encuentro, la Secretaría de Salud expresó la necesidad de implementar cuatro estrategias para optimizar el acceso al servicio y así garantizar ejercer este derecho libremente.

La entidad propuso las siguientes medidas:

- Ampliar la red integrada de servicios de salud pública y privada, para garantizar el acceso seguro a la atención integral en interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

- Fortalecer la formación del talento humano en salud, a través de las facultades de medicina, que deberán explicar el abordaje de este servicio. La capacitación en IVE estaría incluida dentro de sus currículos.

- Crear y desarrollar estrategias de información y comunicación dirigidas a la comunidad, con el fin de difundir mensajes informativos sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

- Realizar articulación intersectorial con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que permitan fortalecer el acceso a los servicios de salud garantizando una atención integral, segura y oportuna.

“Estamos analizando los retos que se plantean para la implementación de la sentencia de la Corte Constitucional. Este acceso que tenemos que garantizar en la red pública y privada nos va a permitir que cada vez el ejercicio de este derecho sea más fácil, tranquilo y ágil, y por ende se pueda realizar cada vez más temprano”, puntualizó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

El lanzamiento del Plan de Acción Intersectorial contó con la participación de la Secretaría de Salud, acompañada de Instituciones Prestadoras de Salud, Empresas Promotoras de Salud, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Universidad Antonio Nariño y la Secretaría Distrital de la Mujer.

“Teniendo en cuenta esta necesidad, es nuestro deber desarrollar un ejercicio reflexivo que incluya a la totalidad de los actores del sistema y a todas las disciplinas, tanto a quienes toman las decisiones, como también a los que realizan el ejercicio de asesoría y acompañamiento de este procedimiento”, añadió el secretario de Salud.

La mesa intersectorial seguirá haciendo encuentros que permitan establecer estrategias efectivas para que todas las mujeres puedan ejercer este derecho libremente y encuentren en los servicios de salud el apoyo y el acompañamiento necesario. Este tipo de procedimientos buscan garantizar decisiones libres y seguras para la salud de las mujeres.

El secretario Gómez dejó claro que “las tres causales que existían antes ya no tienen razón de ser, pues cualquier mujer puede hacer interrupción del embarazo entre la semana uno y la semana 24. Este acceso que tenemos que garantizar en la red pública y privada nos garantizará que cada vez más el ejercicio de este derecho sea más fácil, tranquilo y ágil y que la decisión de la interrupción del embarazo se pueda ejercer en un embarazo más temprano”.

De acuerdo con el funcionario, “ninguna mujer se pone a esperar a que pasen 3, 4 o 5 meses para ejercer este derecho. En la manera que no haya barreras vamos a garantizar que la interrupción del embarazo sea en etapas más tempranas de gestación y, por ende, con menos complicación y traumatismos. Estamos trabajando en ese propósito porque en Bogotá las mujeres pueden y deben ejercer sus derechos”.

Cabe recordar que en su decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24, la Corte Constitucional le pidió al Congreso de la República y al Gobierno nacional formular e implementar una política pública integral –incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso–, que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar tales garantías.