Exclusivo: Los 18 empresarios imputados por la Fiscalía por supuestamente financiar a paramilitares

Sobre la historia del paramilitarismo en Colombia hay un capítulo del que se ha hablado, pero no estaba escrito. Se trata de la millonaria financiación por parte de empresarios que los convirtieron en una suerte de ejércitos particulares. SEMANA tuvo acceso al documento de vinculación al proceso contra 18 productores y representantes de empresas comercializadoras de banano, que habrían pagado para que los paras impusieran su ley a sangre y fuego. Los detalles son escabrosos, la alianza era financiada mediante un impuesto tasado en las exportaciones de fruta. Los primeros cálculos de la Fiscalía dan cuenta de por lo menos 33.000 millones de pesos entregados.

Representantes legales de productoras y de comercializadoras internacionales se habrían puesto de acuerdo para financiar a los grupos ilegales en el Urabá.

La génesis de la investigación sobre la “paraeconomía” se dio como resultado de las declaraciones que han venido dando los jefes paramilitares, en las que uno a uno detallaron la forma como operaba esta empresa criminal en alianza con empresarios, todo en coordinación con la Casa Castaño.

Este capítulo de los presuntos “paraempresarios”, que se dio entre 1996 y 2004, según señala el documento, se habría tratado de mantener oculto. Desde la misma desmovilización de las estructuras de paramilitares, hay un nombre que resulta trascendental en la información conocida por SEMANA. Se trata de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, quien comandaba el frente Álex Hurtado del bloque Bananero de las autodefensas. El día de su desmovilización, el 26 de noviembre de 2004, en Turbo, al entregar las armas fue presentado como un paramilitar raso, y la vocería la asumió Hebert Veloza García, alias HH.

La explicación de esta movida era que Hasbún Mendoza “dada su condición familiar y personal de reconocido empresario ligado a la producción de banano” no podía dar la cara, pues quedaba en evidencia esta oscura relación. Pero fue el mismo Hasbún quien terminó confesando todo ante los tribunales de Justicia y Paz en una versión que entregó en enero de 2011. “No tuvo reparos en informar la manera como diversos actores intervinieron en la financiación de esta estructura ilegal, ligada a lo que se ha denominado como Casa Castaño, señalando la participación de personas allegadas al sector del cultivo, producción y comercialización del banano como financiadores del mismo”.

La creación y la apariencia de legalidad de estos escuadrones de paramilitares no habría sido posible sin la figura de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), creadas bajo el amparo del Decreto Ley 365 de 1994 por el entonces presidente César Gaviria y el ministro de Defensa, Rafael Pardo, con la finalidad de prestar apoyo en labores de inteligencia a la fuerza pública.

“Ajustándose a la normatividad de la Superintendencia de Vigilancia, procedieron a adoptar los nombres de Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada y, posteriormente, Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá. Desde sus inicios fueron utilizadas como instrumento legal, para darle legitimidad a esa financiación que realizaron los productores bananeros a través de las empresas comercializadoras a las autodefensas”, señala el documento en poder de SEMANA.

La financiación de estas estructuras fue acordada en reuniones realizadas en Medellín con representantes de los bananeros y la Casa Castaño. Contaron con la intermediación de otro presunto empresario cercano a los Castaño de nombre Irving Bernal. La fórmula era clara. La operación de los paramilitares era financiada con el cobro de 3 centavos de dólar por cada caja de bananos exportada; este dinero se les entregaba a las 14 estructuras de vigilancia creadas en la zona. A eso se habrían comprometido cultivadores, empresarios y comercializadoras internacionales, como CI Unibán, Banacol, Delmorrce, Sunisa y Chiquita Brands, entre otros.

De ese grupo de 14 estructuras que fueron legalizadas, la principal era la Convivir Papagayo, con sede en el municipio de Carepa, con un detalle que no pasó desapercibido para las autoridades. Esa sede estaba justo al respaldo de la Brigada XVII del Ejército Nacional, comandada por el general Rito Alejo del Río. “Desde ahí se hacía el manejo de esos dineros, los cuales los destinaron a la financiación, funcionamiento, consolidación y, lo más importante, a la expansión del grupo armado al margen de la ley a otras zonas del país en donde también tenían intereses los productores de banano”.

La Brigada XVII, según los documentos, fue trascendental en la operación de las Convivir. A través de ella se reconoció la personería jurídica de las organizaciones Chigorodó Alegre, Coembera, Coopchurido, La Guayaba, La Palma, La Restauración, Palma Real, Nueva Luz, Costa Azul, Covitur, Aribe, Tagua del Darién, y la más reconocida y articuladora de estos grupos de defensa privada: Papagayo, contigua a este fuerte militar. Pero no fue solo el permiso de operar, con documentos firmados de puño y letra del entonces brigadier general Rito Alejo del Río; fue respaldada la solicitud de armamento como subametralladoras, pistolas Pietro Beretta, revólver Llama y escopetas de repetición.

Desenredar la madeja de cómo funcionaba esta financiación de empresarios que por primera vez están respondiendo ante la justicia, en lo que promete ser el escándalo del llamado “paraempresariado”, no fue fácil para las autoridades. Además del contundente testimonio de Hasbún, fueron recogidas las versiones de jefes de las autodefensas de la talla de Salvatore Mancuso, Freddy Rendón Herrera (alias el Alemán), Hebert Veloza García (alias HH), Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), entre otros mandos, que contaron en detalle cómo la forma de financiar estos grupos dependía del “impuesto” que pagaban los bananeros.

El entramado era coordinado por el empresario bananero, ya con ropaje de paramilitar, Raúl Emilio Hasbún Mendoza, quien tenía cómo saber el monto que les debía cobrar a los empresarios, pues en su condición de directivo de la agremiación de bananeros Augura conocía los estados financieros de las empresas, sus exportaciones, y, así, el costo de los “servicios de vigilancia”. La alianza con la Casa Castaño estuvo a cargo de Irving Bernal, pero faltaba un eslabón clave: ¿quién controlaba la operación de las Convivir? Esta labor la desempeñó Arnulfo Peñuela, mano derecha de Hasbún. Los tres ya fueron condenados.

Peñuela era nada menos que el director y representante legal de la Convivir Papagayo, por medio de la cual se articulaban las otras 14 estructuras armadas. Fue quien presentó esta organización ante la Gobernación, solicitó la aprobación ante el comité de armas del Ministerio de Defensa, y la solicitud de licencia de funcionamiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Así, esta organización fue aprobada con la Resolución 42360 de 1996, y de un plumazo, el escuadrón compuesto por 1.065 hombres fue legalizado. Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera afirmaron en sus declaraciones, que estas Convivir se crearon para darle legalidad al accionar antisubversivo y para recaudar dineros legalmente.

Según las investigaciones, con un acta del 28 de mayo de 2004, para cumplir con los requisitos legales, y que los empresarios participaran de esta Convivir, pasaron de vinculados a tener la calidad de asociados, y en el papel quedó especificado el aporte de 3 centavos por cada caja de banano. El acuerdo estaba sellado.

Estos recursos fueron centralizados por medio de tres oficinas en Medellín y los lavaban mediante el sistema bancario para enviárselos a las organizaciones. Por esa vía, “la Convivir Papagayo recibió más de 7 mil millones entre 1998 y 2003”. Las auditorías de las autoridades dejan claros los entuertos para justificar el desvío de los dineros “a través de maniobras como falta de comprobantes, cheques girados sin soporte, y múltiples compras y pérdidas de maquinaria para justificar la merma en el patrimonio”. El acuerdo inicial era con las bananeras Chiquita Brands, Dole, Banacol, Unibán, CI Proban, Delmonti, a título de impuesto por la prestación del servicio de seguridad.

La conclusión de las autoridades es clara: “Reposan dentro de esta investigación suficientes elementos probatorios que dan cuenta del interés creciente y por un largo tiempo que tuvieron algunos empresarios bananeros en constituir de manera permanente un grupo de autodefensas en la zona del eje bananero, destacándose cómo en todos ellos la financiación para el establecimiento de un grupo armado correría por cuenta de estos”.

Pero quiénes son estos empresarios vinculados en este explosivo proceso: Luis Fernando Arango, presidente de Unibán entre 2001 y 2014; Alberto León Mejía, expresidente de Unibán de 1997 a 1999; Jaime Restrepo Marulanda, exrepresentante de CI Bagatela; Carlos Echavarría Mesa, expresidente de CI Banafrut; Diego Andrés Restrepo Londoño, representante de Cultivos y Servicios Ltda. y miembro de junta de la CI Proban; Santiago Uribe López, gerente del Fondo de Inversiones Inmobiliarias de un banco; Javier Francisco Restrepo, representante legal de Bananeras la Florida y de la Fundación del Campo; Rosalba Zapata Cardona, exgerente de Bananeras de Urabá hasta el año 2018; y Jaime Mauricio Restrepo, exintegrante de la junta de CI Bagatela.

También figuran en esta vinculación judicial Óscar Enrique Penagos, exgerente de la Agrícola Santamaría; José Gentil Silva, productor bananero; Gustavo Silva Vanegas, director de producción de CI Banafrut; Óscar Luis Aristizábal, miembro de junta de Bananeras Aristizábal SAS; Iván Darío Mejía, miembro de junta de CI Unibán y Augura; Fabio León Restrepo Villegas, productor bananero; Luis Fernando Valencia Orozco, ex representante legal de la comercializadora CI Sunisa S. A.; James Leaver Wagner, exmiembro de la junta de CI Proban, y Mauricio Evaristo Fernando, expresidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (1995-1999). A todos se les imputó, en calidad de autores, la conducta punible de concierto para delinquir agravado.

Si bien este entramado para financiar escuadrones paramilitares vestidos de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir) se dio solo después del decreto que les dio viabilidad jurídica en 1994, el interés de estructurar estas organizaciones estaba contemplado desde antes. Para eso habrían recurrido al reconocido mercenario israelí Yair Klein, quien, de acuerdo con la investigación en poder de SEMANA, se reunió con el Consejo de Bananeros de Urabá, pero no llegaron a un acuerdo.

No obstante, poco tiempo después, con el acercamiento de paramilitares venidos del Magdalena Medio habrían replicado el modelo. En ese momento, Hasbún con empresarios del Urabá viajaron a esta región donde funcionaban las escuelas de entrenamiento de paramilitares. Se trató de un intercambio de información y de modelos de funcionamiento, pues, así como desde Urabá conocieron las estrategias de combate armado, en el Magdalena Medio se replicó el modelo de cobro mediante “impuestos” a los empresarios.

En realidad, y así lo plantea la investigación, este fue un laboratorio que se extendió por todo el país. “En Urabá estaba el Bloque Central Bolívar al mando de Julián Bolívar, con sede en Yarumal; Diego Vecino era el jefe de las Convivir en Sucre. Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, en el Cesar. Salvatore Mancuso era el jefe de las Convivir Horizonte Ltda., de Córdoba, y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, tenía la Convivir Avive”. En el momento de mayor expansión, llegaron a tener cerca de 87 cooperativas en Antioquia, presencia en 24 departamentos, 529 en todo el país, con cerca de 120.000 colaboradores.

No es claro para las autoridades si en todas las réplicas estuvieron involucrados los paramilitares, pero Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, se atrevió a decir en una de sus declaraciones ante Justicia y Paz que, de las 414 creadas en el país, hasta diciembre de 1997, muchas fueron organizadas y dirigidas por jefes de las autodefensas.

La conclusión de este presunto acuerdo criminal entre empresarios y paramilitares al que trataron de darle apariencia de legalidad la pudo haber sintetizado el exjefe paramilitar Vicente Castaño. “Cuando se le inquirió sobre la posibilidad de desmovilizar a los integrantes de las Convivir, este les manifestó que no, que estas pertenecían a los productores bananeros”, dice el explosivo documento.