Una legislatura para olvidar

El pasado miércoles, a la misma hora en que los colombianos hacían fuerza y recurrían a todos los santos o agüeros para que la selección de fútbol pudiera hacerle un gol a la de Qatar en la Copa América Brasil 2019, el Senado era el que les estaba anotando un golazo a los colombianos: hundir la Ley anticorrupción de la Fiscalía.

El proyecto, que entre otras cosas ponía fin al beneficio de prisión domiciliaria para los servidores públicos hallados culpables en casos de corrupción, había sido aprobado de forma milagrosa el lunes en cuarto debate y estaba a la espera de ser conciliado entre el Senado y la Cámara de Representantes. Por cuenta de un problema de comunicación o por estrategia, no quedó claro quiénes eran los parlamentarios que debían hacer este trabajo o la hora de la reunión. Tras el supuesto fracaso, los señalamientos, las culpas y justificaciones han estado a la orden del día para explicar tan grave pero elemental error.

Este proyecto de ley recogía, en buena medida, los mandatos de la Consulta Anticorrupción que fue votada por más de once millones de colombianos. Pese a la aceptación, la iniciativa no convenció a todos. De hecho, el mismo día de la posesión presidencial, los congresistas del Centro Democrático celebraron cuando el senador Álvaro Uribe les dijo: “Siquiera el presidente Duque no se metió con eso de la consulta anticorrupción”.

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Para darle viabilidad al proyecto contra la corrupción, el Presidente invitó a una mesa partidista. Fue emocionante la imagen en la que todos los partidos, desde el Centro Democrático hasta la Farc, entraban al Palacio de Nariño a presentar sus iniciativas. Sin embargo, esa, que habría sido una posibilidad maravillosa de construir gobernabilidad, tampoco fue aprovechada con ese objetivo. La mesa de trabajo no tuvo sostenibilidad ni contó con el liderazgo del Ejecutivo.

Varias razones explican las demoras para discutir la agenda anticorrupción. La primera, que el Ejecutivo priorizó la reforma política y la reforma a la justicia que, por ser constitucionales, requerían prelación. De haber cumplido el compromiso de presentar mensaje de urgencia a los proyectos anticorrupción, Duque se habría expuesto a que esas dos iniciativas se hundieran. Lo paradójico es que con mensaje de urgencia y todo, no salió adelante ninguna de las dos. La reforma a la justicia no tuvo el liderazgo ni consenso necesarios, y la reforma política fue retirada cuando el Gobierno vio que no tenía las mayorías.

Otro obstáculo para el trámite de la agenda legislativa en general, y de la ley anticorrupción, fue la obsesión del Ejecutivo por sacar adelante las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. En ese trámite, el Legislativo se demoró 90 días, en los que se perdió un tiempo clave. Esta vez las demoras corrieron por cuenta de Ernesto Macías, presidente del Senado, quien alargó la votación mientras el Gobierno trataba de conseguir unas mayorías que nunca obtuvo.

La senadora Angélica Lozano, promotora de la consulta, le dijo a SEMANA que de los proyectos derivados de la consulta anticorrupción, avanzaron tres y se hundieron cuatro. Entre los que naufragaron están la reducción del salario de los congresistas, la ley antimermelada que promovía controles ciudadanos al presupuesto y el límite máximo de tres periodos para la permanencia en el Congreso. Así como el proyecto que presentó la Fiscalía General y que incluyó a mitad de camino el punto dos de la consulta que contemplaba el fin del beneficio de casa por cárcel para los funcionarios corruptos. De la legislatura, asegura Lozano, se destaca el proyecto que obliga a la presentación de pliegos tipo en las licitaciones y el que exige a todos los servidores publicar su declaración de renta.

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Para los empresarios y los gremios, el último año del Congreso dejó un sabor agridulce. En la parte positiva están la aprobación de leyes como la de TIC que pretende modernizar el sector, el Plan Nacional de Desarrollo, la creación del Fondo de Estabilización de precios del Café, la del Impulso Panelero, la creación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, los beneficios para promover la movilidad eléctrica o el ingreso de Colombia a la Ocde. Sin embargo, en el caso del Plan de Desarrollo y la Ley de Financiamiento, hay incertidumbre acerca de si la Corte Constitucional terminará o no avalándolos.

No obstante, entre los temas que amargan al sector privado están dos que desde hace varios meses venían ‘pedaleando’ y que a última hora se hundieron, y uno más que surgió sorpresivamente y a última hora, y que los tiene haciendo cuentas frente al impacto que significaría su aprobación final.

Entre muchas iniciativas, dos que se hundieron han llevado a gremios y empresarios a pensar que este Congreso decidió darle “la espalda al campo”. Aunque ya había sido aprobada en Comisión Quinta y plenaria de Cámara una nueva Ley de Tierras que busca solucionar los problemas de tenencia y legalización de predios que ha generado inseguridad jurídica y está frenando inversiones, a última hora no tuvo ningún debate en el Senado y por eso terminó sepultada.

Otra iniciativa, que fue presentada como la gran oportunidad para formalizar el trabajo rural, terminó hundida. Se planteaba crear un jornal diario integral rural, que incluyera el pago de seguridad social para los trabajadores del campo. Varios gremios del agro habían enviado al Congreso cartas que recomendaban su discusión y aprobación. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo ninguna discusión y por eso se hundió.

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El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, calificó de infortunado que estas dos iniciativas no hubieran tenido los debates para convertirse en ley, pese a la importancia social y económica que tienen.

Así como el fracaso de estas dos iniciativas ha generado preocupación, también para muchos empresarios resultó paradójico que a última hora sí hubiera tiempo para aprobar en primer debate un proyecto de ley populista que crea una “prima a la canasta familiar”. Esta iniciativa, presentada por el expresidente Álvaro Uribe y el senador Gabriel Velasco, establece un beneficio laboral equivalente a 5, 10 y 15 días de salario para trabajadores que ganen menos de tres salarios mínimos. El monto del beneficio dependerá a su vez del tamaño de las empresas. Uribe defendió esta prima argumentando que en el programa de gobierno de Iván Duque se había planteado “menos impuestos, más salarios”. Sin embargo, el propio Ministerio de Hacienda ha lanzado advertencias de que, en caso de que esta iniciativa siga su curso de aprobación, está dispuesto a objetarla, pues solo en el caso del Gobierno se estima que estas primas le representarían al fisco nacional unos 200.000 millones de pesos al año.

A instancias del Consejo Gremial Nacional, el sector productivo también lanzó sus advertencias frente a la inconveniencia de esta iniciativa que encarecería los costos laborales para las empresas y generaría un mayor gasto para el Estado. Incluso hay quienes temen que, de aprobarse, podría generar mayor desempleo.

Esta propuesta ya la había lanzado Uribe a finales del año pasado, en vísperas de la discusión de la Ley de Financiamiento, justo cuando el Gobierno contemplaba extender el IVA a todos los productos de la canasta familiar. Sin embargo, el Gobierno la retiró rápidamente.

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En medio de estas paradojas, hay quienes se preguntan si este tipo de iniciativas tienen un ánimo meramente populista, de cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes en octubre próximo, o si son parte de un genuino interés del Legislativo por mejorar las condiciones del país. Mientras los técnicos aseguran que esta ley solo generará mayor desempleo y los empresarios se preparan para dar la pelea en la nueva legislatura para que no se creen nuevas cargas, los legisladores se alistan para una jornada movida en la que los proyectos de ley y las elecciones regionales podrían generar una mezcla explosiva.

De las pocas reformas constitucionales que sacó adelante esta legislatura se resalta la aprobación de una segunda vuelta para la Alcaldía de Bogotá a partir de 2023; es decir, que no se cambiarán las reglas de juego de las elecciones regionales que se avecinan. Para evitar la segunda vuelta, el candidato deberá obtener más del 40 por ciento de los votos y tener una ventaja de más de 10 puntos al segundo en votación. Así se pretende aumentar la legitimidad de quien ocupe el Palacio Liévano.

Aunque las mayorías en el Congreso le fueron esquivas al Gobierno, el presidente Duque ganó una batalla. Solo falta su firma para que sea realidad una de sus promesas de campaña: narcotráfico y secuestro no tendrán conexidad con delitos políticos. Aunque no afectará a los excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz, sí tendrá efectos en futuras negociaciones con grupos armados como el ELN o con bandas criminales que se financian con el narcotráfico. La norma, que algunos consideraban inane, sirve también para robustecer el discurso del uribismo contra el narcotráfico. Esta bandera, aunque despierta un gran apoyo popular, no es suficiente para marcar el rumbo del gobierno Duque.

Aunque no está claro cuál va a ser su agenda legislativa para el próximo periodo, se contempla que el Gobierno volverá a jugársela por reformar la política y la justicia. Lo importante es saber si habrá una nueva estrategia para mejorar su gobernabilidad.

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